INTERINOS
La Junta de Andalucía quiere trasladar al Gobierno de España una consulta jurídica sobre la posible solución a la situación de más de un millar de interinos, algunos con décadas de servicio ininterrumpido en la administración andaluza. Al hacerlo, la Junta quiere asegurarse de que una nueva convocatoria extraordinaria tendría encaje legal y temporal en el marco de estabilización extraordinaria fijado por la Ley 20/21, que pretende reducir la temporalidad en el empleo público.
Así lo acordaron José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, cuatro de los cinco sindicatos con presencia en la mesa sectorial (CSIF, UGT, CCOO y ISA) y dos de los cuatro partidos de la oposición (PSOE y Vox), en una reunión celebrada este jueves. Se trata de “explorar las posibilidades de ampliar la aplicación de la Ley”, según la Junta de Andalucía. El objetivo es asegurar el apoyo del Gobierno central y minimizar las posibilidades de que el proceso sea impugnado, por ejemplo, por un conflicto de competencias.
Desde el punto de vista político, la elevación de la consulta al Ministerio de Hacienda y Función Pública permite a la Junta de Andalucía descargarse de parte de la presión a la que iba a exponerse en las próximas semanas, cuando deben ir cesando cerca de un millar de interinos.
La cuestión técnica radica en saber si las disposiciones transitorias de la ley 20/21 ampararían la una nueva convocatoria extraordinaria para las plazas que hayan quedado vacantes en las convocatorias anteriores, y si los plazos que marca la norma son todos esenciales o si tan solo lo es el que todos los procesos de estabilización deben haber terminado antes del 31 de diciembre de 2024. En caso de ser posible, aún debería negociarse la fórmula para proceder a esta convocatoria postrera, si por concurso-oposición o por concurso de méritos (lo que daría más facilidades a los interinos).
El consejero Nieto ya había anunciado su intención de explorar esta vía en su comparecencia del pasado 22 de marzo en el Parlamento Andaluz. Allí dijo: “Le vamos a pedir a la ministra que nos reciba y que nos diga qué encaje podemos darle a la Ley 20/21 para que sea posible encajar esta situación”, y añadió: “Si tenemos margen desde el Ministerio, usaremos ese margen”.
Durante las dos semanas posteriores, Nieto se ha reunido con interinos, sindicatos y partidos de la oposición. El martes, los sindicatos se reunieron con Lidia Sánchez, secretaria de Estado de Función Pública, pero sin citar al consejero. Fuentes sindicales explican que obtuvieron de Sánchez el compromiso de estudiar soluciones al problema, siempre que cuenten con suficiente base legal.
La reunión era muy esperada por interinos que afrontan su cese en las próximas semanas, después de haber encadenado contratos de interinidad con la Junta de Andalucía durante años (algunos, décadas), una práctica abusiva que ha sido censurada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Son 1.049 interinos en total, la mayoría mujeres y mayores de 50 años, que irán cesando a medida que tomen posesión de su plaza los denominados “opositores fantasma”, desde ahora hasta mediados de mayo.
La convocatoria por parte de la Junta de los procesos de estabilización a finales de 2019 provocó que estos no pudieran acogerse al marco excepcional establecido por la Ley 20/21, más generoso con los interinos de larga duración porque permitían cubrir las plazas mediante concursos de méritos o de concursos-oposición en los que la fase de concurso tenía mucho peso.
De esta forma, mientras los interinos de Sanidad, Educación (que van aparte), de los entes instrumentales de la administración autonómica, de las entidades locales o de las universidades han logrado estabilizar la plaza, no lo han conseguido la mayoría de los de la administración de la Junta de Andalucía. “De 1.410 plazas que sacaron, han quedado 1049 personas por estabilizar, así que es un fracaso. Andalucía es la única comunidad autónoma que no ha solucionado el problema de estas personas”, lamenta Luna, que valora ahora la predisposición de la Junta de Andalucía y del Gobierno central para procurar una solución.
Cuatro de los cinco sindicatos se oponen a estos ceses, y llevan meses advirtiendo del “drama humano” que supone el cese de cientos de interinos que llevan décadas alejados del mercado laboral y están al borde de la jubilación. Por el contrario, el sindicato SAF hace bandera del lema “a la administración por oposición”, y ya ha advertido que valorará impugnar cualquier nuevo proceso extraordinario de estabilización, que a su juicio estaría vedado por la ley y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
“La UE acusa de un abuso en fraude de ley a la administración española. Estamos en un nuevo marco, con un mandato europeo y fijado por una nueva norma estatal, sobre el que nunca se ha pronunciado el Tribunal Constitucional”, replica Rocío Luna, del sindicato ISA, que cree que hay margen para ampliar la oferta de empleo público. “Siempre decimos que falta personal en la Junta de Andalucía. Hay plazas desdotadas y otras que hacen falta”.
Los sindicatos y la consejería pulían este jueves la formulación de las cuestiones a plantear al Ministerio, a cuyo visto bueno se encomienda ahora la solución que esperan un millar de interinos al borde del cese.
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