Ley de alquiler de vivienda: una oportunidad perdida

La ley de vivienda que ha diseñado el Gobierno aborda de manera tan tímida la regulación de los alquileres que apenas va a cambiar nada si su versión final no se modifica sustancialmente. En primer lugar porque deja fuera del control de precios al 85% del mercado actual, esto es, a los propietarios particulares; da lo mismo si tienen una o cien casas o si te cobran un alquiler abusivo. Y es que la obligación de limitar el precio solo se dirige a las empresas, y no a todas, sino a las que cuenten con más de 10 viviendas. Es más, si un arrendador particular baja el precio del alquiler en un 5%, su actual bonificación fiscal del 60% puede llegar hasta al 90%. En resumen, mientras el arrendatario tendría una rebaja simbólica, el arrendador saldría ganando un buen pellizco. Por eso resulta necesario ese bono de alquiler para jóvenes que anunció Pedro Sánchez, ya que él mismo es consciente de que los precios no van a bajar.

En realidad, la versión actual de la ley no recoge ni un solo mecanismo, al contrario que la catalana, para que personas afectadas u organizaciones, como los sindicatos de inquilinas, denuncien incumplimientos.

En el mejor de los casos, de hecho, la ley no entraría en vigor hasta 2023, ya que el Gobierno ha elaborado un intricado laberinto burocrático para que la gestión recaiga en las Comunidades, lo que ya ha provocado que las que gobierna el PP aseguren que no moverán un dedo. En realidad, la versión actual de la ley no recoge ni un solo mecanismo, al contrario que la catalana, para que personas afectadas u organizaciones, como los sindicatos de inquilinas, denuncien incumplimientos. Estos pueden ir desde que los anuncios de alquiler no especifiquen con exactitud los metros cuadrados ni el precio anterior a que figuren gastos añadidos de forma artificial. Por ejemplo, esta ley permite que incluso el propietario aumente el precio del alquiler hasta un 10% si acredita (no se concreta cómo) que ha realizado obras de mejora. Además, la ley no obliga a que se mantenga un precio en los nuevos contratos de alquiler de 5 y 7 años, sino que abre la puerta a revisiones anuales, lo que impide la estabilidad y tranquilidad de los inquilinos.

Para ser sinceros, todo esto ya lo anticipó en febrero del año pasado el exministro Ábalos, cuando reconoció que la vivienda también es un bien de mercado, por si alguien se había creído la Constitución y lo consideraba un derecho. Lo que en el fondo Ábalos hizo fue dar carta de continuidad al paradigma cultural del franquismo con respecto a la vivienda. Igual que entonces, siguen vigentes las palabras de 1957 del ministro Arrese, que quería “un país de propietarios, no de proletarios”. Así, el franquismo diseñó un modelo en el que la vivienda se entiende como parte de un activo financiero, un patrimonio con el que las familias, incluso las menos pudientes, pueden garantizar algo de herencia a sus descendientes.

La vivienda carece en España del grado de protección del que goza en tantos países de nuestro entorno, donde se legisla que, como bien fundamental, su precio no puede regirse por las reglas del libre mercado.

La vivienda pasa así a tratarse igual que cualquier bien de mercado, como recordó Ábalos, y por lo tanto a merced de los vaivenes especulativos. A veces los resultados son catastróficos, como ocurrió con la crisis de 2008. Todo ello explica también por qué la vivienda carece en España del grado de protección del que goza en tantos países de nuestro entorno, donde se legisla que, como bien fundamental, su precio no puede regirse por las reglas del libre mercado. De hecho, hace ya tiempo que Bruselas debería haber declarado nuestra anacrónica ley hipotecaria incompatible con la pertenencia a la Unión Europea, en lugar de limitarse a dar avisos inocuos ante las abrumadoras cifras de desahucios.

En definitiva, el modelo que impulsó el franquismo es el causante en última instancia de que el acceso a la vivienda, sobre todo en las grandes ciudades, se haya convertido en un privilegio. Ahora, el Gobierno tenía una ocasión única para haber comenzado a revertirlo. Por el contrario, en ningún momento ha cuestionado el fondo del asunto. En consecuencia, no aborda la vivienda, en este caso la regulación el alquiler, como un derecho básico. En eso es idéntico a sus predecesores, con la diferencia de que antes nadie nos intentaba convencer de que conservar semejante pilar del franquismo era lo más progresista de la democracia.

La ley de vivienda que ha diseñado el Gobierno aborda de manera tan tímida la regulación de los alquileres que apenas va a cambiar nada si su versión final no se modifica sustancialmente. En primer lugar porque deja fuera del control de precios al 85% del mercado actual, esto es, a los propietarios particulares; da lo mismo si tienen una o cien casas o si te cobran un alquiler abusivo. Y es que la obligación de limitar el precio solo se dirige a las empresas, y no a todas, sino a las que cuenten con más de 10 viviendas. Es más, si un arrendador particular baja el precio del alquiler en un 5%, su actual bonificación fiscal del 60% puede llegar hasta al 90%. En resumen, mientras el arrendatario tendría una rebaja simbólica, el arrendador saldría ganando un buen pellizco. Por eso resulta necesario ese bono de alquiler para jóvenes que anunció Pedro Sánchez, ya que él mismo es consciente de que los precios no van a bajar.

En realidad, la versión actual de la ley no recoge ni un solo mecanismo, al contrario que la catalana, para que personas afectadas u organizaciones, como los sindicatos de inquilinas, denuncien incumplimientos.