El día que el Parlamento andaluz casi exige al Gobierno de Juan Manuel Moreno que renueve a los 20.000 sanitarios contratados como refuerzo durante la pandemia fue el pasado jueves, durante la segunda jornada del debate del estado de la comunidad. Fue sólo un segundo, fugaz, apenas imperceptible: sus señorías votaban las propuestas de resolución registradas por el PSOE.
La propuesta número 6 se votó separada del resto, porque las fuerzas de Gobierno, PP y Ciudadanos, tenían previsto apoyar algunas iniciativas (17 de 35), pero rechazar concretamente esa. En ella se podía leer: “El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que renueve el total de los 20.000 sanitarios contratados en Andalucía como refuerzo durante la pandemia, y del mismo modo, el Parlamento e Andalucía muestra su rechazo al anuncio del Gobierno andaluz sobre el despido de 8.000 trabajadores de la sanidad pública andaluza”.
Había 96 diputados participando: los socialistas y Unidas Podemos votaron a favor (40 votos), los populares y los naranjas votaron en contra (45 votos), y la sorpresa fue que los 11 parlamentarios de Vox se abstuvieron. La balanza se inclinó a favor del bloque de derechas, pero eso sólo fue posible porque los 11 diputados no adscritos presentes en el debate, liderados por Teresa Rodríguez, habían decidido ausentarse de la votación en protesta porque el reglamento de la Cámara les había impedido participar en el debate de política general y presentar y defender sus propias propuestas de resolución. Los no adscritos, expulsados de Adelante Andalucía bajo la acusación de “tránsfugas”, carecen de grupo parlamentario y eso limita mucho su capacidad legislativa.
Antes de iniciarse la presentación de las propuestas de resolución, Rodríguez pidió a la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, que leyera el artículo del reglamento que constata la situación tan excepcional que sufre su equipo y, acto seguido, se levantó de su escaño, cruzó el salón de Plenos y le entregó en mano sus propuestas de resolución al presidente Moreno, que se levantó para recogerlas. No se debatieron ni se votaron, pero ahí quedó el gesto simbólico de que los no adscritos habían hecho su trabajo y lo habían presentado por cauces no oficiales. “Aunque no nos dejen intervenir en el Parlamento, no dejaremos de trabajar y de intentar que tengan en cuenta a los andaluces y andaluzas que nos pusieron aquí”, dejó escrito Rodríguez en su cuenta de Twitter.
Pero luego los 11 diputados, desde dentro del hemiciclo, decidieron no participar en la votación, y eso fue determinante para que PP y Ciudadanos, con la abstención rebelde de Vox, tumbara por la mínima varias propuestas de PSOE y Unidas Podemos. Quizá la derrota política más obscena fue esa propuesta número 6 de los socialistas, que habría comprometido al Gobierno de Moreno a replantearse el cese de los 8.000 sanitarios de refuerzo, cuyo contrato expira este domingo.
La espantada de los Anticapitalistas fue determinante en esa derrota, pero no fue la única razón. Los socialistas llevaban días abanderando la defensa concreta de esos 8.000 contratos, hasta el punto de que un miembro de la dirección federal, el secretario de Política Municipal, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, había anunciado días atrás que la renovación íntegra de este colectivo era “condición sine qua non” para que el PSOE siguiera negociando con el Gobierno de Moreno los Presupuestos de 2022. Este ultimátum, no consensuado con el secretario general andaluz, Juan Espadas, tensionó el diálogo hasta el límite.
También Espadas, menos tajante, condicionó su apoyo a las cuentas a que no se produjera ni un solo despido en la sanidad pública. “Con el mayor presupuesto sanitario de la historia, ¿cómo puede plantearse prescindir de 8.000 trabajadores que lo han dado todo durante la pandemia”. La diputada Anticapitalista Ángela Aguilera, próxima a Rodríguez, había anunciado en sede parlamentaria que “a los héroes no se les despide”, en referencia a estos 8.000 sanitarios. Los sindicatos del sector se están manifestando en todas las provincias por la falta de recursos y personal en la sanidad pública, por los déficit estructurales del sistema y los retrasos en la atención primaria, en las pruebas y diagnósticos paralizados durante más de un año por culpa de la pandemia.
Y ese descontento social ha sido canalizado por las fuerzas de oposición de izquierdas, PSOE, Unidas Podemos y Adelante Andalucía, y asumido por el presidente Moreno como el flanco más débil de su gestión. Por eso la sanidad protagonizó gran parte del debate del estado de la comunidad, y por eso los socialistas hablaron mucho y durante mucho tiempo del “despido de los 8.000 trabajadores”, y por eso lo incluyeron en una propuesta de resolución en la que también se defendía la equiparación salarial progresiva de los sanitarios con la media de España, un compromiso que recoge el programa electoral del PP. Así forzaban a los populares a votar en contra de algo que, en realidad, apoyan (ellos mismos incluyeron la equiparación salarial en sus propuestas, y contaron con el sí del PSOE).
Toda esta preocupación, la estrategia y el discurso machacón sobre los 8.000 sanitarios no inspiró, sin embargo, un trabajo de coordinación entre las distintas fuerzas parlamentarias de izquierdas que, con la connivencia implícita de Vox, habría provocado un pronunciamiento del Parlamento andaluz que mandatase al Gobierno de Moreno a renovar el contrato de todos los sanitarios de refuerzo. Los 20.000 profesionales de la salud fueron contratados con el fondo extraordinario Covid que el Gobierno distribuyó entre las comunidades. Era un aumento de plantilla excepcional para un momento excepcional. Pasado lo peor de la pandemia, el Ejecutivo central no renovó esos fondos extraordinarios, y las comunidades han tenido que decidir si mantenían la plantilla de refuerzo con fondos propios, cuántos y durante cuánto tiempo...
La Junta de Andalucía decidió renovar a 12.000 de los 20.000, entre ellos, el 100% de los médicos y el 66% de los enfermeros. Eso significa que los otros 8.000 -de categorías menos prioritarias, como celadores, administrativos o personal de laboratorio- irían a la calle el 31 de octubre. Para rebatir las críticas del PSOE, Moreno recordó que otras comunidades gobernadas por los socialistas habían prescindido de todos o de muchos más sanitarios de refuerzo que Andalucía. “¿También le va a decir a esos presidentes autonómicos del PSOE que son insensibles, como a mí?”, espetó el presidente de la Junta a la portavoz socialista, Ángeles Ferriz, durante el debate en el que le acusó de “desmantelar la sanidad pública andaluza”.
El Ejecutivo de Moreno abrirá una bolsa de trabajo con más de 10.000 plazas en el SAS (Sistema Andaluz de Salud) a la que podrán concurrir los 8.000 cesados. La portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, le advirtió al presidente de que muchos de los 12.000 sanitarios que sí serán renovados por la Junta no aceptarán el contrato, de sólo seis meses, porque otras comunidades están ofreciendo uno y dos años de contrato. “¿Quién va a querer quedarse en la temporalidad y la precariedad laboral?”, espetó Nieto.
Todo este relato sirve para entender que los 20.000 sanitarios de refuerzo y, singularmente, los 8.000 que perderán su contrato este domingo estaban en el epicentro de la arena política andaluza cuando comenzó el debate del estado de la comunidad, el más importante del año. Es un debate de política general, que se celebra una vez al año, en el que el presidente de la Junta hace balance de su gestión y lanza sus líneas de acción para el futuro. Y donde la oposición tiene la oportunidad de condicionar políticamente a su Gobierno a través de propuestas de resolución. Y aquí está el otro debate: ¿qué es una propuesta de resolución? ¿Qué importancia tiene, qué alcance tienen estas iniciativas reguladas en las normas internas del Parlamento?
La sorpresiva derrota de la propuesta número 6 del PSOE, imputable en parte a los diputados de Teresa Rodríguez, fue captada enseguida por el periodista Carlos Rocha, de Diario de Sevilla, que lo dejó escrito en su cuenta de Twitter. Acto seguido, la líder de Adelante Andalucía trató de explicar en redes sociales que, en realidad, “daba igual” que los suyos hubieran votado a favor, porque las propuestas de resolución “no son vinculantes”. Esto es, el Gobierno andaluz no tiene una obligación legal de cumplir con lo que le mandata la Cámara legislativa en este caso. “Las resoluciones de los debates del estado de la comunidad NO son vinculantes. Daba igual lo que hubiéramos votado. Si no, que traigan una PNL [Proposición No de Ley] al próximo Pleno en la misma dirección, que valdrá para lo mismo”, escribió Rodríguez.
En los pasillos del Parlamento, una vez terminado el debate, varios diputados del PP consultados por este periódico se expresaron en un sentido parecido. De haber salido adelante la propuesta 6 del PSOE, “no significa que el Gobierno andaluz se ve obligado a renovar de inmediato a esos 8.000 sanitarios”. “Una propuesta de resolución insta a la Junta a hacer algo, pero no deja de ser una declaración política sin carácter jurídico”, explica el portavoz del PP en la Cámara, José Antonio Nieto.
En efecto, las propuestas de resolución, las proposiciones no de ley y las mociones que debate el Parlamento andaluz no tienen carácter ejecutivo, no son vinculantes, pero recogen una voluntad política que, teóricamente, compromete a los gobiernos. Son iniciativas que suelen “instar” a una administración -la Junta, el Gobierno central, la Comisión Europea- a hacer algo que pocas veces termina haciendo. De las tres iniciativas reguladas por la Cámara, sólo las mociones tienen un procedimiento específico de seguimiento para debatir, en comisión o en Pleno, si la Junta de Andalucía las ha cumplido o no.
Pero que los gobiernos incumplan muchas de estas iniciativas no les resta valor político, prueba de ello es que en lo que va de legislatura los partidos han registrado 426 PNL (con el mismo grado de vinculación que una propuesta de resolución), y concretamente el equipo de Teresa Rodríguez, antes de ser expulsada de su grupo parlamentario, presentó 39. El PSOE, 90; el PP, 100; Ciudadanos, 116; Vox, 54 y Unidas Podemos por Andalucía, 27.
A veces, el objetivo de estas iniciativas no es otro que crear un debate específico en al Parlamento, un tema que afecta a un colectivo específico -empleadas del hogar, afectados por una riada, despedidos de una empresa, trabajadoras de escuelas infantiles- y con el que el grupo proponente estrecha lazos políticos, ofrece voz a sus reivindicaciones en la Cámara y pone sus recursos a disposición de su causa. Los aludidos suelen acompañar el debate desde la tribuna del hemiciclo y, probablemente, también en la calles, con movilizaciones tras una pancarta. Una PNL es el vehículo del compromiso político con una determinada causa social, pero también del pragmatismo de dicho grupo por sumar la fuerza de un colectivo cualquiera a su propio interés electoral.
Las propuestas de resolución no son vinculantes en el debate del estado de la comunidad, pero el jueves pasado todos los grupos agotaron el cupo de las que pueden presentar (35). Incluso los no adscritos, que no pudieron defenderlas en Pleno, se trabajaron 35 medidas. Por ejemplo, instar al Gobierno de Moreno a crear un plan de choque en materia de empleo -en una comunidad con un 47% de paro juvenil-; blindar la financiación de la sanidad pública de forma que permita revertir los recortes que se han ido produciendo con los distintos gobiernos andaluces; una política de contratación MIR que evite la migración de médicos andaluces; reforzar la plantilla de personal especializado en salud mental; una imprescindible bajada de la ratio de alumnos en las escuelas; un incremento de la partida presupuestaria de las pensiones no contributivas; entre otras cosas.
El grado de importancia de una propuesta de resolución o de una PNL radica en la defensa que hagan de ella sus autores. Aunque no prospere, es un posicionamiento político que retrata a los partidos y que compromete al Gobierno de turno, sobre todo si el Gobierno de turno está en minoría, como es el caso. El Parlamento andaluz ha debatido, a iniciativa de los grupos de izquierdas, sobre si es mejor una República a una Monarquía parlamentaria, ha instado a condenar los crímenes del franquismo; ha exigido defender “la diversidad lingüística” frente a los “prejuicios, estereotipos y burlas” que “estigmatizan” el acento andaluz; también, a propuesta de los grupos de derechas, ha debatido sobre la situación política de Venezuela, sobre la unidad de España y el procés catalán, sobre la figura del rey... El desarrollo legislativo de estos debates era nulo, pero a veces el alcance político ha sido notable, y mucho más desde que las redes sociales se solapan con las sesiones parlamentarias.
Cuando se aprueba una PNL, de la Cámara legislativa sale una expresión política que es la voluntad del pueblo andaluz allí representado, y el interlocutor directo, normalmente el Ejecutivo andaluz, puede respetarla o ningunearla. Cualquiera de las dos opciones es legítima, pero comporta una responsabilidad política de cara a los ciudadanos. Y los partidos allí representados tienen la obligación de afearle al Gobierno si incumple sistemáticamente las directrices del Parlamento. Otras veces el Gobierno interpelado es el central, y en estas ocasiones, las PNL sirven para buscarle las vueltas e incoherencias al partido que ocupa la Moncloa (sea PSOE o PP).
El planteamiento de Rodríguez o de Nieto sobre la escasa o nula importancia de las propuestas de resolución ha estimulado un debate interesante en redes sociales sobre el sentido mismo de la política. Muchos piensan que menospreciar las herramientas institucionales de las que se ha dotado el Parlamento -en lugar de consensuar una reforma del reglamento pendiente desde hace años- es un ejercicio de “antipolítica” o de “populismo” que daña las propias instituciones, y beneficia precisamente a aquellas formaciones políticas que han entrado en la Cámara deslegitimando el propio Estado de las Autonomías.
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