La última medida estrella adoptada por la Junta de Andalucía por recomendación de su Comité de Expertos contra la Covid no duró ni 18 horas. La obligatoriedad de presentar el certificado Covid para acceder al interior de los locales de ocio nocturno se anunciaba a última hora de la tarde del lunes con vigencia de aplicación a partir de este jueves, 5 de agosto, pero a primera hora de la tarde de este martes se paralizaba su puesta en marcha. Como telón de fondo, un mucho de descoordinación interna y otro tanto de dudas legales, además de la indignación de este sector empresarial y la fulminante amenaza de Vox de plantarse en los tribunales, un cóctel ante el que el Gobierno andaluz ha decidido echar el freno y dejar la cuestión en manos de los jueces.
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo (PP), apelaba a la necesidad de tener “mayor seguridad y certeza jurídica” para justificar la derogación fulminante de la medida nada más nacer, a la espera de ver en qué sentido se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El alto tribunal andaluz avaló la semana pasada el toque de queda de 2 a 7 de la mañana en Estepona, Marbella y Montoro, pero previamente ha tumbado varias propuestas del Gobierno andaluz para acometer cierres perimetrales.
Este brusco ataque de prudencia de la Junta pone de manifiesto que no las tiene todas consigo y que, ante las dudas legales que genera la medida, prefiere que los jueces se pronuncien por adelantado para evitar así el riesgo de tener que dar marcha atrás. Es la misma hoja de ruta que han seguido otras dos comunidades autónomas, Galicia y Cantabria, que apuestan por exigir el pasaporte Covid en la hostelería pero no quieren pillarse los dedos como le ha ocurrido a Canarias.
En las islas, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha tumbado la propuesta en esta línea del Gobierno canario al apreciar una injustificada vulneración de derechos. En su sentencia, señala que las cifras de contagios actuales están lejos de las que llevaron a aplicar el estado de alarma y otras medidas excepcionales de limitación de derechos fundamentales.
El TSJC recuerda que la vacunación no es obligatoria y le da la vuelta a la situación planteada al incidir en que los hosteleros no tienen obligación de enseñar a sus clientes sus certificados Covid. Pese a ello, “son habilitados por la medida en controladores de la salud pública, pasando a invadir el campo del derecho a la intimidad personal” protegido por la Constitución.
Por si fuera poco, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) enviaba el pasado viernes un requerimiento a los gobiernos de Canarias y Galicia sobre el uso del certificado de vacunación para acceder a establecimientos, para así comprobar “la licitud del tratamiento de datos personales”. En un comunicado, la AEPD recordaba que la vacunación no es obligatoria y que una exigencia de este tipo puede ser discriminatorias para ciertos colectivos, además de que “implica la necesidad de contar con una base legal apropiada que se ajuste a los principios de eficacia, necesidad y proporcionalidad, atendiendo a la existencia de otras medidas de protección que puedan resultar menos invasivas”.
A esto hay que añadirle los reparos de otras comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid…) y del propio Gobierno central, que considera “complicado” imponer el certificado para acceder al interior de locales. En este sentido, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha recordado que los usos del pasaporte Covid están regulados por la UE para garantizar una movilidad segura por el territorio. “El uso es el que está regulado por la Unión Europea, que tiene el respaldo del Parlamento Europeo, y cualquier otro que no sea ese tiene el amparo legal que tiene”.
Con estos antecedentes, no es de extrañar que la Junta quiera ir ahora con pies de plomo, así que el Consejo de Gobierno daba marcha atrás a una medida que el propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), había anunciado horas antes en Twitter, evidenciando que se había tomado sin las cautelas necesarias. Un ejercicio de descoordinación interna que tenía su máxima expresión en el vicepresidente Juan Marín (Cs), que minutos antes de entrar en la reunión que tumbaba la medida la defendía sin atisbo de dudas en una entrevista al programa Espejo público, de Antena 3.
“Tendremos que acostumbrarnos y normalizar” este requisito, afirmaba, además de equipararlo con mostrar el DNI en un avión o el AVE. De paso, anunciaba su próxima exigencia para “ir a un estadio de fútbol o de baloncesto”, confirmando así la intención de la Junta de extender la aplicación de esta medida. Así lo apuntó también Bendodo, que puntualizaba que “de momento” la intención es pedir este certificado sólo para entrar en los locales de ocio. Y aunque está convencido de que “acabará imponiéndose poco a poco”, ahora apelaba a la prudencia al señalar que “entrará en vigor si lo tiene a bien el TSJA cuando nos conteste”.
Para abundar en las muestras de descoordinación, Marín fue preguntado sobre cómo ha recibido la medida el sector del ocio nocturno, a lo que respondía que “no lo sé, todo el mundo no va a estar de acuerdo”. Poco después, Bendodo aseguraba que se había negociado con los este colectivo y que otra de las bondades del tiempo de espera que ahora se abre hasta que se pronuncie el TSJA es “prudente y oportuno” porque “permite a los empresarios ganar tiempo para adaptarse a las circunstancias”.
Un colectivo, por cierto, que hablaba por mediación del vicepresidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Salas de Fiestas y Discotecas (Andalucía de Noche), Juan Rambla, quien antes del anuncio del frenazo de la medida reclamaba un aplazamiento de la misma y la definía como “precipitada” y adoptada “sin consenso”. De paso, le daba la vuelta a la tortilla: si con esta exigencia los interiores de los locales se van a convertir en espacios seguros de Covid, “que se nos dé la potestad de ampliar horarios, quitar algunas limitaciones o volver el acceso al interior más atractivo”. Otros representantes de este colectivo empresarial tildaban de “desproporcionado” un requisito que les penaliza cuando la quinta ola “es culpa de los botellones”.
Otro factor a tener en cuenta es el de Vox, aliado parlamentario del Gobierno de la Junta y que ponía el grito en el cielo ante “un nuevo atropello de los derechos de los andaluces”, además de que “acabará por hundir” a los sectores de la hostelería y el ocio nocturno. “El pasaporte Covid es una salvajada y desde Vox lo rechazamos rotundamente”, reiteraba el diputado autonómico y secretario general del grupo parlamentario verde, Francisco Ocaña, que amenazaba con acudir a los tribunales si no mediaba rectificación.
Esta advertencia era aprovechada por el PSOE para cargar contra un Gobierno andaluz al que reprochaba su “improvisación permanente, falta de coherencia y de seriedad” y su dependencia de “unos negacionistas y radicales como Vox”. “Sólo ha tenido que mediar la intervención de la ultraderecha y su amenaza a Moreno Bonilla para que como siempre se haya acobardado y haya decidido rectificar”, incidía el parlamentario Mario Jiménez.
El certificado Covid digital de la UE, en vigor desde el 1 de julio en todo el territorio nacional, recoge la pauta de vacunación, el certificado de recuperación o una prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) Covid-19 negativa en las últimas 72 horas. En el caso de Andalucía, se puede descargar a través de ClicSalud+, de la app Salud Andalucía o en los propios centros de salud.
Lo cierto es que varios de los países de nuestro entorno han comenzado a solicitar el certificado Covid a la hora de acceder a locales de ocio y hostelería, como Italia (a partir del 5 de agosto), Portugal, Francia (el proyecto de ley está en debate parlamentario) o Grecia, donde se aplica desde mediados de julio. La cuestión ahora es si la justicia andaluza lo ve con los mismos ojos o si el Gobierno andaluz tiene que guardar la medida en un cajón y buscar otras alternativas.
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