En la tarde del lunes, la Moncloa publicó en su página web la agenda de todos los miembros del Gobierno en funciones para el día siguiente. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tenía previsto viajar a Sevilla para “reunirse con el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en el Palacio de San Telmo, a las 16.30 horas”. La Junta se negó a confirmarlo: “Nosotros no hemos convocado nada”. Desde San Telmo se advirtió al Ministerio de que “no había nada cerrado” y se solicitó que “pospusiese o anulase” la visita de la vicepresidenta.
Faltaban menos de 24 horas para que la proposición de ley para ampliar cultivos de regadío en la corona norte de Doñana -que ha soliviantado a la Comisión Europea, la Unesco, la comunidad científica internacional y las organizaciones ecologistas- entrara en el orden del día del siguiente pleno para su aprobación definitiva en el Parlamento andaluz. ¿Qué estaba pasando?
La imagen del beso entre la ministra Ribera y el presidente Moreno, la tarde del martes en la sede del Gobierno regional, viene precedida de un camino pedregoso de dos años y tres procesos electorales, salpicado de hostilidad hasta el último minuto. Ella le había llamado “señorito arrogante”, jefe de un Gobierno “gamberro” y “negacionista” que ejercía un “terrorismo ambiental”. La Junta se refería a la vicepresidenta como una “hooligan radical” y una “faltona de libro”: “España no se merece una ministra así”, decían.
Y sin embargo, allí estaban, sonrientes, flanqueados por banderas de España y de Andalucía, inaugurando una “nueva etapa de cooperación entre administraciones” con un discurso común que combinaba “la preservación de Doñana con el necesario desarrollo socioeconómico de la comarca onubense y sus agricultores”.
24 horas antes, seguían enfrentados en una imagen inédita en política, donde un Gobierno de España anuncia el encuentro de su vicepresidenta con un presidente autonómico, y éste lo desmiente. Tras ese comunicado, la Junta exigió al Ministerio que, antes de que ellos hicieran oficial el encuentro, debían llamar a los agricultores de Huelva para explicarles su alternativa a la ley“. Ambas administraciones confirman este relato.
Todo se precipitó en cuestión de horas. Esa misma noche del lunes, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, descolgó el teléfono y convocó de urgencia al presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, que representa a muchos de los agricultores afectados, al presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Fresa, Freshuelva, y al de la organización agraria Asaja, a una reunión en la sede del Ministerio a las 9.30 horas del martes.
Algunos de los convocados ya estaban en Madrid, asistiendo a la 15ª edición de la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas, Fruit Attraction, con Andalucía como región invitada. Otros tuvieron que coger un AVE en Sevilla, que sufrió un retraso y obligó a posponer la reunión a las 11.00 horas. El encuentro se prolongó hora y media. Julio Díaz, portavoz de la Plataforma, explica que Morán no quiso concretar mucho el plan que horas después anunciaría la ministra. “Sí nos dijo que había sobre la mesa 200 millones de euros extra, aunque luego la vicepresidenta anunció 350 millones”, asegura.
Sólo después de esa reunión, la Juan de Andalucía incluyó la visita de Ribera a San Telmo en la agenda oficial del presidente Moreno para sólo un par de horas después.
Este es el desenlace atropellado -trufado de desconfianza mutua- del deshielo entre dos administraciones enfrentadas a cara de perro, y que se había iniciado tres semanas atrás con una llamada de la vicepresidenta al líder andaluz.
El viernes 15 de septiembre, este periódico adelantó que el PP andaluz daba un último acelerón al trámite final de la ley en el Parlamento para aprobarla definitivamente en el Pleno del miércoles 27, coincidiendo con la votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso. El lunes 18, el portavoz del grupo popular en el Parlamento, Toni Martín, confirmó la noticia -a modo de “primicia”- en una entrevista en Canal Sur Televisión.
A mediados de septiembre, Ribera llamó a Moreno para sellar un armisticio y abrir una vía de negociación in extremis para evitar que la ley viera la luz. Los canales de comunicación interna “nunca se han interrumpido”, coinciden ambas administraciones, pero las inflamadas declaraciones públicas de unos y otros en torno a Doñana parecían indicar que “todos los puentes estaban rotos”. La ministra había exigido la retirada de la ley como condición previa a sentarse a negociar, pero aquel día llamó para ofrecer una propuesta alternativa que “trascendía las competencias de su ministerio”.
Para solucionar el conflicto de Doñana y lanzar un mensaje claro a Bruselas, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, había autorizado una “acción de Gobierno” que implicaba hasta a seis ministerios y financiación extraordinaria para el condado de Huelva -Agricultura, Pesca y Alimentación; Industria, Comercio y Turismo; Inclusión y Seguridad Social; Trabajo; Educación y Formación Profesional y Hacienda- encaminadas a “implementar planes de desarrollo económico y social” en la zona, confirman desde el entorno de Ribera.
A cambio, se pedía la retirada inmediata de la ley, que acababa de superar el último trámite parlamentario -la aprobación del dictamen definitivo en comisión- y estaba programada su aprobación final en el siguiente Pleno. “El Gobierno nunca se creyó del todo que Moreno fuese capaz de llegar hasta el final con la ley. Hasta ese momento”, explican fuentes del PSOE andaluz, que ha intervenido como correa de transmisión y “pacificador” entre ambas partes.
Tras la llamada de la ministra, Moreno aceptó posponer otra vez la ley y activó todos los resortes en el partido y en el Parlamento para controlar los tiempos y la reacción de los agricultores más beligerantes. El presidente provincial del PP de Huelva, Manuel Andrés González, llamó a la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, que representa a muchos de los agricultores esperanzados con la ley para recalificar sus parcelas de secano en riego. “La ministra ha llamado y tiene algo nuevo. Vamos a parar y ver qué tienen”.
48 horas después de anunciar en Canal Sur el día del debate final de la ley, el portavoz del PP en el Parlamento rectificó y postergó la fecha otras dos semanas -hasta la sesión del 10 y 11 octubre-, sin aludir a la negociación discreta que estaban manteniendo Gobierno y Junta. En ese momento, Martín justificó el aplazamiento de la ley con el “aluvión de críticas” de la oposición por hacer coincidir el debate final sobre Doñana con la investidura de Feijóo. “Me alegro de que estas últimas dos semanas extra hayan servido para lograr un acuerdo”, ha explicado a posteriori.
La comparecencia conjunta de Moreno y Ribera fue un “oasis institucional” en medio de la falla tectónica que vive la política en España, entre la investidura fallida de Feijóo y la negociación de Sánchez para lograr su investidura. Un estado de crispación absoluta, el escenario menos propicio para una reconciliación de estas características entre un Gobierno en funciones del PSOE y otro con mayoría absoluta del PP. A las puertas de una cumbre de la Unión Europea en Granada. Ninguno de los dirigentes consultados para esta crónica lo veía factible una semana antes. Las dos partes se consideran “ganadores”. En el actual contexto político, ¿quién tenía más que ganar con esta “nueva etapa de colaboración entre administraciones”?
Moreno retiró la ley in extremis de la fase final de tramitación, pero la deja hibernar en el Parlamento durante “un mes”, hasta ver en qué cristaliza la negociación con el Ministerio que arranca el próximo lunes. La vicepresidenta, a cambio, ha puesto sobre la mesa 350 millones de euros para implementar “planes de desarrollo económico y social” en el condado de Huelva.
El pulso político de Doñana se ha saldado, de momento, con 700 millones de euros para Huelva, si se suman los 356 millones comprometidos por el Ministerio hace un año en el plan de actuación medioambiental para el Parque Nacional, del que ya se ha ejecutado un tercio. Una cifra nada desdeñable, habida cuenta que la inversión de la Junta en Huelva ronda los 275 millones en el Presupuesto de este año.
Eso sí, Ribera dejó claro que ninguna solución alternativa implicará “más agua” o “más disponibilidad de recursos hídricos”, y que el Ejecutivo central no comprará las parcelas que iban a ser regularizadas con la ley [entre 700 y 1.500 hectáreas] para “no financiar la especulación con dinero público”.
Ahora empieza una nueva negociación, con parámetros más tasados, en el que ambas partes han dejado una pistola sobre la mesa. La ley de regadíos sólo está hibernando en el Parlamento, ha superado todos los trámites previos y la Mesa -controlada por el PP- puede elevarla en cualquier momento al Pleno para su aprobación.
Esa es una espada de Damocles que puede prolongarse los tres años que restan de legislatura. La retirada definitiva de la ley, como exigía el Ministerio, debe someterse antes votación y ser aceptado por la mayoría absoluta del Pleno de la Cámara, según el artículo 127 del reglamento. Es decir, el PP tiene que votar la retirada de su propia proposición de ley, firmada a medias con Vox. “La ley se queda aquí. Esta es la garantía para que el Gobierno cumpla lo que dice”, sentenciaba el portavoz del PP-A, el miércoles, levantando una copia del documento por encima de su cabeza, como quien empuña un garrote.
La otra espada de Damocles, la que se reserva el Ministerio, es el recurso ante el Tribunal Constitucional que el Gobierno en funciones amenaza con interponer en cuanto sea aprobada la ley en el Parlamento. Ese recurso se apoya en un dictamen previo de los letrados de la Cámara autonómica, que ya afearon al PP que usase una proposición de ley -sin informes técnicos ni jurídicos de la Junta- para hacer algo que podría haber aprobado por decreto, o con una normativa menor fiscalizada por el Ejecutivo.
Ninguna de esas cartas bajo la manga ha empujado a sus dueños a lanzar el último órdago, escenificando el choque de trenes. Gobierno y Junta frenaron al borde del precipicio y han designado a sus representantes al más alto nivel para crear un grupo de trabajo bilateral que deberá, primero, testar la sensibilidad y opinión de todos los actores implicados: agricultores, regantes, alcaldes de los municipios de la corona norte de Doñana.
Y segundo: perfilar una suerte de “reconversión” económica para la zona, en la estela de la solución que se dio a la comarca minera de Asturias tras el cierre en los años 90. “Limitar el desarrollo productivo de una zona para preservar el medioambiente es legítimo, pero también se debe compensar a los vecinos de alguna manera”, admiten fuentes del PSOE-A. El líder de los socialistas andaluces y jefe de la oposición, Juan Espadas, ha ejercido de intermediario para “limar problemas de enfoque”, que impedían al Ministerio ponderar el problema real de algunos agricultores onubenses, y a la Junta calibrar la repercusión jurídica y política de aprobar la ley.
Esa hipótesis, aseguran desde el Gobierno central, habría activado de inmediato las multas millonarias de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE contra España y puesto en riesgo la categoría de Doñana como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco. La sentencia europea se encuentra en suspenso bajo la condición de que el Gobierno ponga en marcha medidas para recuperar el ya sobreexplotado acuífero de Doñana.
La mala situación del acuífero de Doñana, muy mermado entre otros factores por el pirateo de agua para regadío, viene de lejos, lo que llevó en 2010 a la organización ecologista WWF a denunciar esta situación ante la Comisión Europea. Tras un par de avisos formales, Bruselas acabó llevando la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en 2021 acabó condenando a España aunque las sanciones que conlleva no han llegado a aplicarse ante los compromisos adquiridos por el Gobierno central para revertir esta situación.
De hecho, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que informar periódicamente de los avances que se van produciendo a las autoridades europeas, que vigilan un asunto que no ven como un tema local y al que le dan la máxima importancia. El problema surge cuando la proposición de ley de PP y Vox prevé modificar el conocido como Plan de la Fresa, que limita el uso del riego en el entorno de Doñana, y que el Gobierno presenta como garantía de que se está cumpliendo el compromiso con Bruselas tras la sentencia.
La Comisión Europea no entiende de medias tintas, de ahí que ya haya lanzado dos advertencias a España amenazando con reactivar las multas que prevé el Tribunal Europeo. “El responsable no es Juanma Moreno. Bruselas no trata con gobiernos regionales de Europa. Nosotros somos los responsables de lo que haga la Junta de Andalucía, es el reino de España al que le piden cuentas, es la reputación y el desprestigio político del país lo que está en juego, además de las sanciones millonarias que asumiríamos”, explican fuentes del Gobierno en funciones.
El último capítulo de este embrollo es un armisticio, una pax romana, una guerra fría. PSOE y PP salieron 24 horas después de la cumbre para atribuirse el mérito de haber “doblado el brazo” a su rival político. Este forcejeo entre administraciones se ha dilatado casi dos años, con la tramitación intermitente de la ley para ampliar regadíos junto a Doñana, acelerando y frenando, acelerando y frenando, acompasada a los tiempos de tres campañas electorales: en las andaluzas de 2022 y en las municipales y generales de 2023.
Las tres ganadas por el PP de Moreno, que hoy acumula más poder institucional en Andalucía del que jamás tuvo el PSOE en sus 37 años en la Junta. En Huelva, donde se concentra el meollo del debate, los populares arrebataron a los socialistas la Diputación Provincial, que llevaban gobernando desde 1977.
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