Sabemos lo que hiciste M. Rajoy Brey

De todos los frentes abiertos en la batalla de Catalunya, ninguno quizá tan débil para el estado como aquel que tiene que ver con la UE, su justicia, Bruselas y sus aledaños. La ley y la democracia tienen sus procedimientos y no es pasión lo que hace falta sino serenidad y un respeto escrupuloso de las reglas. El hecho reconocido de que los independentistas no lo hayan hecho, no hace sino reforzar esta idea democrática básica.

Vaya por delante, por si se anima a seguir leyendo, que no soy partidario de la independencia, aunque sí defiendo que se pueda aspirar a ella, respetando las reglas del juego democrático, sin más límite que la observación de los órdenes constitucionales y los derechos humanos. Me gusta más la interdependencia, en una Europa unida y federal en la que todos los estados y entes subestatales se desarrollen en paz y solidaridad.

Los últimos acontecimientos, ya inevitablemente en el ámbito judicial ante la ausencia de la política, se han centrado en la retirada de la Orden de Detención y Entrega contra Carles Puigdemont por un juez del Tribunal Supremo, cuando había sido expedida anteriormente por una jueza de la Audiencia Nacional. A pesar de las explicaciones reconfortantes para los que han procediendo de tal guisa y los que jaleaban el empeño, a casi nadie se le escapa que la expectativa de una respuesta negativa por parte de las autoridades judiciales belgas explican tal actitud.

Muchos pensábamos que la orden expedida prometía corto recorrido. La justificación de la juez adolecía de mucho fervor patriótico y carecía, sin embargo, del hervor necesario para un buen guiso jurídico. Antes, la Fiscalía General, por pluma y boca de su difunto titular, había puesto el guiso apresuradamente en la candela, dejando entender él mismo, ante los medios de comunicación, concretamente en el programa Hora 25 de la Cadena Ser, de aquellos días, que su inclusión en la querella de los delitos de rebelión y sedición era, como mínimo, provisional y poco fundamentada.

La opinión generalizada de muchos juristas del país no dejaban sin razón la confesión del Fiscal General. En consecuencia, el contenido del formulario de la euroorden emitida con dirección a Bruselas no pudo ser sino incoherente y mal fundado. 

La repuesta belga fue entre la sorpresa y la extrañeza y la contra mostró exceso de patriotismo y defectos de criterio. No era el derecho belga el enemigo del derecho español, no son los belgas los malos, es la interpretación del derecho español que  hacían los magistrados citados la que no encajaba  en el derecho europeo. Y no sólo porque los tipos, rebelión y sedición, no estuvieran recogidos entre  los 32 de la euroorden, es que los hechos relatados adolecían de tipicidad, es decir, no es que un delito no pueda llamarse aquí de una manera y allí de otra, es que los hechos en sí, difícilmente encajan.

Al final antes que cruzaran la cara judicialmente a la autoridad emisora, tuvieran que desandar el Camino español a Flandes y traer de vuela hasta la pica, se ha procedido a la retirada de la euroorden, un ridículo, por mucho que la medida quieran vestir de seda. El juez conoce el derecho, iura novit curia, al menos eso dice el aforismo latino.

La última perla ha sido la del reprobado ministro Rafael Catalá. Desmentido por el propio portavoz  del gobierno, el ministro había declarado su voluntad de provocar la modificación de la legislación europea, de la euroorden, habida  cuenta del fiasco español, eso sí, reclamando una adaptación al nuevo tiempo, tiempo mariano vigente en el reino pero no en la UE. Desde la propia comisaría de Justicia de la Unión  se han encargado ya, inmediatamente, dejando claro,   que no era intención de la Comisión europea modificar la legislación al respecto.

Se trata de la Decisión Marco 2002/584/JAI sobre la Orden de Detención y Entrega,  de 13 de junio de 2002. Un avance extraordinario en el ámbito de la integración política de la Unión, singularmente en la creación del Espacio Judicial Europeo. En su momento, fue considerado como un hito, los más entusiastas europeístas hablaron incluso de un paso trascendental de lo intergubernamental a lo supranacional. La idea no es baladí, es ni más ni menos que la supremacía del derecho europeo sobre los derechos nacionales, en este caso, español y belga. La jurisprudencia constante del Tribunal Europeo de Justicia consolida este optimismo.

La norma europea se aplicó en España por la ley 3/2003 de 14 de marzo, insistiendo en un principio fundamental para el buen funcionamiento, el de la confianza entre los estados miembros. La estadística demuestra que España no tiene razones para quejarse de la profesionalidad y solvencia de la justicia belga.

La aprobación de la citada Decisión Marco se produjo durante la Presidencia española de la UE del primer semestre de 2002, siendo presidente Aznar. Los avances en materia de Espacio Judicial  Europeo  fueron alabados con razón, fue una aportación importante del Reino de España. El gobierno presumió de ello en su balance presidencial  y mereció elogios por distintos expertos europeos entre otros del  prestigioso Instituto Elcano.

Entonces ¿a qué se debe la actitud del ministro de Justicia, Catalá? Suena a cambiar  las reglas de juego cuando ves que no puedes ganar, porque el entrenador no es bueno o porque los jugadores fallan. Suena a maridaje, no injerencia, claro, con el poder judicial, un capote que se dice, responsable en último caso de la emisión o ejecución , en su caso , de las citadas órdenes de entrega. Suena mal, muy mal.

La Decisión Marco fue un éxito y lo sigue  siendo. Vio la luz durante la Presidencia española y fue firmada por alguien al que no acaban de identificar en España. Ni la Justicia ni el periodismo de investigación anacleto. Responde a la gracia de M. Rajoy Brey,  al parecer era vicepresidente del gobierno de aquellos tiempos. El ministro Catalá quiere cambiarla, será porque no sabe tampoco quién la firmó hace ya quince años, busque a M. Rajoy Brey, insisto.

De todos los frentes abiertos en la batalla de Catalunya, ninguno quizá tan débil para el estado como aquel que tiene que ver con la UE, su justicia, Bruselas y sus aledaños. La ley y la democracia tienen sus procedimientos y no es pasión lo que hace falta sino serenidad y un respeto escrupuloso de las reglas. El hecho reconocido de que los independentistas no lo hayan hecho, no hace sino reforzar esta idea democrática básica.

Vaya por delante, por si se anima a seguir leyendo, que no soy partidario de la independencia, aunque sí defiendo que se pueda aspirar a ella, respetando las reglas del juego democrático, sin más límite que la observación de los órdenes constitucionales y los derechos humanos. Me gusta más la interdependencia, en una Europa unida y federal en la que todos los estados y entes subestatales se desarrollen en paz y solidaridad.