Las explotaciones agropecuarias rechazan la burocracia

Vivimos unos años de completa locura, epidemia mundial, guerras, rearme europeo, inflación, paro, y una clase política que cada día nos ilustra con sus broncas en vez de darnos lecciones de consenso y trabajo ejemplar, seguramente la más crispada e incompetente de nuestra democracia.

Creo que quizá podamos entre todos crear una oportunidad entre tanto desmoronamiento, construir de nuevo y con arreglo a los principios más simples, más sólidos, más honestos y solidarios.

Las Administraciones han creado una burocracia que nos lleva a situaciones absurdas. Llevadas por los deseos de control del bien público, de responder con equidad, justicia y solidaridad, se ha perdido cualquier atisbo de eficacia y eficiencia.

Los políticos tienen en sus manos la opción de cambiar esta situación, de dotar a las administraciones de mayor agilidad primero y eficacia después, hablar de proyectos a largo plazo que solucionen la situación actual.

Con cerca de 170.000 explotaciones activas, la saturación de trámites administrativos se ha convertido en una carga insostenible que amenaza la viabilidad del sector.

Drástica reducción

Desde 1999, el número de explotaciones ha descendido estrepitosamente, pasando de 791.000 a 170.000 en el último censo agrario de 2020. Esta drástica reducción refleja no solo una reestructuración sectorial, sino también una alarma sobre la falta de relevo generacional. Los jóvenes se alejan de la profesión debido a las enormes dificultades que enfrenta, entre ellas, la excesiva burocratización.

Los ganaderos españoles se hallan atrapados en un laberinto de regulaciones que entorpecen las operaciones diarias, una situación que podría empeorar con la imposición de la nueva figura del “veterinario de explotación”. Esta figura, aunque concebida para mejorar el control y bienestar animal, podría redundar en una duplicidad de tareas administrativas sin ofrecer mejoras tangibles en la gestión ganadera.

El trabajo de los veterinarios, esencial para asegurar la salud animal y la calidad de los productos ganaderos, está derivando más hacia el cumplimiento de los requisitos burocráticos que al cuidado efectivo de los animales. Esta desviación no solo impacta en la eficiencia de las explotaciones, sino también en la sostenibilidad del sector, poniendo en peligro la continuidad de las explotaciones familiares, muchas de las cuales no podrían asumir el coste de contratar a un veterinario en exclusiva.

A la realidad cruda que viven agricultores y ganaderos se suma todo un farragoso haz de papeles que los propios productores califican de laberinto burocrático y que enroca aún más cuando algunos trámites les obligan a hacerlos de forma telemática y aflora la fractura digital.

No hay ningún otro sector productivo que esté sometido a un nivel tan alto de control. Y es que el sector ganadero está expuesto a multitud de normativas de diferentes Departamentos. Es la triste realidad de todo el papeleo que obliga a realizar la administración para gestionar una explotación agrícola y ganadera.

Las demandas del sector abogan por un plan de apoyo que racionalice las normativas y ofrezca tiempo suficiente a los profesionales para adaptarse. Las demandas incluyen la protección de una profesión considerada imprescindible para la soberanía alimentaria. Se trata de una llamada a la acción para preservar un sector que no solo es custodio de tradiciones rurales, sino también un garante de la calidad en España y Europa.

Del papel a la pantalla

Hace una década, en 2013, se estableció la obligatoriedad de que los titulares de explotaciones agrícolas llevasen, de manera actualizada, un registro pormenorizado de los tratamientos fitosanitarios realizados en sus cultivos. El paso obligatorio de ese primer cuaderno de explotación en versión papel a una versión digital y más completa, previsto a partir del 1 de septiembre de 2024, supondrá un importante y exigente cambio para el profesional del campo.

El Real Decreto 1054/2022, presenta y regula tres herramientas informáticas que, están llamadas a ser decisivas en la gestión del sector primario. El sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria (SIEX), el registro autonómico de explotaciones agrícolas (REA) y el cuaderno digital de explotación agrícola (CUE). Este último es definido por el RD como un sistema electrónico en el que los titulares de explotaciones agrarias con unidades de producción agrícola deben consignar los datos enumerados en el anexo II (artículo 9.1) relativos a su actividad agrícola, conforme determinados requisitos técnicos.

No es un registro administrativo, sino un sistema electrónico de los particulares en el que determinados agricultores deben consignar cierta información referida a su explotación. Como novedad, la norma exige que su llevanza se articule por medios electrónicos, excluyendo la posibilidad de utilizar el soporte papel.

El agricultor no se encontrará con nuevas obligaciones, sino que este sistema reordena las ya existentes en un formato digital interoperable. De esta manera las administraciones nacionales y autonómicas compartirán datos y será factible el intercambio de información. Con el RD cristalizaba así el cambio de paradigma: del papel a la pantalla. Pero, ¿a partir de cuándo será obligatorio?.

La aplicación del cuaderno de explotación digital será obligatoria a partir del 1 de septiembre de 2024 para las explotaciones que cuenten con una superficie total, sumando la superficie de tierras de cultivo y de cultivos permanentes, superior a 30 hectáreas; las que, sobre el total de su superficie de tierras de cultivo y de cultivos permanentes, tengan más de 5 hectáreas de regadío; y las que dispongan de cultivos bajo invernadero.

Comprender mejor la problemática del campo

El resto de productores tienen otro año más para adaptación, pues la obligatoriedad en su caso comenzará a partir del 1 de septiembre de 2025, excepto los excluidos.

Estas reflexiones me han surgido a raíz de una entrañable conversación, con un matrimonio que gestionan una explotación de ganado caprino de leche, de la raza Malagueña, ubicada en el Valle del Guadalhorce, en la provincia de Málaga: María Victoria y José de 55 y 56 años respectivamente.

Gestionan 235 hembras reproductoras y 5 sementales, cuentan con 9 hectáreas en propiedad y tierras arrendadas próximas a su explotación. María Victoria siempre trabajo en esta explotación familiar propiedad del padre, cuando este se jubiló animó a la hija y al marido a seguir con la explotación. Su vocación por esta actividad les ha llevado a dedicar toda su vida a la misma, luchando contra todos los obstáculos que les ha ido deparando.

Llegado este momento se sienten desilusionados por la situación actual: altos costes de producción, burocracia inútil, incertidumbre ante los daños letales de la actual sequía, y precios no competitivos de la leche y los cabritos lechales que producen. Dedican jornadas de trabajo de sol a sol para sacar adelante su actividad, y esto durante todos los días, no cuentan con liquidez para poder contratar a profesionales que le sustituyan algún día a la semana. Dice María Victoria: “esto quema”.

No tendrán relevo generacional, sus hijos han optado por otras actividades mejor remuneradas y tiempo para el ocio. Cada amanecer se levantan con el miedo de: ¿podré dar de beber a los animales?, ¿subirán las materias primas para la alimentación, se producirán cambios en el precio de venta de la leche? …

En ese espontáneo diálogo les dije ¿qué pregunta le harían al Ministro de Agricultura si lo tuvieran enfrente como a mí?: la respuesta fue coincidente: “para conocer los problemas de las explotaciones, le invitaríamos a que nos acompañara solo una semana en el desarrollo de la actividad, de esta manera le ayudaría a comprender mejor la problemática del campo y las necesidades de su gente”.

Medidas equilibradas

Con esta sola respuesta entendí, que muchas veces se toman decisiones y se legisla al margen de los productores y productoras, hombres y mujeres, que desarrollan una ardua labor cotidiana en actividades que requieren plena dedicación y esfuerzo, muchas veces sin la merecida compensación.

No digo evitar los controles, las garantías y evitar los fraudes, en lo que estamos de acuerdo. Pero si simplificar las cosas más sencillas, para que los agricultores y ganaderos tengan una vida más tranquila, más fácil, y no acostarse abrumados o preocupados por este tipo de cosas, que es la situación habitual y normal de nuestros ganaderos y nuestros agricultores.

El futuro de la agricultura y la ganadería en España depende de un marco regulatorio que, lejos de generar más papeleo, se enfoque en apoyar a los productores en su labor diaria y contribuir a la preservación de un sector esencial para nuestro país.

España no puede permitirse perder a más ganaderos y ganaderas, siendo necesario un plan de apoyo a la ganadería que racionalice las normativas, de tiempo a los profesionales para adaptarse y proteja a esta profesión “absolutamente imprescindible” para la soberanía alimentaria de España y de Europa.

La situación actual requiere de un análisis detallado y de medidas equilibradas que contemplen tanto la salud animal como la viabilidad económica de las explotaciones, sin olvidar la calidad de vida de las personas que trabajan en el campo.