El resbaladero

En los tiempos de Wert, la portavoz socialista en el Congreso advirtió que la LOMCE nacía con “certificado de defunción”. Toda la oposición, menos UPyD, apéndice gubernamental, se había conjurado en derogar la ley aprobada sin el consenso necesario en un asunto tan trascedente como la educación. El TC nos ha recordado, con su último fallo, la urgencia de un tal consenso derogatorio, ni más ni menos que se acaban de cargar la aconfesionalidad del Estado y la igualdad entre el hombre y la mujer, al validar preceptos de la ley que abiertamente combaten estos principios constitucionales básicos. Educación, por cierto, en manos de aquellos con principios tales como la titulitis y la falsificación, cuando no el plagio y el nepotismo clientelar.

El mismo tribunal, sesgado y politizado, que hace unos años nos dejó, puro en La Maestranza mediante, sin constitución territorial, según amplio consenso de muchos constitucionalistas, introduciéndonos en un conflicto al que no se ve solución.

El ministro de Justicia, reprobado por el Congreso, ha salido al trapo del revés alemán a la justicia española. No solo ha provocado una reunión de fiscales en La Haya, a ver que se puede hacer, -recuérdese el Informe Greco sobre la independencia del ministerio fiscal en España-, sino cuestionando la vigencia de uno de los avances políticos más importantes de la construcción europea como es el Espacio Europeo de Justicia. Desde sus proximidades mediáticas se advierte incluso del carácter pronazi del land de Schleswig-Holstein, en cuyo máximo tribunal se ha producido el tal revés, como argumento de peso. Sin reparar en los antecedentes ultraderechistas del ministro portavoz de su gobierno o de los homenajes insistentes a la División Azul, por no extenderme. Ser el mejor discípulo de Merkel no ha servido. En las cercanías meritorias del gobierno se autoflagelan, no reflexionando sobre el posible error de calificación y diligencia del juez español, sino con la observada insuficiencia de presión política, judicial, mientras claman por la separación de poderes en España. No se ha convencido, dicen mirando a Dastis, a los ciudadanos alemanes, a sus intelectuales y columnistas, como si en todas partes, la prensa sinfónica española y las mamelas fueran homologables.

Sobre el revés interno a la delirante calificación de terrorismo de los altercados públicos catalanes, ni media. Tampoco de la ausencia de expediente alguno sobre los presuntos pero visibles excesos policiales del 1-O. Y apenas eco de la sanción a dos periodistas andaluces, de Canal Sur Radio, en aplicación de la Ley Mordaza. Dos peligrosos activistas, al parecer, que cubrían una de las innumerables procesiones sevillanas. Otra vez con elementos de los antidisturbios, un problema serio que sigue desbocado.

Weber sostenía el monopolio de la fuerza física en manos del Estado, pero siempre se olvida que también añadía que debía ser ejercida con disciplina y con control, es decir, con respeto a la ley y exigencias de responsabilidades. Las malas praxis policiales se prodigan, sobre todo, o casi en exclusiva, por los antidisturbios, y no parece que por el Ministerio del Interior haya pasado Weber, pero tampoco los códigos deontológicos ni el Código Penal.

El ministro de Interior, juez de carrera, ha sido advertido por una colega de que la insistencia en mantener rejas y dispositivos carcelarios en los CIE incurre en el incumplimiento de la ley. Parece grave, más cuando una juez se lo tiene que advertir a otro juez. Los andares de ese ministerio empiezan a ser ciertamente preocupantes; otra ley, la Mordaza, que también decían que nacía con vocación de defunción está siendo la mayor herramienta del autoritarismo y desviación, vía represión de los valores democráticos y constitucionales. Leyes para domesticar a los dominados, decía Gramsci, que no parecen tener bastante con lo que había, ahora añaden autoritarismo, impunidad, ausencia de responsabilidad e indefensión ciudadana.

Cultura y Educación, Justicia, Interior, deberían ser parcelas claves en un Estado de derecho, equilibrado, igualitario, plural y justo. Un Estado, sin embargo, sin política, dirigido por la porra y, en el mejor de los casos, por el honorable cuerpo de los jueces de instrucción. Nada es casual, estamos en el peor de los escaparates mediáticos extranjeros, los únicos, con notables excepciones digitales, que escapan de la sinfonía mediática dirigida desde los aledaños gubernamentales. Lo construido se desmorona, la marea baja y deja a la vista los restos de la depredación del Estado de derecho, la mayoría de las veces con la invocación, en las profundidades del poder invisible, de la sacrosanta razón de Estado.

En esa oscuridad se sienten cómodos, resbalamos cada día un poquito más hacia la UCI donde luego habrán de reponerse valores democráticos moribundos , pero ya lo sabemos: son los novios de la muerte.

En los tiempos de Wert, la portavoz socialista en el Congreso advirtió que la LOMCE nacía con “certificado de defunción”. Toda la oposición, menos UPyD, apéndice gubernamental, se había conjurado en derogar la ley aprobada sin el consenso necesario en un asunto tan trascedente como la educación. El TC nos ha recordado, con su último fallo, la urgencia de un tal consenso derogatorio, ni más ni menos que se acaban de cargar la aconfesionalidad del Estado y la igualdad entre el hombre y la mujer, al validar preceptos de la ley que abiertamente combaten estos principios constitucionales básicos. Educación, por cierto, en manos de aquellos con principios tales como la titulitis y la falsificación, cuando no el plagio y el nepotismo clientelar.

El mismo tribunal, sesgado y politizado, que hace unos años nos dejó, puro en La Maestranza mediante, sin constitución territorial, según amplio consenso de muchos constitucionalistas, introduciéndonos en un conflicto al que no se ve solución.