La organización Ecologistas en Acción ha dicho sentirse “obligada” a convocar a los medios de comunicación ante la “omisión de información y falta directa a la verdad” que le achacan al consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela. Coincidiendo con el día en que la Junta de Andalucía ha aprobado la autorización ambiental para la apertura de la mina de Aznalcóllar, el grupo ecologista ha convocado una rueda de prensa en aras de evidenciar las incongruencias que ellos encuentran en los informes presentados desde 2015 por la empresa responsable del nuevo proyecto de explotación del yacimiento de Aznalcóllar, Minera los Frailes.
El encargado de informar a los medios ha sido Isidoro Albarreal, responsable del área de minería de Ecologistas en Acción, quien ha acusado al Gobierno andaluz y a la compañía minera de “mentir descaradamente”. “Nos toman por tontos”, ha afirmado, en referencia a la promesa que abanderan de que el vertido al estuario del Guadalquivir con aguas contaminadas con metales pesados, implícito en el proyecto de reapertura, será “casi potable”.
Ecologistas en Acción denuncia también que la concesión de los derechos mineros cedidos en 2015 al consorcio Minorbis-Grupo México (la alianza empresarial que fundó la sociedad instrumental de Minera los Frailes) fue fraudulenta, por cuanto se encuentra inmersa en un proceso por el cual se celebrará en 2025 un juicio oral en el que hay imputados 14 funcionarios y dos empresarios. Albarreal ha querido también hacer referencia a “la falta de memoria” de la administración al conceder la licencia a una empresa que en 2014 fue responsable del mayor desastre ecológico de México, un vertido tóxico en el río Sonora.
Además, los ecologistas advierten de que Minera Los Frailes lleva incumpliendo los términos de la concesión relativa al complejo de Aznalcóllar “desde 2015”, pues estaba obligada a hacerse cargo de los pasivos ambientales acumulados en la corta tras la rotura de la balsa de residuos que desencadenó en 1998 un desastre ambiental sin precedentes en Europa. Para ello, estaba obligada a mantener y tener en funcionamiento la antigua depuradora para tratar las aguas de contacto, pero “desde 2015”, dicha instalación “no funciona” con el consecuente vertido de aguas “sin control” desde el recinto al río Guadiamar, según denuncian los ecologistas.
Otro de los puntos a los que ha hecho referencia Jorge Paradela, y que los ecologistas han querido matizar, es la inexistencia de una balsa de lodos. Sólo el 50% de los lodos mineros procedentes de la extracción van a ser usados para rellenar galerías abandonadas (backfilling), mientras que la otra mitad será vertida a la ya mencionada corta de Aznalcóllar, pero sin reconocerse su condición de balsa de lodos mineros. Esta denominación, lejos de ser trivial, permite a la empresa minera no tener que presentar documentos propios de estas balsas como el Plan de Emergencia Exterior ante posibles roturas, grietas, rebosamientos o vertidos accidentales, según Albarreal.
La Consejería asegura que en la fase preoperacional se realizarán más de 15.000 analíticas sobre el vertido al Guadalquivir, unos datos que, como señala el responsable del área de minería del grupo ecologista, se contradicen con la documentación que presenta la propia empresa en sus reuniones con los organismos de la zona, que cifra estos controles en 1.116, un dato ostensiblemente menor que el planteado por Jorge Paradela en la Comisión de Industria, como le reprochan desde Ecologistas en Acción.
Esta organización también ha querido hacerse eco en su comparecencia ante los medios de “las continuas aseveraciones por parte de la empresa, el alcalde de Aznalcóllar y las autoridades de la Junta de Andalucía de que el agua que se pretende verter en el Guadalquivir es casi potable”. Una afirmación que, en palabras de Isidoro Albarreal, “es tomarnos por tontos”, pues el responsable del área de minería de Ecologistas en Acción considera que no es creíble que el agua, en caso de que estuviera en tales condiciones de salubridad, no fuese aprovechada para el riego en los entornos colindantes “antes que hacer una inversión en una tubería de 30 km para hacer el vertido directamente al Guadalquivir”, como se ha proyectado.
La organización ecologista ha querido recalcar que los informes de salubridad y vertidos a las aguas se hacen “a posteriori”, y que muchas veces “las sanciones incluso están incluidas dentro de las cuentas de resultados de las propias minas”. Ante esto, Albarreal ha querido instar a la Junta a revocar la primera concesión, a hacerse cargo de la gestión de los pasivos ambientales y sobre todo del agua, “para aprovecharlo más allá de las actividades de rédito económico”.
El responsable del grupo ecologista también ha querido mencionar el proyecto de Refinería Polimetálica de Cobre Las Cruces y el litigio que mantiene con Ecologistas en Acción. La organización inició un recurso en lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra todas las autorizaciones principales del proyecto.
Entre otras, las denuncias recogidas aluden a la cantidad de agua usada en el proyecto, que triplica la actual y que actualmente son reservas para consumo humano en estaciones de sequía. También se hace referencia a los vertidos de aguas contaminadas con metales pesados que tendría la nueva Planta de Beneficio, y ambos procesos se encuentran ya en su última fase.
Finalmente, Albarreal ha querido llamar la atención a las empresas por “reírse de las sentencias firmes”, como son las escombreras declaradas ilegales en 2020, reabiertas para el proyecto y la recalificación de los terrenos donde se ubica la Planta de Beneficio pese a la resolución de 2023. Por todo ello, ha afeado a la Consejería la “falta de rigor” en la evaluación ambiental de la zona de especial conservación, plasmada en un informe “con sinsentidos flagrantes”.
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