Un gobierno cómplice de la violencia inmobiliaria

Sabemos que en España pagar el alquiler de una vivienda se come de media un 40% del salario mínimo, y que solo en 2023 se produjeron 26.000 desahucios (4.500 en Andalucía), la mayoría en casos de alquiler. Sin embargo, ni siquiera contamos con datos oficiales de cuántos inquilinos tienen que dejar sus casas después de subidas inasumibles en la mensualidad.

Hay barrios, como en Barcelona, donde los alquileres vacacionales superan el 40% de la oferta. En Málaga, la situación ha alcanzado tales límites que los vecinos, de manera espontánea, han llevado a cabo una acción de denuncia masiva que ya ha traspasado nuestras fronteras. Esos vecinos expulsados han resignificado los indicativos de AT (Alojamiento Turístico) como “AnTes aquí vivía una familia” o “A Tomar por culo de aquí”. No es de extrañar, mientras que en el último ejercicio aumentaba el número de habitantes extranjeros en la ciudad, casi mil nativos se tenían que marchar debido al precio de la vivienda.  

La ley actual permite verdaderas barbaridades. Por ejemplo, alquileres de viviendas solo de 10 meses, para expulsar a los inquilinos en la época veraniega. Ese tipo de alquileres figura de manera oficial como “vacacional”. Si el inquilino encontrara otro de larga duración y quisiera mudarse, tendría que abonar todos los meses que faltaran hasta el vencimiento del contrato, como si su piso correspondiera a una reserva vacacional y por tanto se le penalizara con una brutal indemnización por dejarlo antes de tiempo.

En ciudades como Málaga, la gente, sencillamente, se tiene que ir porque no encuentra dónde vivir

La situación no hace sino empeorar, los dramas se multiplican, las noticias al respecto abren portadas, al tiempo que se celebran los datos de récord turísticos, esta misma Semana Santa, sin ir más lejos. Se pueden usar todo tipo de eufemismos, se pueden poner todos los parches ridículos que se quieran con nuevas leyes de vivienda, pero la realidad es bien dura: en ciudades como Málaga, la gente, sencillamente, se tiene que ir porque no encuentra dónde vivir. Yo mismo conozco varios casos muy cercanos.

Ya no caben medias tintas. No se puede estar en misa y repicando al mismo tiempo. O proteges a las personas que necesitan un techo o proteges a quienes especulan con ese techo. El gobierno más progresista de la historia (vol. 2) es cómplice directo de esta salvajada que atenta contra un derecho básico. 

El primer paso es sencillo: la vivienda no puede someterse bajo ningún concepto a las leyes especulativas del mercado, excepto en el caso de las de lujo. Es más, el artículo 47 de la Constitución (“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho […]”) debería encajarse en la sección de Derechos Fundamentales.

Si alguien quiere especular, tiene todo un mercado capitalista a su alrededor, pero hay que erradicar la mentalidad de que la vivienda forme parte de él

Ninguna ley nueva se tiene que limitar a pequeños arreglos que, a la postre, solo sirven para aumentar la picaresca de propietarios e inmobiliarias a la hora de hacer la vida imposible a los inquilinos. Los precios máximos deben garantizarse por normativas rígidas, los contratos de más de tres meses deben pasar automáticamente a larga duración, las comunidades de vecinos deben aprobar por unanimidad la apertura de un alojamiento turístico en su bloque, que además contará con instalaciones especiales, los propietarios estarán obligados a obtener licencias hosteleras, pagar tributos en consonancia, etc.

En suma, si alguien quiere especular, tiene todo un mercado capitalista a su alrededor, pero hay que erradicar la mentalidad de que la vivienda forme parte de él. Del mismo modo que el franquismo creó ese tipo de mentalidad y la burbuja inmobiliaria la afianzó, la Administración tiene en su mano revertirla. Si no lo hace, al gobierno dejará de valerle el miedo a la extrema derecha y esta situación insostenible le estallará en forma de debacle electoral. Se lo merecerá.

Sabemos que en España pagar el alquiler de una vivienda se come de media un 40% del salario mínimo, y que solo en 2023 se produjeron 26.000 desahucios (4.500 en Andalucía), la mayoría en casos de alquiler. Sin embargo, ni siquiera contamos con datos oficiales de cuántos inquilinos tienen que dejar sus casas después de subidas inasumibles en la mensualidad.

Hay barrios, como en Barcelona, donde los alquileres vacacionales superan el 40% de la oferta. En Málaga, la situación ha alcanzado tales límites que los vecinos, de manera espontánea, han llevado a cabo una acción de denuncia masiva que ya ha traspasado nuestras fronteras. Esos vecinos expulsados han resignificado los indicativos de AT (Alojamiento Turístico) como “AnTes aquí vivía una familia” o “A Tomar por culo de aquí”. No es de extrañar, mientras que en el último ejercicio aumentaba el número de habitantes extranjeros en la ciudad, casi mil nativos se tenían que marchar debido al precio de la vivienda.