El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos va agotar el margen de endeudamiento que el Ministerio de Hacienda ha fijado como tope de referencia para las comunidades autónomas, una vez suspendidas las reglas fiscales. Un objetivo de déficit del 2,2% del PIB, unos 3.300 millones de euros más de gasto público, que elevarían el Presupuesto Autonómico de 2021 por encima de los 40.000 millones de euros. Así lo ha anunciado, casi a regañadientes, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, un férreo defensor del equilibrio presupuestario, que no lleva en el ADN político el más mínimo desvío de la senda de estabilidad, ese rígido cinturón que ha restringido el gasto público desde 2012 (un desvío de un solo punto en el déficit de Andalucía suponen 1.500 euros a las arcas públicas).
El lunes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que reúne a la ministra de Hacienda con los consejeros del ramo de todas las autonomías, María Jesús Montero recomendó una tasa de referencia de déficit del 2,2% del PIB en 2021, del que la mitad -1,1 puntos- será asumido por la Administración central mediante una transferencia de 13.486 millones de euros. Para Andalucía, ese margen del 2,2% no será una simple referencia, sino “un objetivo, un compromiso de límite” que la Junta no pretende superar en el Presupuesto autonómico de 2021.
Es un aviso a navegantes, dado que las cuentas del año que viene se están negociando ya con los grupos de la oposición de izquierdas con visos a lograr el mayor consenso posible. Las comunidades pueden exceder el tope recomendado por el Ministerio, pero no es la intención del Gobierno andaluz: “Vamos a ser responsables con el Gobierno de España, ese objetivo del 2,2% del PIB va a fuego”, dice Bravo. Ni más ni menos.
El nuevo contexto fiscal obligará a la Junta a empezar desde cero el diseño de las cuentas del próximo año y la negociación (ya iniciada) con el resto de formaciones políticas. Bravo ha avanzado que agotar el margen de endeudamiento que recomienda el Ministerio implica rebasar los 40.000 millones de euros en los Presupuestos de 2021 [el presente ejercicio ronda los 38.500 millones].
En la práctica, las cuentas andaluzas del próximo año deberían parecerse mucho a las del presente ejercicio, aprobadas antes de la pandemia. La Junta no va a cometer “excesos”, pero prevé agotar el nuevo déficit para “mantener los compromisos de 2020”, que ya fue un presupuesto expansivo en sanidad y educación [1.200 millones más en sanidad y 650 millones más en educación]. Se congela la nueva bajada de impuestos prometida -mantendrán el ajuste del IRPF aprobado este año-, se descarta una subida de tasas -también recomiendan al Gobierno central no hacerlo- y esperarán a que el Ministerio confirme si finalmente congela el salario de los funcionarios, como se barajó desde Madrid.
Una vez hecho este anuncio -casi de pasada- el consejero de Hacienda se ha extendido en un encendido alegato en favor de las políticas de austeridad y contención del gasto público que inició el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en plena crisis financiera de 2008, que continuó el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y que este martes se han dejado temporalmente en suspenso (2020 y 2021). Bravo está “preocupado”, y siente la necesidad de repetir una y otra vez las advertencias sobre el “gasto disparado”, esgrimiendo el fantasma de la última crisis económica [2008-2015], la asfixia financiera y los recortes públicos que tuvo que aplicar Zapatero entonces. “Amenaza para la sostenibilidad de la deuda”; “Peligrosa barra libre para las comunidades” son algunos de los titulares de la prensa especializada tras la suspensión de las reglas fiscales, que el consejero se ha llevado consigo a la rueda de prensa para hacer pedagogía del control de gasto.
El miedo del consejero de Hacienda es que el Estado español, las comunidades autónomas, “pierdan credibilidad” ante los mercados y los organismos de control internacional, si junto a la relajación del déficit ahora, para hacer frente al impacto de la pandemia en las políticas sociales, no hay un plan de regreso a la senda de estabilidad en los próximos ejercicios. “Este gasto lo pagarán las generaciones futuras, hay que hacerlo con cabeza, porque esto ya lo hemos vivido. El riesgo es que dejemos de ser creíbles. Nos la jugamos todos. Defendemos el céntimo, lo llevamos en la cartera, creemos en él. Apostaremos por la sanidad pública, pero con control”. Con tantas advertencias, Bravo ha tenido que responder varias veces a la misma pregunta: ¿se va a usar el nuevo margen de déficit para reforzar la sanidad y la educación públicas? “Posiblemente sí, mientras dure la Covid”, ha terminado por decir, subrayando que “todos los grupos del Parlamento han pedido estas prioridades”. “En ningún caso irá a gasto corriente”, añadió.
Nuevas reglas
El Ministerio de Hacienda ha suspendido las reglas fiscales para 2020 y 2021, permitiendo a las comunidades desprenderse del corsé del plan de estabilidad presupuestaria -objetivo de déficit y deuda pública- que ha limitado muchísimo el gasto público en los últimos años. Esas restricciones, que ya quedaron obsoletas de facto tras el impacto de la pandemia y la subsiguiente crisis económica, desaparecen ahora del marco legal inmediato (se posponen), y permiten a los gobiernos regionales diseñar sus presupuestos con números rojos, para cubrir las enormes necesidades que ha provocado el virus en la sanidad y la educación públicas, en empresas y trabajadores en paro.
Esto lo ha cambiado todo, es un giro copernicano de la actual situación política y económica que llega justo en la antesala del diseño de los Presupuestos Generales del Estado y de los Presupuestos de Andalucía para 2021. Para el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla, defensor acérrimo del equilibrio entre ingresos y gastos, supone resetear el discurso de los últimos meses. Desde el pasado 31 de julio, cuando se celebró la última Conferencia de Presidentes Autonómicos, Moreno y todos sus consejeros vienen reclamando a Pedro Sánchez el mismo objetivo de déficit que pactó con el País Vasco: un 2,6% del PIB, cuando el tope permitido para las comunidades de régimen común era del 0,2%. En estos dos meses han denunciado reiteradamente el “agravio” y el “maltrato” a Andalucía.
Bravo explicó hace unas semanas que a Andalucía ese 2,6% del déficit le supondrían 4.100 millones de euros más en capacidad de gasto -en vez de los 300 millones del 0,2% del PIB- y aseguró que los andaluces “no entenderían que no peleáramos con toda la fuerza posible por esos 4.100 millones”. No obstante, el consejero de Hacienda fue menos entusiasta que otros consejeros de gabinete en esta estrategia de confrontación con el Gobierno central, no llegó a decir, por ejemplo, que esos 4.100 millones “podrían servir íntegramente para contratar a miles de médicos”. Al contrario, este martes ha tratado de explicarle a sus compañeros de partido que todo ese dinero no implica inversión directa, y que el nuevo escenario fiscal no puede entenderse “como una fiesta”. “No vamos a tener un margen de crecimiento y gasto extraordinario”, reitera Bravo, sino para “igualar” las cuentas de este año.
Nuevo pulso: fondos europeos
En cualquier caso, ahora la Junta tiene vía libre para disponer de ese nivel de endeudamiento para invertirlo en sanidad, educación y políticas sociales, como han venido reclamando en referencia al déficit vasco. No hace ni seis días que el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, aseguró que con un margen del “dos y pico por ciento de déficit”, Andalucía podría acercarse al Presupuesto que necesita en este momento“. La primera reacción pública de Bravo tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del lunes fue la cautela y la responsabilidad. Ahora que la pelota está en el tejado del Gobierno andaluz, los de Moreno recuerdan su compromiso con la senda de estabilidad y han enfriado el entusiasmo que hace tan sólo una semana ostentaban cuando reclamaban el déficit vasco del 2,6%.
La Junta abandona el pulso con el Ejecutivo central sobre el déficit para centrar sus esfuerzos en el reparto de fondos europeos que Bruselas ha asignado a España -140.000 millones de euros- y que Sánchez quiere pactar con las autonomías. El llamado fondo Next Generation para dinamizar la economía tras la severa crisis provocada por el virus está vinculado a proyectos estratégicos para el futuro de la UE -digitalización, agenda verde- y Andalucía quiere optar a esas partidas con un alcance de 23.000 millones de euros. El Gobierno de Moreno ha hecho este cálculo extrapolando a su territorio los tres criterios que Bruselas ha usado para distribuir los fondos anti covid entre los países miembros: población, PIB y paro.
La distribución de proyectos e inversión será el tema que el presidente Sánchez lleve a la próxima Conferencia de Presidentes Autonómicos, el 26 de octubre. Moreno ha fijado una semana antes el Debate del Estado de la Comunidad Andaluza, los días 21 y 22 de octubre, para poner el foco en el reparto de fondos europeos, con ánimo de llegar al encuentro de Sánchez con el refrendo del Parlamento andaluz, o al menos con una amplia mayoría. La oposición de izquierdas y su aliado de legislatura, Vox, ya le han acusado de urdir esta estrategia para desviar el debate de la gestión de la pandemia y le exigen que acuda a la Cámara a “rendir cuentas” de su último año de gestión, que es el objeto de este debate anual, según el reglamento del órgano legislativo.
El departamento de María Jesús Montero ha activado la cláusula de escape de la Ley de Estabilidad que permite, en caso de situación excepcional como esta pandemia, dejar en suspenso los objetivos de déficit y deuda que limitaban el gasto público de las administraciones. Esta decisión, según la ley, debe ser refrendada por la mayoría absoluta del Congreso. El consejero andaluz de Hacienda, que también forma parte de la ejecutiva del PP de Pablo Casado, asegura que “no vamos a votar en contra”, pero sí espera que Montero acuda a la Cámara a explicar cuál será la senda para la consolidación fiscal “en los próximos años”.
En paralelo al Consejo de Gobierno andaluz, el Consejo de Ministros daba luz verde a una subida sin precedentes del techo de gasto -en torno al 53%- hasta los 196.000 millones de euros, un margen holgado para que los ministerios diseñen sus políticas en los Presupuestos Generales de 2021. Las previsiones macroeconómicas del Gobierno estiman una caída del PIB del 11,2% para 2020 y un rebote de la economía del 7,2% en 2021. El Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos ha hecho dos lecturas del nuevo marco fiscal: los socialistas son más cautelosos, los de Pablo Iglesias han anunciado “el fin del austericidio” y “un paso clave para unos Presupuestos expansivos”. Entre ambas lecturas se centrará la negociación de las cuentas del Estado para el año que viene, que no depende exclusivamente de los partidos del Gobierno.