En estado defectuoso

En un intento desesperado por defender al estado español por unas desafortunadas afirmaciones desde el soberanismo catalán, Inés Arrimadas ha sostenido que no fue el estado español sino el régimen franquista el que fusiló, tras detener ilegalmente y torturar, a Lluís Companys. Igual diría doña Inés, supongo, con el asesinato de Blas Infante. Igual con Queipo de Llano, ¿en nombre de quién masacró a las gentes de Andalucía el general castellano-leonés?

Un disparate científico, como ha afirmado el profesor de derecho constitucional Joaquin Urías y cualquier otro ciudadano en posesión de los primeros fundamentos de democracia, sin que haga falta un máster. Evidentemente , en la actualidad, el estado español no es un estado fascista, totalitario y asesino, sino que se construye sobre los cimientos democráticos de una Constitución y la soberanía popular, pero aquel régimen, sí que era el estado español, eso si, encarnado en la figura ilegítima de un dictador totalitario, pero apoyado por las fuerzas institucionales leales, que no se olvide, como la Iglesia, por ejemplo, por el ejército y los poderes económicos, financieros, energéticos y sociales, muchos de los cuales aún mandan en España, con otras vestiduras y no solo talares.

Eso lo debería tener claro la señora Arrimadas y su partido, Ciudadanos, pero no para defender la irresponsabilidad como estado del régimen franquista. Buena oportunidad para rectificar y dejar de defender la inexistencia de aquel estado poseído por el régimen golpista de 1936; es más, condenarlo sin paliativos, sin apología, como no ha hecho Ciudadanos, y proceder a la depuración de responsabilidades de los que fueron sus protagonistas. O, como mínimo, no proteger su memoria y sus símbolos sino, más bien, restablecer el honor y la memoria de los que dieron su vida por la democracia y el orden constitucional republicano, abrogado por el uso criminal de la fuerza.

Pero los franquistas no han desaparecido y no porque no haya, como en todas partes, elementos añorantes de aquel estado ilegítimo sino porque algunos de sus poderes se han perpetuado mas acá de la Transición, mechando las instituciones del estado, ya democrático, sea la judicatura, instituciones básicas, la policía. Esta última, se ha permitido hasta donarse medallas por crímenes contra los derechos fundamentales de las personas. Por no hablar de la propia jefatura del estado, que independientemente de su legitimación de origen, no ha tenido ni empacho ni vergüenza, en regalar y mantener prebendas nobiliarias a los cabecillas franquistas, propias de un estado dinástico y no democrático, haciendo así del estado español , por la permanencia de valores del franquismo, una democracia defectuosa.

Los ejemplos se prodigan cada día, sea en el Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional, por empezar por arriba, pero también en las cloacas del estado, los medios de comunicación y podríamos seguir. Desmontar décadas de franquismo, construidos sobre siglos de ausencia de democracia no es fácil. Solo nuestra integración en la UE, sobre todo en el pilar judicial, vía TJUE , nos mantiene, a duras penas, en niveles homologables en una justicia incapaz de asomarse a los Pirineos.

En estos días asistimos atónitos a la descomposición a jirones de la reputación y prestigio de la justicia española. No contribuyen a tener esperanzas en lo contrario ni el Tribunal Supremo, como, muy frecuentemente, ni la Audiencia Nacional, un recuerdo envenenado del Tribunal de Orden Público, ni la Iglesia católica, atrincherada en los beneficios del nacional catolicismo, rejuvenecidos en los Acuerdos con la Santa Sede, de dudosa constitucionalidad, ni la impunidad de las policías y de los aparatos del criptoestado, ni la defensa, más allá de lo razonable, de la jefatura del estado y sus privilegios, por encima de lo que aconseja un estado democrático sometido a controles y equilibrios entre todos sus poderes. La democracia española, así vista, deviene en defectuosa.

Como todo es economía, como nos ha dejado claro el Tribunal Supremo, en su marcha atrás en defensa de una banca indecorosa, respondamos con la lógica económica. Los productos defectuosos, con vicios de fabricación, se retiran, algunas de nuestras instituciones básicas tienen defectos de fabricación, son defectuosas, están para devolverlas. La Transición fue buena, pero defectos de fabricación democrática, haylos, devuélvanse los afectados. Una buena democracia económica protege a los consumidores, garantiza el mantenimiento de sus productos y, en todo caso, repara daños e indemniza. Ya que estamos donde estamos que, al menos, haya lógica de mercado.

En un intento desesperado por defender al estado español por unas desafortunadas afirmaciones desde el soberanismo catalán, Inés Arrimadas ha sostenido que no fue el estado español sino el régimen franquista el que fusiló, tras detener ilegalmente y torturar, a Lluís Companys. Igual diría doña Inés, supongo, con el asesinato de Blas Infante. Igual con Queipo de Llano, ¿en nombre de quién masacró a las gentes de Andalucía el general castellano-leonés?

Un disparate científico, como ha afirmado el profesor de derecho constitucional Joaquin Urías y cualquier otro ciudadano en posesión de los primeros fundamentos de democracia, sin que haga falta un máster. Evidentemente , en la actualidad, el estado español no es un estado fascista, totalitario y asesino, sino que se construye sobre los cimientos democráticos de una Constitución y la soberanía popular, pero aquel régimen, sí que era el estado español, eso si, encarnado en la figura ilegítima de un dictador totalitario, pero apoyado por las fuerzas institucionales leales, que no se olvide, como la Iglesia, por ejemplo, por el ejército y los poderes económicos, financieros, energéticos y sociales, muchos de los cuales aún mandan en España, con otras vestiduras y no solo talares.