La Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía, reunida este miércoles, ha acordado la celebración el 26 de enero de una sesión de este órgano encargado por velar por los poderes de la cámara hasta el inicio de su rutina, donde se tratarán las distintas solicitudes presentadas por los grupos para que se convoquen plenos extraordinarios. Uno de ellos -propuesto por el PP-A- orientado a que la presidenta, Susana Díaz, comparezca para hablar de la situación general de la comunidad autónoma como se comprometió a hacer cada seis meses, y han pasado siete si se considera que la última fue con su investidura en junio de 2015.
Precisamente, el próximo martes hay Consejo de Gobierno donde se podría anunciar la fecha para este pleno extraordinario por iniciativa de la presidenta, que según insisten desde el PSOE-A tiene previsto comparecer, en lugar de esperar a que lo proponga la oposición, y con ello les cortaría el paso.
Los grupos no pueden pedir la comparecencia de la presidenta. Por eso, los populares han pedido un pleno extraordinario para “sustanciar la comparecencia del Consejo de Gobierno relativa a la situación política” de la comunidad autónoma. Con ello pretenden que lo haga la presidenta para rendir cuentas a los andaluces, y donde igualmente quieren que dé explicaciones de su futuro y posibles pretensiones de dirigir el PSOE a nivel nacional.
No será la única petición de pleno extraordinario que se abordará. Hay otra que llega de toda la oposición (PP-A, Podemos, C's e IU) para la comparecencia ante el pleno del Consejo de Gobierno “a fin de informar sobre incumplimiento de plazos y pagos a las escuelas de hostelería de la provincia de Málaga y sus consecuencias”. En concreto, pretenden que lo haga el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado. Sin embargo, el PSOE-A ha pedido que en lugar de en un pleno, se aborde en comisión parlamentaria y por eso ha presentado una solicitud en este sentido, que se verá también la próxima semana.
En este contexto, el diputado de IU José Antonio Castro ha censurado que “el Gobierno de Andalucía nos ha provisto de un año en blanco y lo ejemplifica especialmente la situación de los consorcios escuela, más concretamente las escuelas de hostelería: La Cónsula y La Fonda en Málaga y el CIO Mijas”. Ha hablado de “chantaje” por parte del Consejo de Gobierno a los trabajadores y alumnos. Cuando en casos como el CIO Mijas los trabajadores llevan 18 meses sin cobrar, ha exigido “que dé la cara el consejero” y explique “qué leches está pasando con las escuelas de hostelería”. En su opinión, cuando la Junta de Andalucía abordó la disolución e integración de los consorcios escuela en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) perseguía su desaparición. “Los que se han incoporado al SAE no tienen actividad, alumnos, programación, material...”. Sin embargo, “se topó con un problema en el caso de las escuelas de hostelería de Málaga, que sí tenían alumnos y programación”.
Eso, para la próxima semana, si bien este miércoles la Mesa de la Diputación Permanente ha calificado favorablemente una solicitud de Podemos e IU para otro pleno extraordinario, en este caso para las comparecencias del Consejo de Gobierno en un monográfico sobre la infancia. Quieren que se aborden cuestiones como la pobreza infantil, la situación del II Plan Integral de la Infancia de Andalucía y el funcionamiento y evaluación del grado de aplicación y progreso alcanzado por el Decreto 103/2005, por el que se regula el Informe de Evaluación del Enfoque de Derechos de la Infancia en los Proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.
La idea en todos los casos es que estas sesiones fueran en enero, un mes inhábil en el Parlamento de Andalucía pero que la oposición pretende que no sea así. El hecho de que se hayan apurado tanto los plazos para estudiar estas solicitudes hace prácticamente imposible que en el pleno de la infancia -el único que llegaría para enero- se incluya la comparecencia por el asunto de las escuelas de hostelería.