El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno ha subido el precio del comedor escolar, el aula matinal y las actividades escolares en pleno agosto, dos meses después de que las familias matriculasen a sus hijos en el segundo ciclo de Infantil, donde más del 95% solicita estos servicios de conciliación. Es la tercera subida consecutiva de precios –un encarecimiento acumulado del 8,7%–, que la Junta atribuye a la escalada inflacionista que estrangula a las escuelas infantiles andaluzas.
El dilema de Moreno era, por tanto, difícil de resolver: el presidente andaluz abandera un discurso económico con tres vértices claros: la bajada generalizada de impuestos como reclamo para que las rentas más altas del país muden su domicilio fiscal a Andalucía (la Junta también ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno de Pedro Sánchez), el apoyo a las clases medias y el impulso a las pymes, que representan más del 90% de las empresas de Andalucía.
El equilibrio es complicado: aumentar los precios públicos que pagan las familias por los servicios escolares complementarios beneficia a las pymes que gestionan dichos servicios, pero perjudica a las clases medias, aunque el sobrecoste no afecte a los hogares vulnerables que reciben una bonificación total o parcial del precio público, como ha recordado la Consejería de Desarrollo Educativo para justificar la última revisión al alza de las tarifas.
Los datos de vulnerabilidad tampoco son claros en Andalucía, donde hay en torno a 750.000 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria: el 65% de las familias recibe alguna bonificación de la Junta para abaratar el coste del comedor escolar (hasta la gratuidad total); pero el 35% restante lo paga total o parcialmente, porque su umbral de renta está por encima del tope que fija el Departamento de Educación para acceder a estas ayudas: el precio del comedor escolar el próximo curso rondará los 100 euros al mes.
Las familias que pagan son aquellas que perciben más de 32.000 euros de ingresos en un hogar tipo con dos hijos, o que acreditan 27.800 euros de ingresos con un solo hijo (tres miembros). Es lo que el exconsejero andaluz de Hacienda y hoy vicesecretario económico del PP nacional, Juan Bravo, llamó “clases medias”.
Las bonificaciones de Educación –en diez tramos del 10% al 90% del coste público del servicio– no se calculan con el IRPF, sino con el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), y se aplican a familias con una renta per capita inferior al 0,5 de dicho indicador. En el curso 2021/22 esa renta ascendió a 7.519,59 euros al mes.
El Presupuesto andaluz en vigor, el primero diseñado por el Gobierno con mayoría absoluta del PP, fue descrito por el presidente como “el presupuesto de las familias, volcado en protegerlas y ayudarlas” contra la inflación. A la vez que la Junta suprimía el impuesto al Patrimonio, que pagaban los 20.000 andaluces más ricos de la región, se deflactó la tarifa del IRPF en los primeros tres tramos de renta autonómica –entre 12.450 y 35.200 euros–, con el objetivo de que “los incrementos en los salarios no supongan un mayor pago de impuestos”.
La Consejería de Hacienda calculó un ahorro global de 70 millones de euros al año para las familias “de clase media”. “Esta rebaja de impuestos beneficiará a las rentas más bajas”, se dijo entonces, puesto que la primera reforma tributaria que aprobó el primero Gobierno de Moreno iba dirigida a familias con ingresos superiores a 60.000 euros (cuarto tramo). Ahora bien, el mismo tipo de familias con rentas de hasta 35.200 euros que se beneficia de esta rebaja tributaria es el que, en paralelo, debe pagar más por los servicios escolares de sus hijos en los últimos tres años. Rebaja impositiva, aumento de los precios públicos.
Antes de dar el salto a Madrid, el exconsejero de Hacienda Bravo firmó cinco presupuestos autonómicos y seis bajadas de impuestos, punta de lanza del modelo económico andaluz. El presidente andaluz viajó a Madrid para presentar su ambiciosa reforma, que incluía la supresión del impuesto de Patrimonio –una tasa que pagaban los 20.000 andaluces más ricos; un 0,6% de recaudación anual–.
No eligió el escenario al azar, sino para lanzar un “llamamiento” a las grandes fortunas censadas en la capital de España. “Ahora no tenéis excusa”, dijo, tras reconocer que había tratado su reforma tributaria con “altos ejecutivos que veranean en la costa andaluza”, y que “gracias al teletrabajo pasan medio año de sus vidas en Andalucía”.
Moreno inauguró el dumping fiscal en abierto, con altavoz en la capital de España, después de años de gobiernos socialistas andaluces afeándole al Gobierno autonómico de Madrid la misma competencia desleal con la periferia. El barón de barones del PP había llegado al Palacio de San Telmo denunciando que aquella comunidad, que en 2021 registró la renta per capita más baja del país, era “un infierno fiscal”. “Andaluces, bienvenidos al paraíso”, dejó escrito Isabel Díaz Ayuso en aquel acto de Moreno que equiparaba el modelo tributario de una de las regiones más pobres de España con la comunidad más rica.
En el paquete de incentivos fiscales que introdujo Bravo en las cuentas andaluzas aparece una medida que hoy recobra un especial interés: la rebaja en el IRPF de las familias que paguen a sus hijos clases privadas de idiomas o de informática. La Ley de Tributos Cedidos, que se elaboró al margen y sin conocimiento de la Consejería de Educación, incluyó una nueva deducción en el IRPF por gastos educativos “en la enseñanza escolar o extraescolar de idiomas e informática, o de ambas, en un porcentaje del 15% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo y con el límite máximo de 150 euros por descendiente”.
Ese incentivo fiscal ya se está aplicando en este ejercicio presupuestario y la Consejería de Hacienda podrá cifrar después del verano cuántos ingresos son detraídos de las arcas públicas por esta medida.
Entonces, también, se podrá comparar con el aumento del gasto que abonarán las familias de clase media por la tercera subida consecutiva de los precios públicos del comedor escolar, el aula matinal y las actividades extraescolares, servicios que necesitan y solicitan nueve de cada diez familias con niños en educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Los datos oficiales sobre las necesidades de las familias andaluzas en materia educativa son fluctuantes. El departamento de Educación calcula que sus subvenciones llegan a la gran mayoría de hogares vulnerables, pero un informe de Save the Children, de 2022, estima que en Andalucía hay más de 250.000 alumnos y alumnas en riesgo de pobreza y/o exclusión que no acceden a una beca comedor. Las ayudas para asistir al comedor escolar en la comunidad solo alcanzan al 11,2% del alumnado –148.429 escolares–, lejos del 28,5% que viven en situación de pobreza –409.364 menores–.
En el inicio del pasado curso escolar, casi todas las administraciones anunciaron medidas finalistas dirigidas a amortiguar el impacto de la inflación en las familias más deprimidas. El presidente Moreno presentó un cheque escolar de 100 euros por alumno escolarizado en las etapas obligatorias –Primaria, Secundaria, FP Básica y Educación Especial– para aliviar la subida de precios en los hogares más vulnerables. La medida, presupuestada en 20 millones de euros, estaba destinada a beneficiar a 200.000 estudiantes de familias con rentas inferiores a 15.000 euros.
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