¿Qué garantías tienen los andaluces de que China es un socio comercial fiable?

Este miércoles 14 de marzo, la agencia andaluza de promoción exterior EXTENDA celebró un evento significativo para la economía andaluza y nacional. Se trataba de un encuentro con el embajador chino en España organizado a instancias del país asiático, que ha manifestado su interés por estrechar relaciones comerciales con Andalucía debido a su posición geoestratégica a medio camino entre dos continentes: Europa y África. Sin embargo, es importante señalar que este acercamiento económico a China puede conllevar muchas ventajas, pero también importantes riesgos.

De tal inquietud deriva la pregunta que este medio formuló al embajador chino: “Usted es consciente de que la cultura política en su país es muy diferente a la que posee el nuestro. Quiero preguntarle por la preocupación que ha manifestado la Comisión de Derechos Humanos del Gobierno británico en torno al tratamiento de los disidentes y la falta de libertades en Hong Kong, ya que ahora mismo están siendo procesados numerosos activistas prodemocracia. China está incumpliendo sus tratados internacionales en este terreno. ¿Qué garantías tenemos los españoles y los andaluces de que China es un socio comercial fiable cuando incumple su propia Constitución, así como sus tratados y convenios internacionales?”.

La reacción fue inmediata. En ese preciso momento el responsable andaluz de economía Ramírez de Arellano dio por concluida la atención a los medios –que acababa de empezar-, ahorrando al embajador la respuesta: “Usted misma se ha respondido, vamos a continuar” –replicó el consejero, mientras ambos abandonaban precipitadamente la sala donde se encontraban los periodistas.

Los datos apuntan a que Andalucía ni puede ni debe prescindir del mercado chino, que es amplio y en proceso de  crecimiento –entre el 40 y el casi 70% durante 2017, según las fuentes consultadas. Uno de cada cinco euros que nuestro país vende a China salen de nuestra Comunidad Autónoma; en cifras se trata del 37% de los 3.370 millones de euros que exportamos a Asia. Es más, China representa el octavo destino internacional de nuestros productos, tercero extracomunitario –casi a la par que Marruecos-, y segundo en cuanto a su ritmo de expansión. Esta relación comercial, cuyo volumen de facturación ha ascendido a 2.372 millones de euros en 2017, implica a 916 empresas exportadoras, de las cuales 218 son responsables del 91% de las ventas, con un saldo total positivo de 90 millones de euros durante el último ejercicio.

De ahí el considerable optimismo manifestado por la treintena de empresarios convocados para el evento. “En China la clase media es cada vez más amplia, crece mucho el poder de consumo. Hay gran interés por nuestros productos –el aceite, el jamón…-, debido a su calidad” – destacó la Consejera Delegada de EXTENDA, Vanessa Bernad. Por su parte, Gerardo Landaluce, director comercial y de desarrollo del puerto de Algeciras, ha explicado que China desea convertir ese enclave –primero del Mediterráneo y tercero de Europa por su conectividad- en centro logístico de los flujos comerciales con África.

Aprovechar las oportunidades del mercado chino es clave para el desarrollo de nuestra región. Ahora bien, además del económico deberían ser tenidos en cuenta otros aspectos a la hora de concretar qué tipo de relación conviene a nuestra región. La voz de quienes conocen en profundidad la situación política y social del Gigante Oriental debería ser escuchada. A las dificultades para la comunicación, las diferencias de idioma, la disparidad en la cultura empresarial y la compleja realidad sociológica china hay que sumar algunos riesgos de calado. A medio plazo, éstos podrían afectar no sólo al curso de las transacciones andaluzas y españolas, sino incluso a nuestra  soberanía, a nuestros derechos y sistema de libertades.

De hecho, algunos ejemplos recientes de la actuación de China en el ámbito internacional pueden aportar algo de luz sobre la magnitud de las amenazas.

En su Congreso del pasado octubre, el Partido Comunista Chino anunciaba una “nueva era” destinada a consolidar el liderazgo internacional del país. A tenor de este viraje, las crecientes injerencias de Pekín en los estados sobre los que ejerce influencia económica se hace cada día más evidente. El pasado 20 de enero el ciudadano sueco de origen chino Gui Minhai era detenido por segunda vez a manos de la policía secreta china, que no respetó a los dos diplomáticos suecos que le acompañaban. Un par de meses después, el Estado nórdico modificaba la designación de Taiwán en sus documentos oficiales para presentarlo como “provincia” de la República Popular China.

En diciembre, el primer ministro australiano –Malcolm Turnbull- hacía referencia a los inquietantes informes publicados por Fairfax Media y ABC (Australian Broadcast Corporation) acerca de la penetración china en la política nacional,  “un fenómeno sin precedentes y cada vez más sofisticado para influir en los procedimientos políticos”. 

A ello hay que sumar las iniciativas expansionistas en el Pacífico y en el mar de China meridional, donde el Gran Dragón sigue desafiando la sentencia del tribunal internacional ante la demanda interpuesta por Filipinas sobre la violación de sus derechos territoriales y de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).

Por su parte, el Parlamento de Westminster ha dedicado varias sesiones al caso de Benedict Rogers, a quien el pasado otoño se prohibió la entrada en Hong Kong por su activismo en defensa de las libertades y la democracia en la excolonia británica.

A tenor de tantos y tan inquietantes datos merece la pena seguir preguntándose: “¿Qué garantías tenemos los españoles y los andaluces de que China es un socio comercial fiable cuando incumple su propia Constitución, así como sus tratados y convenios internacionales?”. La respuesta que nunca llegó a pronunciarse se dejaba intuir: Andalucía no puede permitirse el lujo de poner en peligro sus relaciones comerciales con China en unos momentos donde este mercado crece a un ritmo acelerado. Pero este manifiesto acto de censura demuestra que nuestra comunidad ya está empezando a pagar un precio por ello en materia de derechos, libertades y transparencia política.