Los jóvenes andaluces que quieran emanciparse tienen que subrayar en rojo una fecha, la del 14 de septiembre. A partir de ese día, los menores de 35 años podrán solicitar el aval hipotecario de la Junta de Andalucía para la adquisición de su primera vivienda. Así lo ha anunciado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, durante la Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía, que ha recordado que la medida tendrá oficialidad una vez se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
La consejera de Fomento ha recordado que los jóvenes interesados podrán acudir a las oficinas de cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras “para solicitar, sin coste alguno, la concesión de esta garantía hipotecaria”, que va a suponer “un importante balón de oxígeno para muchos jóvenes andaluces, a los que vamos a ayudar a afrontar el titánico esfuerzo de comprar su primera vivienda”.
Díaz ha remarcado, según se indica en nota de prensa, que el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha puesto en marcha el programa Garantía Vivienda Joven consciente de que “obtener una vivienda es de los mayores problemas a los que se enfrentan los jóvenes”, sobre todo en una época en la que “se sufren grandes dificultades para ahorrar las cantidades necesarias para abonar la entrada de la vivienda, los impuestos y demás gastos de compraventa y financiación”. La titular de Fomento ha señalado asimismo que el aval hipotecario de la Junta de Andalucía reducirá a la mitad, de tres años a año y medio, el tiempo que necesitan los jóvenes para ahorrar el pago de la entrada de la vivienda.
Los jóvenes podrán solicitar el aval hipotecario en cualquiera de las cerca de 2.500 oficinas de las ocho entidades bancarias acogidas al programa: Caixabank, Cajamar, Cajasur, Caja Rural de Granada, Caja Rural del Sur, Ibercaja, Santander y Unicaja. Para optar a esta garantía hipotecaria, los solicitantes deberán estar empadronados en un municipio de Andalucía, tener hasta 35 años y destinar la vivienda a domicilio habitual durante al menos dos años. Solo se prestarán garantías hipotecarias para adquirientes de primera vivienda, ya sea libre o protegida; o sea nueva o usada.
El programa Garantía Vivienda Joven se enmarca dentro del Plan Vive en Andalucía 2020-2030 y cuenta con una partida de 20 millones de euros. Con este programa, el Gobierno andaluz pretende hacer frente a uno de los principales problemas a los que se enfrentan los jóvenes como es el acceso a la primera vivienda, agravada por las dificultades de ahorro a las que se han visto sometido en los últimos años por la precariedad laboral, los bajos salarios, el índice de desempleo o la crisis financiera.
Este escenario ha hecho que, aunque tengan ingresos, no han podido ahorrar lo suficiente para la entrada, así como los impuestos y demás gastos que la compraventa y la financiación conllevan.
La medida se aplicará para viviendas con un precio de referencia máximo de 295.240 euros con carácter general, si bien ese límite se vería incrementado en un 20% (lo que eleva la cifra hasta 354.000 euros) para viviendas con clasificación energética A o B, conforme a la normativa. También es un requisito indispensable encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Con el préstamo preconcedido, la Junta de Andalucía resolverá la concesión de la garantía y, posteriormente, quedará concedido el préstamo. Con la partida inicial, se estima que el programa Garantía Vivienda Joven alcance a unos mil jóvenes, cifra que se irá incrementando a medida que se vayan amortizando los préstamos.
Este programa no solo facilita el acceso a la vivienda a los jóvenes, sino que incide en el impulso de la actividad económica, del empleo y de la actividad financiera; influyendo no solo en el sector de la construcción, sino también en otras actividades que van desde el mobiliario hasta la puesta en uso de la vivienda adquirida. Todo ello genera puestos de trabajo directos e indirectos, pero, además, significa también un retorno a las arcas públicas por los impuestos y tasas que gravan la actividad.
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