Jesús, un joven granadino de 27 años que trabaja como PAS (personal de administración y servicios) en una universidad privada andaluza, está intentando comprarse una vivienda. “Estoy intentando comprar una vivienda porque ya tengo 27 años, una estabilidad, y la idea de compartir piso es cada vez menos atractiva para mí”, defiende.
Cuenta que cuando se lo empezó a plantear, su principal inconveniente fue “la entrada de un 20% que te piden los bancos para la hipoteca”, pero que conforme ha ido teniendo ahorros y ha ido viendo la opción de compra como algo cada vez más cercano, ha visto que hay otros muchos factores a tener en cuenta. Reivindica que hipotecarse en Granada capital es “una locura” porque “los pisos que encuentras a la venta aquí están pensados para que, o los tengas como pisos turísticos o para estudiantes”. Entonces, esto supone que muchísimos pisos de los que ha encontrado sean “de unos 70-80 metros, no hayan tenido ninguna reforma desde que los hicieron, pero aún así valgan unos 180.000-200.000 euros”. Por otro lado, dice que si te planteas la idea de irte a vivir a alguno de los pueblos colindantes, “ya tienes que tener en cuenta otros factores, como el desplazamiento diario”, lo que, al final, vuelve a incrementar los gastos mensuales.
Cree firmemente que hay un problema real de acceso a la vivienda entre los jóvenes andaluces. “En todo mi entorno, de personas trabajadoras cercanas a los 30 años y con estabilidad económica, ninguno aún hemos podido acceder a una hipoteca”. Opina que esto se debe principalmente “al precio prohibitivo de la entrada” y a “las condiciones que se aplican que hacen imposible que, aunque tus padres puedan apoyar para la entrada, luego puedas hacer frente a dichas condiciones con tu sueldo”.
Jesús es uno de los jóvenes andaluces que, debido a la precariedad laboral, los bajos salarios, el alto índice de desempleo y las recientes crisis financiera y la pandemia, no consiguen ahorrar lo suficiente como para hacer frente al pago de una entrada para una hipoteca. Para ello, la solución de la Junta de Andalucía es dar un aval del 15% a esos jóvenes y, junto a las entidades financieras colaboradoras, ayudar a que ese acceso a la compra de una primera vivienda sea más fácil.
Esta ayuda está pensada para los andaluces de hasta 35 años. Pero, según datos de la Junta, en Andalucía solo el 4,5% de las personas menores de 24 años viven emancipadas, por tanto, defienden, la ayuda está más enfocada al grupo de jóvenes situado entre los 25 y los 35 años.
Según datos oficiales de población de la Junta de Andalucía, son aproximadamente un millón el grupo de personas que comprenden ese tramo de edades en la comunidad autónoma y, de ellos, el 45,6% no se ha ido de casa, lo que supone alrededor de 475.000 jóvenes. Aunque no se especifica cuántos de esos jóvenes emancipados verdaderamente tienen una vivienda en propiedad o viven de alquiler, la Junta en sus cálculos solo apunta a los aún no emancipados, el 44,4% (211.000) y que trabajan a tiempo completo. Felipe Castro, director gerente de EMVISESA (Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla), cuestiona que quizás “el diagnóstico se haya quedado corto” porque, solo en Sevilla, en el Registro Municipal de Demandantes están inscritos más de 9.500 jóvenes en ese rango de edad. La Junta de Andalucía pretende llegar en su primer año a unos 1.000 jóvenes.
La Junta de Andalucía ha establecido el precio máximo del inmueble a adquirir en 295.240 euros, y hasta un 20% máximo dicho inmueble tiene la acreditación energética A o B, lo que eleva el precio máximo a 354.000 euros.
Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, el valor medio de vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad en Andalucía, se sitúa en el último trimestre de 2023, en 1.755,1euros el metro cuadrado. Esto supone que una vivienda de unos 70m2 está cerca de los 123.000 euros.
La medida quiere facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes que no tengan muchos ahorros pero sí capacidad de pago y estabilidad laboral. Es la Junta de Andalucía quien evaluará si el solicitante reúne los requisitos para que la operación pueda ser avalada pero quien decide si se concede o no la operación es el banco. Para ello, los jóvenes tienen que demostrar a las entidades bancarias esa capacidad de pago y estabilidad. Algunas como Banco Santander (que se adhiere a este plan de la Junta), dicen fijar sus principales condiciones en estar trabajando desde al menos tres años antes, y poder pagar lo que pidan, es decir, que la cuota no les suponga más de un 30/40% de lo que cobran al mes.
Según los datos más recientes de la Junta de Andalucía (último trimestre), la renta anual de esos 211.000 jóvenes que ven como los potenciales beneficiarios de esta ayuda, es de 12.268 euros netos. Si tomamos en cuenta el 40% y los 12.268 euros netos de renta anual, los jóvenes no podrían pagar más de 4.907 euros al año (casi 409 al mes), lo que supondría una hipoteca a unos 72 años si quisieran optar por un inmueble con el precio máximo fijado en el decreto del Plan Garantía Vivienda Joven de la Junta de Andalucía.
El Dr. Nasarre, catedrático de Derecho Civil y experto en vivienda de la Universidad Pública de Tarragona, defiende que este tipo de leyes no son “una solución real a largo plazo” porque “no son estructurales y pueden resultar contraproducentes”.
“Si los jóvenes no han sido capaces de ahorrar el 15%, ¿qué les hace pensar que en adelante podrán devolver el 95% del valor de la vivienda?”, cuestiona el catedrático. Explica que la experiencia de un plan muy similar en Reino Unido ha acabado con jóvenes sobre-endeudados. ¿Por qué? “Porque en mercados tensionados, los promotores cuentan con un aumento de demanda de jóvenes que antes no tenían nada de ahorro, y que nunca hubiesen conseguido un préstamo hipotecario, por lo tanto, pueden subir los precios”.
JRL, que fue presidente del Banco Hipotecario de España y Consejero de Economía e Industria de la Junta de Andalucía, secunda esta idea, ya que, “analizando la experiencia en Reino Unido, donde un plan de características muy similares ha estado funcionando desde 2013, la gente que lo ha utilizado y a la que le ha venido bien ha sido la gente de ingresos elevados, no ha ayudado apenas a gente de escasos recursos”. Afirma que esto “calienta la demanda y sube los precios” y, por lo tanto, “aquí también va a ayudar a gente que podría acceder igualmente a la vivienda sin este plan”. Además, cuestiona por qué la vivienda se puede vender o alquilar a los dos años. “¿Es realmente para vivienda o para hacer negocio?”.
Por el contrario, Francisco Martínez-Cañavate, gerente de ACP (Asociación de Constructores y Promotores) en Granada, defiende que “es una ayuda positiva a corto, medio y largo plazo” porque “acerca la posibilidad de compra de una vivienda, en el caso de que tengas la capacidad de pago y no el ahorro, y hace que te decidas por la compra en lugar del alquiler” y esto “dinamiza la economía porque es un apoyo que no solamente se queda en los jóvenes, sino que además genera una serie de ingresos adicionales en impuestos e impulsa las inmobiliarias, la mano de obra, el mercado de los materiales, etc”. También afirma que es beneficioso porque “estás capitalizando tus ahorros; a los dos años puedes vender la vivienda sin ningún tipo de problema, o alquilarla a terceros”.
Nacho Peinado, presidente de Fadeco Promotores, añade que “la medida no solo ayuda a la emancipación ahora, sino que también hace que, dentro de 40 años, cuando estas personas toquen la jubilación, tengan una vivienda completamente pagada y que, de la misma, no tengan que destinar ningún esfuerzo a la vivienda en la que viven”.
Sin embargo, el director gerente de EMVISESA (Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla) cree que “para que sea efectiva a largo plazo, las medidas de apoyo financiero deben ser mantenidas en el tiempo, y deben apoyarse en otras medidas adicionales, como seguros por desempleo o incluso ayudas para el pago de la cuota si las condiciones cambian radicalmente”.
Sin embargo, Jesús no tiene mucha fe en el Plan Garantía Vivienda Joven de la Junta de Andalucía. Piensa que “sobre el texto igual sí puede ser una solución” pero que los jóvenes como él vienen de una situación previa en la que cree que “ya no le tienen mucha esperanza a las ayudas de la Junta”. Cuenta que, ya con el bono joven de alquiler, “se abrió la convocatoria un año tarde, solo se mantuvo cuatro días y no aceptaron más de 4.000 solicitudes”, además, esas solicitudes llevan “nueve meses sin tener una resolución cuando el plazo pasó hace más de 3”.
Por tanto, sigue ante una situación bastante incierta con respecto a su plan de comprar una vivienda, pese a cumplir los requisitos de la Junta, tener estabilidad económica, y un trabajo de ya tres años.
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