Este jueves era día grande para Unicaja. El banco malagueño, inmerso en una crisis de gobernanza y de reputación personalizados en el todavía poderoso Braulio Medel, era protagonista de la actualidad en tantos lugares que un observador no sabía bien dónde mirar.
En la sede social se celebraba la primera Junta General de Accionistas desde que se materializó la absorción de Liberbank. Mientras, a pocos metros, el Pleno del Ayuntamiento de Málaga votaba un rapapolvo al banquero, para pedirle que se aparte mientras se le investiga. Se aprobó por unanimidad. Y en Antequera, Medel trata de hacer más dulce su trago más amargo: el Patronato de la Fundación de Unicaja (principal accionista del banco) tiene que contratar esa investigación a una auditoría externa, que evaluará la “idoneidad” y “honorabilidad” de su presidente, que no es otro que el propio Medel. Sobre esta reunión, el hermetismo era absoluto, hasta el punto de que la Fundación no confirmaba ni siquiera que fuese a celebrarse, mucho menos la hora. Pero el hecho es que reunión hay, y Medel ha acudido a pesar de la probable imposibilidad de votar en los puntos que le afectan.
El examen más fácil
Unicaja Banco resolvió las cuestiones sobre la mesa de la Junta General de Accionistas por la mañana. En realidad, era el examen más fácil, porque los que mandan tenían mayoría holgada. La dirección del banco logró también la continuidad de los cuatro consejeros dominicales procedentes de la Fundación, cuya continuidad fue puesta en duda el pasado diciembre, y el nombramiento de dos nuevos independientes, después de las dimisiones producidas en los últimos meses.
También aprobó sus resultados de 2020 (1.113 millones de euros, incluido fondo de comercio y costes de reestructuración laboral y de oficinas) y su beneficio neto: 147 millones de euros, el 47% más que en 2020, de los cuales 67,3 se repartirán en dividendos. Por último, Manuel Menéndez, consejero delegado, presentó Plan Estratégico 2022-2024, aprobado en diciembre.
Sin embargo, la atención estaba puesta en otro asunto que condiciona el devenir del banco. Los actuales gestores tuvieron que hacer frente a las críticas de todos los accionistas que tomaron la palabra, a pesar de los intentos por contenerlas.
El presidente Manuel Azuaga intervino para reconvenir a los accionistas que pretendían comentar en la Junta de Unicaja Banco la crisis de gobernanza en su principal accionista, Fundación Unicaja. “No me voy a pronunciar sobre las cuestiones relativas a Fundación Unicaja”, advirtió. Cumplió su propósito, pero no logró que quienes intervenían, uno tras otro, aludieran de forma más o menos explícita a la crisis de la Fundación, que “está impactando en la reputación del banco”, tal y como recordó Maribel Casquet, de CCOO.
Azuaga sí aseguró que el supuesto traslado de la sede social de Unicaja a Madrid es “una noticia falsa”.
Tres puntos de atención
Sobre los tres escenarios planeaban algunas claves comunes. La vinculación del banco a Málaga y Andalucía, puesta en duda por el poder adquirido por la parte asturiana del banco, Manuel Menéndez y Liberbank. La situación de la plantilla, inmersa en un ERE que culminará con las salidas de 1.513 trabajadores hasta 2024. Y el notable arraigo del banco a Málaga y Andalucía, ahora cuestionado hasta el punto de que se hable de un eventual traslado de la sede social a Madrid.
Como clave de bóveda, los manejos de Medel al frente de la Fundación, principal accionista de Unicaja Banco con el 30,24% de su capital social. Medel es objeto de una investigación de la Fiscalía por la presunta comisión de delitos de apropiación indebida y administración desleal cuando era presidente de Unicaja Banco, y está en el disparadero. Hace unos días, el Protectorado de las Fundaciones Bancarias, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, remitió una inusual carta a la Fundación Unicaja expresando sus “serias dudas” de que reúna la “necesaria idoneidad y honorabilidad comercial y profesional para el desempeño de sus funciones”.
ERE y cierres de oficinas
Manuel Azuaga, presidente de Unicaja Banco, pretendió separar la Junta de Accionistas de la situación de Medel y la Fundación, pero no pudo. Al menos, no del todo. Tuvo que escuchar intervenciones muy duras, todas lamentando la crisis reputacional y de gobernanza del banco y la mengua de su plantilla y de su implantación territorial.
“¿Qué confianza se le pueden otorgar a unas cuentas elaboradas por un Consejo de Administración del que una parte de sus miembros, perfectamente identificados, está siendo cuestionado desde todos los ámbitos regulatorios, económicos y financieros?”, cuestionó Jesús Barbosa, Vicepresidente de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que representa al 25% y es una de las denunciantes de Medel ante Fiscalía. En este sentido, recordó que en menos de un mes han dimitido tres consejeros “de reconocido prestigio” alegando discrepancias con la gobernanza del Banco.
Barbosa puso en cuestión incluso la legalidad del proceso de absorción (acordado hace un año y ejecutado en agosto), asegurando que Liberbank no ha publicado toda su información financiera. También amenazó con interponer una acción de responsabilidad social si no se facilita el acuerdo de fusión y se da una explicación de sus presuntos incumplimientos.
¿Peligro de desarraigo?
Pero la mayor parte de los reproches que tuvieron que escuchar Menéndez y Azuaga se refirieron al temor de que la fusión y la progresiva toma de poder de la parte asturiana (en teoría, la absorbida) desemboque en un desarraigo que ya está tomando forma por el cierre de oficinas y el ERE acordado en diciembre. Este ha sido el primer gran hito del proceso de reestructuración que ha seguido a la fusión.
De aquí a 2024, 1.513 trabajadores saldrán de la entidad. Todos se han adherido voluntariamente a un acuerdo alcanzado tras dos huelgas históricas. La cifra supone un tercio más de las salidas necesarias, “porque gran parte de la plantilla no cree en el proyecto”, lamentó un representante sindical. Otros intervinientes acusaron a Menéndez de importar a Unicaja un modelo de gestión laboral basado en la “conflictividad”, con grave daño a la reputación de la entidad.
El número de oficinas, que antes de la fusión era de 1.524, pasará a 986 cuando culmine la reestructuración, un 35%. 143, gran parte de ellas en entornos rurales, se cerraron el 18 de marzo, generando protestas en los municipios afectados. Frente a las dificultades de acceso a servicios bancarios de esta población, muy envejecida, los actuales gestores reivindicaron a la banca digital, los gestores remotos, los agentes financieros y los cajeros automáticos.
“Es bochornoso que ustedes digan: ”Tenemos un compromiso con nuestros clientes y la sociedad“. Y luego la sociedad no existe. ¿Código de buena gobernanza? Si esto es un sainete… La sociedad ha hablado”, espetó Pedro Romero, que acusó a los actuales gestores de “traicionar a un pueblo”. “Yo veo a una persona sufriendo de verdad, y otra está… que le da igual. Cada uno sabe quiénes son”, dijo, en alusión respectivamente a Manuel Azuaga, presidente de Unicaja Banco y que lo ha sido todo en la entidad malagueña, y Manuel Menéndez, consejero delegado proveniente de Liberbank.
Unanimidad en el ayuntamiento de Málaga
Mientras se celebraba la Junta, Medel acudía a la reunión del Patronato que debe decidir cómo y a quién encarga el informe sobre su idoneidad, y en el ayuntamiento de Málaga se celebraba un Pleno para, entre otras cosas, pedirle precisamente que se aparte mientras se elabora ese informe. Todos los grupos del ayuntamiento (PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y el concejal no adscrito) votaron a favor de la propuesta de los socialistas. Una unidad significativa, en vista de las dudas que PSOE y PP han mostrado en otras instituciones como el Parlamento Andaluz, donde se abstuvieron en la moción que pedía impulsar su cese.