“Salvar Abengoa” es un eufemismo en el que el grupo de trabajo que ultiman el Gobierno y la Junta de Andalucía deberá definir qué es viable en un conglomerado de más de 300 filiales por todo el mundo. Se trata de una información, la del “mapa” de la multinacional, que desde la empresa no facilitan ni de la que disponen los representantes de los trabajadores.
Sí se sabe que hay 27 filiales declaradas desde este mes en preconcurso de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla y, por tanto, en disolución y con cuatro meses para pactar con los que les reclaman las deudas. De estas 27, seis fueron las que la filial operativa, Abenewco 1, presentó como salvables a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y a la que reclamó sin éxito 249 millones de euros para un plan de rescate.
La clave ahora de la mesa técnica impulsada por las dos administraciones es determinar cuáles son viables de estas filiales, muchas de ellas ya sin actividad, y lograr con ello salvar el máximo de los más de 8.000 puestos de trabajo que tiene ahora la multinacional, la cuarta parte en Andalucía. Porque la pregunta es cómo una ingeniería referente en proyectos modelo para la lucha contra el cambio climático y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, capaz de desarrollar unas infraestructuras que en ocasiones solo son capaces de ejecutar dos o tres empresas en el mundo, está tan al borde del abismo.
En esa maraña empresarial, en la que a su vez pugnan los pequeños accionistas que controlan Abengoa con los mayoritarios (que son los que tienen el poder en la filial operativa Abenewco 1), ganan enteros por su rentabilidad Abengoa Energía y Abengoa Agua, que suponen la mitad de su facturación y tienen carga de trabajo actualmente, pese a la desconfianza generada por la compañía los últimos años y los problemas para conseguir avales para los proyectos.
Es más, mientras se suceden los titulares de prensa hablando de la enésima crisis de Abengoa y la amenaza para su futuro, la multinacional está en vías de precalificarse para desarrollar la mayor desaladora de África para ONEE (Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable), con una capacidad de 548.000 metros cúbicos diarios, ampliables a 822.000, para dar respuesta a la demanda de agua potable y regadío de unas 5.000 hectáreas de terreno. Será la mayor desaladora del continente africano. En consorcio con Engie, una de las principales empresas energéticas en todo el mundo, ha presentado la documentación necesaria para obtener la precalificación de la planta desaladora Casablanca-Settat. En total han sido seis los consorcios que han presentado su candidatura. Se espera la firma del contrato durante el primer semestre del próximo año.
Es un ejemplo reciente del potencial de Abengoa Agua, antigua Abeinsa, que actualmente tiene un negocio repartido por todo el mundo de 1,7 millones de metros cúbicos al día de capacidad y más de dos millones en construcción. Esta cabecera, que a su vez tiene numerosas filiales, factura más de 250 millones de euros anuales, pero se sabe, por ejemplo, que figura entre las 10 compañías de Abengoa morosas con Hacienda, en este caso con una deuda de 5,1 millones de euros, según la última actualización publicada por la Agencia Tributaria.
En este contexto se habla de interés de ingenierías como Lantania y Técnicas Reunidas por adquirir Abengoa Energía –lo que solo se podría hacer a precio de mercado– para controlar el negocio de las desaladoras donde actualmente esta última es referente, como muestra que recientemente haya iniciado la operación comercial de la que será la mayor del mundo, con una capacidad de 909.000 metros cúbicos al día. Se trata de la desaladora de Taweelah a 45 kilómetros al norte de Abu Dhabi. Garantizará el suministro a la ciudad durante todo el año y será la primera desaladora del emirato a gran escala que combine la producción de agua potable con la generación de energía limpia, gracias a la instalación de un campo solar fotovoltaico.
En cuanto a Abengoa Energía, bajo cuyo paraguas están filiales como Abengoa Solar o Eucomsa, es también morosa con Hacienda con casi millón y medio de euros de deuda. Esta filial destaca en energía fotovoltaica, donde ejecuta en estos momentos siete proyectos en distintos puntos de España que superan los 800 megavatios de potencia. Se sumarán a los 500 megavatios de fotovoltaica en proyectos ya finalizados y distribuidos por todo el mundo. En total, Abengoa Energía tiene 9,3 gigavatios de energía convencional y 2,1 de solar junto a 480 megavatios de eólica y suma una facturación de casi 300 millones de euros anuales.
El historial reciente de la multinacional Abengoa está jalonado por una multitud de arbitrajes, demandas y litigios en varios países, en su mayoría relacionados con acreedores, que tampoco ayudan a que genere confianza. En las cuentas correspondientes de 2020, se detallan los principales frentes judiciales abiertos en este sentido.
Las resoluciones más recientes son de 2021. En una primera se le niega la protección de la justicia que pedía Abengoa México, que a su vez ha recurrido, en relación a su convenio con acreedores en dicho país de 2018.
Mientras, en 2017, fue Abengoa Bioenergía Brasil la informada de una solicitud de quiebra por un acreedor. También en 2021 se ha sentenciado parcialmente a favor de su plan de recuperación, pero buena parte ha sido desestimada.
También tiene procesos de reestructuración en Perú, Uruguay y Chile. Mientras, en Marruecos se aprobó en 2020 la liquidación de Inabensa Maroc SARL, lo que supuso un impacto económico de 11 millones de euros y la salida de la compañía. Y en 2020 se presentó proceso concursal de su filial de India, con vistas varias veces aplazadas.
En Dinamarca, la Universidad de Copenhague demandó por la construcción de un edificio por su filial Inabensa. Sendas plantas eléctricas en Israel y Polonia también terminaron con demandas.
En España, destacan la investigación de la Audiencia Nacional por manipulación de contratos en el AVE a la Meca. Y, sobre todo, en este caso como demandante, el arbitraje de la compañía contra el Gobierno de España por el cambio de regulación de 2012 sobre las plantas de energía solar, por casi 1.200 millones de euros, y que fue desestimado por la Corte de Estocolmo por declararse incompetente.
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