El director de un colegio privado de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) ha sido imputado por un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizadas por la Constitución por no aceptar la escolarización en el centro del hijo de una pareja gay. Tanto el director del centro biligüe Yago School, como la responsable de admisión del mismo, están imputados por rechazar la solicitud de ingreso.
El Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla, según adelanta El País, ha estado investigando durante más de un año el caso y esta misma semana ha comunicado a las partes la apertura de un procedimiento abreviado al haber “motivos suficientes”, aunque “de manera indiciaria”, para imputarles el citado delito. Entre los principios rectores del colegio, por los que los padres se animaron a escolarizarlo allí, estaban “animar a los alumnos a cooperar con los otros, ser sensibles a las necesidades de los demás y respetar otras culturas, religiones y modos de vida”. “Era solo marketing”, lamentan al periódico Ricardo Lucas e Iván Vallejo.
La pareja, al tratar de escolarizar a su hijo, se identificó como familia homoparental desde un primer momento. La primera respuesta fue que no había plazas pero, cuando se dirigieron al centro de manera anónima, se les dijo que sí y se concertó una cita, según cuenta Ricardo. Después de comentarles desde el colegio que se había tratado de un error, se les llamó días después para retractarse de nuevo y comunicarles que todas las plazas estaban comprometidas.
A los dos responsables del colegio imputados se les ha tomado declaración durante la instrucción judicial. La pareja denunciante ha aportado los correos electrónicos que se cruzaron con los responsables del centro educativo. El centro, según ha indicado a eldiario.es/andalucia una portavoz, “se defenderá donde se tiene que defender” y no se quiere hacer “ningún pronunciamiento al respecto”.
Por su parte, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía remitió al juzgado el expediente administrativo que se abrió contra dicho centro y que está en suspenso desde diciembre de 2012, una vez abierta la vía judicial. De cualquier forma, la Inspección concluyó que el menor no había tenido igualdad de trato con respecto a otros niños que sí fueron escolarizados en el centro, que no habría cumplido con sus propios criterios de admisión.
Otra clave en la instrucción, según los denunciantes, es que el Banco Santander ha facilitado los movimientos de la cuenta del colegio, pudiéndose observar ingresos de reserva de matrícula en fechas posteriores a que el centro comunicara a la pareja que no tenía vacantes. La Fiscalía tendrá que pronunciarse ahora sobre si cree necesario que se celebre un juicio oral o si debe archivar este caso, según informa El País.