Lo que sí puede “romper” España y sin embargo se calla

Como sabéis, el PP en su enésimo arranque ultramontano lanza una nueva campaña apocalíptica del “Se rompe España”. Tienen a Ayuso, Esperanza Aguirre, Aznar, Feijóo… preconizando la implosión del país a cuenta de la posible negociación por parte del PSOE y Sumar de la amnistía que exigen Junts y ERC para apoyar la investidura. Les secunda Vox, por supuesto, y hasta los ex líderes socialistas más y más derechizados, Felipe González y Alfonso Guerra. Todos alertan del riesgo de ruptura. Se refieren a una rotura política, metafórica. No es que Cataluña o el País Vasco vayan a resquebrajarse del mapa y a empezar a alejarse flotando, la una como el islote más grande del Mediterráneo, el otro, como nueva ínsula en el Cantábrico.

Con el arranque de curso se ha reactivado el ruido de las polémicas incendiarias y absurdas. Solo que este año, a la vez, aquí al lado, a 800 kilómetros de la Sevilla desde donde escribo, la tierra se ha resquebrajado de verdad y eso ha matado a casi 3.000 hermanas y hermanos marroquíes. Una catástrofe, agudizada por las incapacidades y negligencias del autoritario régimen alauí.

De forma colateral e imprevista, resulta que esa tragedia ha hecho luz sobre algo alucinante: que España, que corre similar riesgo sísmico que Marruecos por la fricción, bajo el Estrecho de Gibraltar, entre la placa africana y la euroasiática, es el único estado europeo que no ha traspuesto las normas de la UE para la protección frente a terremotos.

No será verdad, ¿cómo va a serlo? Sin embargo, esta semana esta noticia del Telediario de TVE ha explicado que, para empezar, nuestra normativa sísmica data de 2002. Además, resulta que tras el devastador terremoto de Lorca (Murcia) de 2011 que causó 324 heridos, nueve muertos, de ellos dos embarazadas y un adolescente de 14 años, así como cuantiosos daños materiales, se planteó actualizarla con urgencia pero, según los expertos, los cambios de los que se habló, hasta ahora no aplicados, han quedado ya obsoletos. Y, en tercer lugar, que este 2023 seguimos sin trasponer las normas decididas en la UE tras la elaboración de informes que hemos pagado con nuestros impuestos y que el resto de países sí aplican para proteger edificios, infraestructuras y sobre todo vidas humanas.

El presidente del Instituto de la Ingeniería de España, José Trigueros, declara a la cadena pública: “Lo más correcto y normal es adaptarnos a la normativa europea (…) Los eurocódigos garantizan la mayor seguridad en todas nuestras estructuras e incluso cómo adaptar aquellas infraestructuras que no cumplen los requisitos sin tener que derribarlas”.

Se pierde un tiempo precioso en improbables futuribles mil veces anunciados como la fractura del país sin prevenir, en cambio, los efectos de peligros reales como el de los terremotos que ocurren y ocurrirán aunque no sepamos cuándo ni con qué intensidad.

Un plano de la noticia mostraba papeles con el manifiesto de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil titulado Por una normativa sísmica coherente y segura. Pues bien, el más sencillo rastreo en Internet permite leer el documento entero, fechado en mayo de 2023, que denuncia la situación y está firmado por 17 asociaciones del sector, 24 empresas de ingeniería, 60 autoridades académicas y 112 profesionales.

¿Tiene sobre esto algo que proponer Alberto Núñez Feijóo, designado por Felipe VI para intentar presidir el país? ¿Alguna reacción Pedro Sánchez/Yolanda Díaz con más opciones de acabar gobernando? ¿Interesa el tema a independentistas, catalanes o vascos? ¿O piensan unos y otros que un terremoto aniquilará vidas o las salvará según sean de gentes de izquierda o derecha, españolistas o nacionalistas periféricos?

Lo digo porque aquel terremoto que asoló Lorca en mayo de 2011 ocurrió al final del mandato de Zapatero, pero a los siete meses se invistió presidente a Mariano Rajoy, que tuvo dos legislaturas para hacer algo al respecto y luego ya, estos últimos cuatro años, ha sido la legislatura del gobierno de coalición progresista de PSOE y UP, con Sánchez e Iglesias primero y luego Sánchez y Díaz.

Y entre unos y otros, con sus apoyos parlamentarios, nadie ha tenido a bien hacer lo que, según el manifiesto de la Asociación Caminos, sí ha hecho, entre todos los demás, nuestro vecino portugués, que, en julio de 2019, emitió un Decreto-Ley que obliga a dejar atrás sus reglamentos nacionales para usar los eurocódigos sísmicos.

Los terremotos no discriminan por ideología. Un seísmo arrasaría vidas de gente de izquierda y derecha, españolistas y nacionalistas vascos o catalanes. Pero tenemos una normativa obsoleta de hace 20 años que la política polarizada no ha actualizado.

Estoy segura de que los restantes 26 países de la UE tienen también sus polémicas partidistas, pero no han dejado que orillen una cuestión clave como esta que, según los profesionales del sector –y el sentido común– habría que abordar no sólo desde la armonización de nuestra normativa con la del conjunto de Europa, sino también llevando a cabo una formación básica de la población, quizá desde la escuela, siquiera en los territorios más vulnerables (Comunidad Valenciana, Murcia, la Andalucía donde yo misma viví un terremoto de niña…), además de comunicando a la ciudadanía planes de emergencia y haciendo simulacros.

¿Quién es hoy responsable de despistarnos con improbables futuribles y desatender riesgos reales? ¿El sistema monárquico o el rey Felipe que, como ha escrito Pérez Royo, nos ha metido en un lío al designar a un Feijóo carente de apoyos? ¿La presidenta del Congreso, Francina Armengol, por conceder al líder del PP un mes que dilapidar pues su investidura está llamada al fracaso? ¿El propio Feijóo y el PP por la irresponsabilidad de centrarse en boicotear la opción de gobierno progresista, con actos como el del domingo 24 en Madrid, en vez de sacar adelante su investidura? ¿Las demás fuerzas políticas que no paran el frentismo para aportar cordura sino que lo azuzan? ¿Los medios y la sociedad civil que nos dejamos arrastrar?

Frenemos, tomemos perspectiva, abramos oídos y ojos a los mensajes que nos trasladan los expertos e insistamos con determinación en que la política, por más dimensión de lucha de poder que tenga, está para servir al interés general. Hoy, ahora, previniendo, mejor que mañana si hay un temblor, cuando lo haya (porque lo habrá), y entonces todo sean lamentaciones… y lanzarse a la cabeza culpas ajenas y propias.

Como sabéis, el PP en su enésimo arranque ultramontano lanza una nueva campaña apocalíptica del “Se rompe España”. Tienen a Ayuso, Esperanza Aguirre, Aznar, Feijóo… preconizando la implosión del país a cuenta de la posible negociación por parte del PSOE y Sumar de la amnistía que exigen Junts y ERC para apoyar la investidura. Les secunda Vox, por supuesto, y hasta los ex líderes socialistas más y más derechizados, Felipe González y Alfonso Guerra. Todos alertan del riesgo de ruptura. Se refieren a una rotura política, metafórica. No es que Cataluña o el País Vasco vayan a resquebrajarse del mapa y a empezar a alejarse flotando, la una como el islote más grande del Mediterráneo, el otro, como nueva ínsula en el Cantábrico.

Con el arranque de curso se ha reactivado el ruido de las polémicas incendiarias y absurdas. Solo que este año, a la vez, aquí al lado, a 800 kilómetros de la Sevilla desde donde escribo, la tierra se ha resquebrajado de verdad y eso ha matado a casi 3.000 hermanas y hermanos marroquíes. Una catástrofe, agudizada por las incapacidades y negligencias del autoritario régimen alauí.