Para muchos pueblos de la costa andaluza, el verano es la piedra de toque. En apenas cuatro meses hay pueblos, empresas y familias que sostienen todo un año. Después del frenazo por la pandemia de coronavirus, estos pueblos quieren pasar de 0 a 100 en unos días. Los responsables municipales están inquietos: hay muchas dudas respecto a la seguridad, el comportamiento de los turistas, los eventuales rebrotes o los visitantes que van a recibir.
La Junta de Andalucía ha exigido a todos los municipios costeros que elaboren un plan de contingencia y ha anunciado que contratará a 3.000 vigilantes, a los que dijo que pagaría 1.900 euros netos al mes (finalmente serán unos 1.200, según convenio), para colaborar en tareas de información y vigilancia. Les ha dado un plazo de 24 horas para inscribirse en la oferta, y prevé que se incorporen el próximo 15 de junio. Muchos alcaldes creen que los fondos extraordinarios, que la Junta cifra en 10,5 millones de euros, son insuficientes.
Andalucía cuenta con 372 playas y 603 kilómetros de costa. Un litoral que, según las cuentas de la Junta de Andalucía, atrajo a 17,6 millones de turistas en 2018, el 57,5% de los que visitaron la región. Algo más de la mitad (el 51,7%) eran nacionales, sobre quienes ahora ponen sus esperanzas los municipios costeros. Suele ser un turista fiel, que repite año tras año.
Desde la playa de las Negras a Caños de Meca, pasando por la Costa del Sol, las playas tendrán que adaptarse a las nuevas exigencias de seguridad. Sigue habiendo dudas de cómo lo harán, sobre todo para cumplir el aforo.dudas de cómo lo harán Por ejemplo, los planes de contingencia para las playas de Níjar-Cabo de Gata establecen que podrá exigirse reserva previa “en función del comportamiento de los usuarios y de la eficacia de las medidas de control”. Además, fijan “células de convivencia” de 18 metros cuadrados y prevén que “la ubicación del usuario en cada elemento de sectorización será dirigido por el servicio de protección civil”.
La alcaldesa, Esperanza Pérez (PSOE) matizó estas medidas al día siguiente de aprobarlas: “Teniendo en cuenta que nuestra libertad para disfrutar sólo tiene como límite el derecho de los demás a sentirse seguros, la cuestión de aforos no tendrá más limitación que la de guardar las distancias de seguridad (…). Nadie va a intervenir o perturbar a nadie si las cosas suceden con normalidad, con orden y sin perder el respeto a la difícil situación sanitaria de la que venimos”.
Eldiario.es/Andalucía ha preguntado a cinco responsables municipales qué están haciendo para garantizar la seguridad. La casuística es muy amplia, pero la conclusión es compartida: “Por muchas medidas que pongamos, hay que apelar a la responsabilidad individual de cada usuario”.
Isla Cristina (Huelva)
Isla Cristina tiene 12 kilómetros de playas, todas naturales a excepción de 150 metros de playa urbana. Cada verano, sus 22.000 habitantes se convierten en 60.000. En gran parte, turismo nacional con segunda residencia, pero también turistas extranjeros en grandes cadenas hoteleras.
Francisco Sosa (Partido Andalucista), concejal de Playas, explica que la gran dificultad es regular la separación de accesos y salidas. Pone el ejemplo de la playa de la Gola, a la que se accede por un puente con una anchura de 2,30 metros. La norma dice que debe haber dos metros desde la entrada a la salida, pero ese acceso está a 1,8 kilómetros del siguiente. “No puedo canalizar la entrada por el puente y la salida a 1,8 kilómetros, ni construir otro puente”.
Otro problema será el aforo: aunque haya dos kilómetros de playa, la concentración se produce en las cercanías de los accesos. Los vigilantes municipales sólo podrán informar, no sancionar. “Si no cumplen, para eso estarán los municipales o los fuerzas y cuerpos de seguridad. Vendrá la pareja en los quads y los sancionará”.
Sosa explica que trabajan a contrarreloj para enviar el plan de contingencia antes del 12 de junio, y advierte de que tendrá un alto coste. “A duras penas pagamos las nóminas… No sé cómo vamos a salir de esta”.
Barbate (Cádiz)
Caños de Meca, Zahara de los Atunes… Algunas de las playas más famosas de Cádiz pertenecen al municipio de Barbate, que pasa de 23.000 habitantes a unos 80.000 en verano. La mayor parte de los 20 kilómetros de costa son playa natural y abierta. El alcalde, Miguel Molina (Andalucía por sí), anticipa que será complicado controlar el aforo, pero señala que son playas espaciosas y no masificadas. “Nos preocupan más las calas pequeñas, que las playas como Zahara, La Hierbabuena o Barbate”, señala.
En Caños de Meca prevé controlar el aforo limitando los vehículos en el aparcamiento. En cambio, en la Playa del Carmen, en el núcleo de Barbate, instalarán pasarelas de entrada y salida, lo que también servirá para dividir la playa en sectores con aforo limitado. Además, los primeros seis metros desde la pleamar serán zona de tránsito. El alcalde quiere que los bañistas usen toda la playa: “La mayoría se pone pegada al agua; este año, sintiéndolo mucho, no puede ser”.
La Junta de Andalucía aportará 52 vigilantes, y también ha subvencionado la compra de dos pickups, pasarelas y motos de playa por 98.000 euros. “Estoy buscando los recursos para poner megafonía, que nos daría seguridad. Pero cada vez que se lo digo al interventor me dice: ”Alcalde, no puedes“”. Molina prevé que el Ayuntamiento gastará en playas entre un 20 y un 30% más de lo habitual, que el año pasado fue de 390.000 euros.
Mijas (Málaga)
Mijas tiene 12 kilómetros de playa, que prevé controlar en tiempo real. Han previsto una separación muy superior al mínimo, de hasta 12 metros cuadrados por unidad familiar, con un aforo total de unas 16.000 unidades. Para comprobar la situación en cada momento, el municipio usará drones, cada uno realizará fotos periódicas del mismo punto. A partir de esa foto se calculará cuántas personas hay en la playa, y se volcarán los datos en una web de acceso público. Los drones también tienen altavoces, que servirán para una labor informativa. “Emitirá recordatorios. La gente verá el dron, y servirá para que sean respetuosos”, explica José Carlos Martín (Ciudadanos, que gobierna con el PSOE), concejal de playas.
Mijas apuesta por el autocontrol. “Jurídicamente no se puede evitar el paso a la playa, lo hemos estudiado. No hay norma que ampare eso”, comenta el concejal: “Al final la responsabilidad, aunque la derivemos al resto de administraciones, es individual”. Los controladores harán recomendaciones, y si hay problemas deberán llamar a los agentes de la Policía Local, que patrullará el paseo en bicicleta. Los 54 vigilantes de la Junta de Andalucía no estarán dentro de la playa.
Martín asegura que cada uno de los 17 aseos tendrá una persona encargada de su limpieza de 11 de la mañana a ocho de la tarde. “Cada vez que alguien entre, se va a limpiar”. Todo esto va a suponer un coste extra de unos 500.000 euros, a añadir a los 900.000 euros que se gasta habitualmente el municipio en abrir las playas.
Salobreña (Granada)
Este municipio de la Costa Tropical ha optado por un sistema muy visual para garantizar el aforo: un tractor, el mismo que se encargará de airear la arena, dibujará las franjas que se podrán ocupar alternativamente. “El aforo es lo más complicado”, subraya María Eugenia Rufino, alcaldesa (PSOE). “Hemos barajado muchas fórmulas, y casi todas tienen defectos o son inasumibles. Hemos optado por uno no muy caro. No podemos garantizar que vaya a salir bien, pero permite que la gente lo vea”. El viento de levante modifica por completo la playa, pero han hecho pruebas y cree que las marcas pueden durar cuatro o cinco días.
Salobreña recibirá 26 vigilantes. Pocos, según la alcaldesa. El criterio de distribución ha sido los metros lineales de litoral, y la playa de Salobreña tiene cuatro kilómetros de largo, pero es muy ancha. En cambio, no se ha tenido en cuenta la afluencia turística. Además, Rufino cree que las subvenciones autonómicas para la compra de material pueden suponer una injerencia en sus competencias. “Si hay una dotación económica, deberíamos poder elegir en qué gastamos. En algún caso va a haber derroche de personal, y a otros le va a faltar”. El Ayuntamiento casi duplicará su gasto en playas: de 300000 a 500.000 euros.
Para Rufino, la gran preocupación es la seguridad: “Corresponde a la Policía, tenemos la que tenemos, y miles de problemas en verano. No sé si vamos a ser capaces de garantizar que se resuelvan con eficacia”.
Roquetas de Mar (Almería)
16 kilómetros de playas urbanas, a los que se accede por 115 puntos diferentes, tiene Roquetas de Mar. Son playas muy anchas, que no suelen sufrir aglomeraciones, a pesar de que este municipio de casi 95.000 habitantes casi duplica esa cifra en verano.
Rocío Sánchez, concejala de Presidencia (Partido Popular) ha elaborado el plan de contingencia: “No vamos a poner contador de aforo. Las playas son muy grandes y es inviable. No podríamos controlar porque los muros están a ras de arena”. “Vamos a apelar a la responsabilidad, que cada uno cuente con la separación de dos metros y dos metros y medio entre sombrillas”, añade.
Señala también que cualquiera podrá comprobar el estado de las playas en la web, gracias a unas cámaras instaladas en el paseo. Contarán con 114 informadores de playa y una cuadrilla dedicada específicamente a desinfectar pasarelas, duchas y servicios.
Roquetas recibe muchos turistas nacionales, procedentes sobre todo de Madrid o Jaén, muchos con segunda residencia, y prepara una gran campaña de publicidad para captar turistas de otras zonas de Andalucía y España.