Y el caso de los ERE se dividirá en piezas. El conflicto entre la jueza Mercedes Alaya y la Fiscalía Anticorrupción, a cuya tesis de despiezar la causa se sumaron más recientemente el TSJA y el Tribunal Supremo, ha dado una vuelta de tuerca que, aunque no defintiva (cabe recurso), es muy novedosa. El caso es que, antes de cerrar el curso judicial, la nueva titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha acordado este jueves la división de esta macrocausa en tres piezas: una primera pieza relativa al denominado 'procedimiento específico', una segunda relativa a las sobrecomisiones y un tercer bloque de piezas para el que habría que abrir un número no inferior a 200 piezas incoando una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas.
Los peores presagios de Alaya, que ha rechazado esta posiblidad en múltiples autos, se han hecho realidad. Hace unas semanas, en su pugna con Núñez por mantener la instrucción de esta causa, alertaba al CGPJ de que la nueva titular del juzgado “pretende aprovechar estos días de estancia en mi actual plaza de la Audiencia para dividir la causa en piezas… y con esta resolución evitaría mi entrada en la comisión de servicio relativa a esta causa”. Lo que ha hecho Nuñez es tomar al respecto, como titular del juzgado, una decisión que venía siendo reclamada por Anticorrupción (en abril de 2015, en marzo y en abril de 2014), el propio TSJA el pasado abril y hasta el Tribunal Supremo desde su primer pronunciamiento el pasado otoño cuando abrió investigación contra los aforados.
La magistrada considera que “es innegable que la división contribuiría decisivamente a la agilización de la causa” y que concurren los parámetros que permiten la división solicitada de acuerdo con el plan que el propio Ministerio Fiscal propone. En ese sentido, Núñez recuerda precisamente la posición del Supremo diciendo que “es factible la división en una primera pieza en la que se investigue el denominado procedimiento específico”, la pata política de la causa de la que se han encargado los altos tribunales.
La jueza detalla en ese sentido que “ya existe un criterio sólido expresado en fechas recientes por el Tribunal Supremo no sólo en cuanto a la posibilidad de su enjuiciamiento separado sino en cuanto a la calificación jurídica de los hechos. Lo cierto es que el resultado derivado del enjuiciamiento de quienes se encuentran imputados por los hechos que se integrarían en dicha pieza, en ningún caso afectaría al resultado del enjuiciamiento de las demás piezas”.
Cuando la Fiscalía ha hablado siempre de “procedimiento específico” se refiere a que el avance en la instrucción de Alaya habría puesto de manifiesto que la inclusión de los llamados “intrusos” en los ERE fue posible gracias a la utilización de un procedimiento por el cual se pusieron en manos de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo unos fondos que separaban la concesión de las denominadas ayudas sociolaborales y ayudas a empresas, que no se sujetaban a fiscalización previa de la Intervención y cuyos pagos sólo eran sujeto de fiscalización aposteriori. Dicho procedimiento tendría tres variantes, en virtud de convenios individuales entre la Consejería y el entonces IFA, del convenio marco de 17 de Julio de 2001 igualmente entre la Consejería y el IFA, y la encomienda de gestión de 2010.
¿Quién seguirá instruyendo la causa?
En su auto, la jueza indica también, siguiendo la propuesta explícita de la Fiscalía, que es factible la división en una segunda pieza que tenga por objeto el estudio de las sobrecomisiones. Argumenta la jueza que “tampoco en este caso se produciría una ruptura de la continencia de la causa como elemento impeditivo de la decisión dado el objeto de la investigación y posterior enjuiciamiento de los hechos”. Por último, considera también factible la división en piezas, una para cada expediente de ayuda sociolaboral o subvención o para cada grupo de ayudas otorgadas a un mismo beneficiario, “pues cada expediente de ayudas o subvención constituyen un conjunto de hechos susceptibles de investigación y enjuiciamiento separado”.
Según dijo Anticorrupción en su último escrito, no proceder a la división de la causa en piezas “se traduce, primero, en demorar la conclusión de la instrucción a la investigación de todas y cada unas de las piezas que han sido propuestas por esta Fiscalía, lo que supone una instrucción sine die (”sin plazo, sin fecha“) y, segundo, en admitir que algunas de estas piezas no van a poder ser enjuiciadas o por falta de recursos en la instrucción o por prescripción de los hechos”.
Aún está por decidir quién abordará la investigación de estas piezas una vez se confirme la separación de la causa. El TSJA respalda que Alaya siga investigando los ERE “hasta que se resuelva sobre su división”, si bien ha dicho recientemente que tendrá que tener en cuenta la “falta de colaboración” de Alaya tras tratar de desprestigiar a su sustituta. Las decisiones por uno y otro lado podrían correr de manera paralela, puesto que el CGPJ aún tiene que resolver cuál es el reparto de macrocausas en este juzgado.