Abengoa, la empresa de ingeniería más puntera y de Andalucía, ha solicitado este lunes en un juzgado de Sevilla la declaración del concurso de acreedores (la antigua quiebra) tras encallar el acuerdo con la banca acreedora para la reestructuración de su deuda, que esta vez no ha accedido a dar un nuevo plazo para el cierre de la operación. Al no haber acuerdo, y ante la negativa del Gobierno andaluz de reflotar la empresa, el consejo de administración de Abengoa ha anunciado que tira la toalla.
Este lunes por la mañana la compañía informaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que el acuerdo de reestructuración, alcanzado en agosto por el anterior consejo de administración y al que se sumaron los consejeros que les sucedieron tras el cese los miembros del anterior órgano de dirección, quedaba resuelto y la operación anunciada no podía ser ejecutada. Ya por la tarde se ha confirmado la decisión de presentar un concurso de acreedores, el escenario que más temían los sindicatos y los trabajadores.
El secretario general del mayoritario UGT FICA Sevilla, Manuel Ponce, avanzaba a Efe por la mañana que Abengoa podría quedar en manos de un juez mercantil y, con ello, dar al traste el plan de viabilidad para salvar la empresa, al tiempo que ha censurado que las trabas actuales procedan de los accionistas minoritarios.
Abengoa SA, que es la sociedad que cotiza -aunque está suspendida de cotización desde julio-, está en causa de disolución desde el pasado 19 de mayo, al arrojar un patrimonio negativo de 388 millones de euros, y solicitó el preconcurso de acreedores a finales de agosto.
A principios de ese mes, la compañía, presidida entonces por Gonzalo Urquijo, había alcanzado un acuerdo con la banca que contaba con el visto bueno del ICO, pero que incluía también la aportación de 20 millones de la Junta de Andalucía.
La idea era firmar la reestructuración antes del 30 de septiembre, pero el dinero comprometido por la Junta nunca llegó con el argumento de que no tiene “mecanismos jurídicos” para conceder una ayuda directa a una gran empresa.
Posteriormente, el Banco Santander se ofreció a poner esa cantidad para salvar la compañía antes de que acabara 2020.
Las prórrogas para el cierre de la operación se han venido sucediendo y el pasado 1 de febrero se extendió el plazo para firmar la operación, por última vez, hasta el 19 de febrero.
UN CONSEJO DEPUESTO POR LOS CRÍTICOS
Las condiciones de la refinanciación ha sido objeto de disputa entre las distintas facciones del accionariado de Abengoa.
En noviembre, la junta general de accionistas de Abengoa aprobó el cese del consejo de administración por su gestión de los acuerdos para la reestructuración de la deuda y dejó la operación acordada en el aire.
Ese día no se permitió votar la propuesta que llevaban los críticos para nombrar nuevos consejeros -entre ellos a Marcos de Quinto, exdirectivo de The Coca Cola Company y exportavoz económico de Ciudadanos, para presidir el consejo- con lo que su nombramiento quedaba aplazado para otra junta ya convocada para diciembre, en la que se iba reducir el número de consejeros.
Antes de esa junta, los críticos, encabezados aún por De Quinto, aseguraban haber alcanzado un acuerdo con los principales acreedores para asegurar su viabilidad y que implicaba vaciar la matriz y trasladar la actividad a la filial Abenewco 1, que controla el negocio clave de la empresa.
El acuerdo iba a dar a los accionistas una participación del incremento de valor que se generara en los próximos años y la entrada en el consejo de Abenewco 1, pero ello no convenció a todos los críticos.
Los accionistas agrupados en AbengoaShares rechazaron la propuesta a pesar de que la cúpula del grupo la aprobó, loque forzó la salida de dos de sus tres miembros, entre ellos De Quinto.
En la junta celebrada el 22 de diciembre se eligió a tres miembros propuestos por AbengoaShares: Juan Pablo López-Bravo, que fue nombrado presidente; Margarida de la Riva Smith y Jordi Sarrias, que dimitió en enero por conflictos de interés.
Justo un día después, ese nuevo consejo advirtió de las “consecuencias irreversibles” que tendría no firmar la refinanciación este mismo año y consideró que el acuerdo alcanzado con la banca en agosto era “la mejor y única solución”.
ESCISIÓN EN ABENGOASHARES
Así, parte de AbengoaShares constituyó una sindicatura de acciones y se convocó una junta para el 4 de marzo con la intención de cesar al nuevo consejo y sustituir al nuevo presidente Juan Pablo López-Bravo por Clemente Fernández, para cuyo nombramiento aseguran que hubo un pacto que los consejeros que están ahora en el consejo no han respetado.
Los accionistas críticos se oponen a una reestructuración que dejaría su participación en Abenewco 1 por debajo del 3 %, frente a entre el 20 % y el 38,5 % que ellos reclaman tener en la filial, además de poner como condición que la matriz no quiebre, algo que se ve complicado.
Los bancos y el Gobierno han tratado de llegar a un acuerdo con el nuevo equipo de la compañía desde comienzos de año.
Sin embargo, este lunes Abengoa daba a conocer que no habría más prórrogas y anunciaba una reunión “inminente” de su consejo, integrado ahora por López-Bravo, De la Riva Smith y el secretario.
ABENGOA YA EVITÓ EN 2016 EL CONCURSO DE ACREEDORES
Abengoa ya se vio en 2015 al borde la quiebra y anunció un preconcurso de acreedores, que de haber pasado a concurso le habría llevado a protagonizar la mayor quiebra en la historia de España, con 9.000 millones de deuda bruta financiera y deudas a proveedores superiores a 5.000 millones.
En octubre de 2016, dos días antes de que cumpliera la prórroga del preconcurso, lograba suficientes adhesiones al acuerdo de reestructuración, que preveía la inyección de 1.170 millones.
Los accionistas de entonces vieron diluida su participación al 5 %, mientras que los acreedores y nuevos financiadores se quedaron con el 95 % restante. La presencia de los Benjumea y otras familias históricas quedó en alrededor del 1,5 %.
La antigua Abengoa facturaba anualmente unos 7.000 millones y empleaba a 32.000 personas, pero tras vender activos, reducir estructura y volver a centrarse en el negocio de construcción e ingeniería, mueve 1.500 millones y cuenta con unos 14.000 trabajadores.