No hay educación igualitaria sin las intérpretes de lengua de signos

La Junta de Andalucía sigue sin entender que cuidar a los profesionales de la educación es cuidar a nuestro alumnado, a nuestra infancia y, por consiguiente, nuestro futuro como sociedad. Alrededor de 1.300 profesionales, en su práctica totalidad mujeres, ven ahora peligrar sus puestos. Son el Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y las Intérpretes de Lengua de Signos Española (ILSE) de los centros de enseñanza pública andaluces. Lo que debería haber sido una buena noticia, la convocatoria de una Bolsa Única Común, se ha convertido en un ataque más a las precarias condiciones laborales de estas trabajadoras.

Desde hace años estos colectivos vienen reclamando que se les incorpore por fin como personal laboral de la Junta. Esto se debe a que, de manera incomprensible, la Junta tiene subcontratado un servicio esencial, como es la educación de alumnado con necesidades especiales. Se trata de una situación especialmente grave, cuando la Ley 11/2011, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía, establece que “La Administración educativa dispondrá de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para facilitar en aquellos centros de enseñanza reglada que se determinen […] el aprendizaje de la Lengua de Signos Española y de la lengua oral al alumnado sordo, con discapacidad auditiva y con sordoceguera”.

La privatización de este servicio comporta concursos bianuales, que indefectiblemente ganan las empresas que presentan ofertas económicas más bajas, lo que repercute de forma directa en las condiciones laborales de estas profesionales y, en última instancia, en el alumnado. Las trabajadoras llevan años, en algunos casos dos décadas, prestando este servicio fundamental con contratos por debajo de los mil euros, y eso que les prorratean las pagas extra. Al final de curso las ponen en la calle, y con el inicio del siguiente no tienen claro si volverán, ni a qué centro. No es raro que a mitad de curso el servicio lo gane otra empresa, a veces de fuera de Andalucía, y la que se va deje sin pagar a las profesionales los atrasos, mientras la Junta mira a otro lado: es lo que ha ocurrido en el último curso tras la mejora del convenio colectivo. Y ahora, cuando por fin la convocatoria de una bolsa apuntaba a asumir su subrogación, parece que serán despedidas, como ocurrió después del verano con las trabajadoras de escuelas infantiles.

Los sindicatos pactaron estas condiciones

¿La razón? No se contempla la subrogación de esta plantilla y, lo que es peor, en el baremo de esa convocatoria no puntuará, por increíble que parezca, la antigüedad como trabajadoras de la administración pública, bajo el peregrino argumento de que, a fin de cuentas, sus contratos se entregaban a la empresa privada. En el caso de las intérpretes, además, no se reconocen sus funciones específicas, y se las mete en el saco de las PTIS.

La bochornosa labor de los sindicatos de siempre no ha hecho sino empeorar la situación, pues esta convocatoria fue, en realidad, pactada por ellos y el gobierno de Susana Díaz. Se conoce que lo que con el PSOE era bueno ahora no vale, y se da la paradoja de que llamen a movilizarse a sus propios afiliados (https://www.eldiario.es/andalucia/PTIS_0_973252787.html) por una situación de la que son cómplices.

La única solución justa es la subrogación directa, un mecanismo legal recogido en el artículo  130.3 de la Ley de contrato del sector público, pero mientras no se lleve a cabo, estos colectivos intensificarán sus luchas con el inicio del año, y ya han anunciado la convocatoria de huelgas. Por nuestro futuro, tenemos que apoyar a las intérpretes de los centros educativos y a las técnicas de integración social. Y de paso, darles las gracias.

La Junta de Andalucía sigue sin entender que cuidar a los profesionales de la educación es cuidar a nuestro alumnado, a nuestra infancia y, por consiguiente, nuestro futuro como sociedad. Alrededor de 1.300 profesionales, en su práctica totalidad mujeres, ven ahora peligrar sus puestos. Son el Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y las Intérpretes de Lengua de Signos Española (ILSE) de los centros de enseñanza pública andaluces. Lo que debería haber sido una buena noticia, la convocatoria de una Bolsa Única Común, se ha convertido en un ataque más a las precarias condiciones laborales de estas trabajadoras.

Desde hace años estos colectivos vienen reclamando que se les incorpore por fin como personal laboral de la Junta. Esto se debe a que, de manera incomprensible, la Junta tiene subcontratado un servicio esencial, como es la educación de alumnado con necesidades especiales. Se trata de una situación especialmente grave, cuando la Ley 11/2011, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía, establece que “La Administración educativa dispondrá de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para facilitar en aquellos centros de enseñanza reglada que se determinen […] el aprendizaje de la Lengua de Signos Española y de la lengua oral al alumnado sordo, con discapacidad auditiva y con sordoceguera”.