La mayoría de los más de 17.000 jóvenes andaluces que solicitaron el bono de alquiler siguen sin recibir la ayuda, más de siete meses después de que el Gobierno andaluz abriera la convocatoria, y año y medio desde que la anunciase el Gobierno central, que aporta los fondos. El retraso en la resolución y abono de las ayudas, de 250 euros mensuales, está provocando que muchos denuncien las estrecheces económicas por las que pasan, renuncien a emanciparse o regresen a casa de sus padres en un contexto marcado por el alza del alquiler en las grandes ciudades de la comunidad.
Organizados en un grupo de Telegram, convocaron una protesta se celebró la tarde de ayer viernes frente al palacio de San Telmo en Sevilla, sede del Gobierno andaluz. Una petición que acumula más de 1.500 firmas en Change.org pide a Juan Manuel Moreno (presidente de la Junta de Andalucía) que resuelva “ya” el bono de alquiler joven. Uno de los asistentes a la concentración, Manuel Sanz, apuntaba que “el Gobierno central pasó los fondos hace más de un año, pero Andalucía fue de las últimas en ponerlo en marcha porque iba a utilizar un sistema informático para que fuera muy rápido. Han pasado siete meses y no tenemos ni dinero ni respuesta de la Consejería de Fomento”.
Según su testimonio, el Gobierno andaluz asegura que el 40% de las solicitudes están resueltas, “pero en un grupo de Telegram en el que somos 1.500 personas sólo han cobrado 10, esto es urgente”. Además de criticar la escasa “transparencia” de la Junta, lamentaba que ya son numerosos los casos de jóvenes que, pese a su “ilusión por emanciparse”, al final “han tenido que volver a casa de sus padres” al no llegarles esta ayuda. “Podemos pensar mal, pero lo que queremos es que se resuelva y que paguen el bono”.
La Junta de Andalucía no ha aclarado cuándo estima que podrá tener resueltas las ayudas. Achaca las demoras a un sistema deficiente, aunque en otras comunidades autónomas hace meses que los beneficiarios están cobrando las ayudas. La administración andaluza es la última, junto con Madrid, en resolverla: abrió la convocatoria diez meses después de que fuese articulada a nivel estatal, el 14 de noviembre de 2022, y la cerró el 14 de febrero de 2023.
La Consejería de Fomento, responsable del procedimiento, explica que cuando resuelva abonará a los beneficiarios con carácter retroactivo lo que les correspondería desde enero de 2022. Pero entre tanto, la demora está produciendo graves perjuicios. “Lo que antes gastaba en hacer la cesta de la compra, ahora con la inflación no me llega. Y tengo que recurrir a ayuda de familiares o amigos”, explica Liliana Agüero, de 33 años.
Por su piso en Córdoba paga 500 euros mensuales de alquiler, una cifra a la que a duras penas llega multiplicándose en tres trabajos: el principal, como cuidadora de personas mayores, le reporta 700 euros al mes por cinco horas diarias. Además, trabaja en la hostelería los fines de semana. En total, percibe 1.000 euros al mes y el 80% se le va en la vivienda y los suministros básicos. “Siento impotencia: trabajo para pagar”.
Laura Ponce, de 34 años, es ingeniera agrícola, vive en Salteras (Sevilla) y trabaja en la cercana localidad de Bollullos de la Mitación en una pequeña empresa en la que cobra el salario mínimo, 1.080 euros. Por ahora paga 400 euros de alquiler. Aunque la ley ampara al inquilino en caso de traspaso de la vivienda, el dueño le ha dicho que debe buscarse otra. Tendrá que pagar mudanza, inmobiliaria (“aunque teóricamente no paga el inquilino, no es verdad”), fianza… Y un alquiler más caro: los precios han subido y no encuentra por ese precio ni en Salteras ni en otros pueblos cercanos. Mucho menos en la capital. “Realmente necesito la ayuda. Todo está peor que cuando me independicé, hace dos años, y no puedo volver a casa de mis padres con esta edad. No es lógico depender de su ayuda con 34 años…”, lamenta.
La ayuda para estos jóvenes es tan importante que algunos se levantaron en mitad de la madrugada para solicitarla. “No me puedo pagar un dentista y llevo dos semanas con dolor de muela. Si pago eso, no pago alquiler, agua o gas, porque vivo con lo justo, para levantarme, trabajar, comer y dormir”, dice Marta Benítez (29 años), que por poco más de 1.000 euros al mes trabaja como teleoperadora en Jerez de la Frontera. Por 450 alquila un apartamento donde vive con sus dos perritas.
Llevaba dos años buscando pisos y hace apenas ocho meses que consiguió independizarse. “¿Para qué me voy de casa, si mi madre me tiene que ayudar?”, se pregunta. En este tiempo, los precios en Jerez han subido hasta rondar los 700 u 800 euros, explica. Según los datos de Idealista, los precios en Jerez se han disparado un 16,7% desde junio de 2021.
Estos incrementos en el precio de la vivienda explican la angustia con la que estas jóvenes están viviendo el retraso de la administración andaluza. Según los datos del portal inmobiliario, en Sevilla ciudad el incremento es del 7,5% frente a mayo de 2022. En Málaga, del 21,4% en el mismo periodo. En Granada, del 11%. En Jerez, del 7%. En Almería, del 5,8%. En Marbella, del 18,2%.
A esta situación de base se añade la falta de información, que todas denuncian. Lo único que han recibido, y no todos, es un SMS, no previsto en el procedimiento, en el que se les informa de que hay reserva de crédito para su ayuda. La Junta de Andalucía lo remitió justo a seis meses después de que finalizara el plazo de solicitud. Creen que lo envió para salvar una desestimación tácita por silencio administrativo. También hay quien está en una lista de unas 2.500 personas, cuya aparición coincidió con el anuncio del comienzo de movilizaciones. “Pero a la mayoría de esas 2000 no les han notificado nada de manera individual”, aclara Daniel Gago, impulsor de la petición en Change.org .
Gago, que ahora está inmerso en las oposiciones a docente, cobra la prestación por desempleo. “Es un dinero con el que cuentas. Se pide pensando que los trámites llevan un tiempo, pero no esto”, explica. “Y llamas y nadie te dice nada”.
Rocío Díaz, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, aseguró a comienzos de junio ante el Parlamento Andaluz que todo se resolvería “pronto”, sin especificar. Dijo entonces que se había evaluado en torno al 40% de las solicitudes. Fuentes oficiales precisan: se han registrado 17.266 solicitudes, de las que se han evaluado 6.149 (el 35%). El presupuesto del programa (68,4 millones de euros de fondos estatales, de los que Andalucía ya ha recibido 42,2) da para asignar 11.300 ayudas de 250 euros mensuales durante 24 meses.
En junio, Díaz achacó los retrasos a los “impedimentos que nos ha puesto la normativa”. Ahora, fuentes oficiales aseguran que avisaron de la complejidad de la tramitación del Bono Alquiler Joven hace un año y de “lo que pasaría si no se adoptaban medidas correctivas”, pese a lo cual el Gobierno decidió “mirar para otro lado”. Este medio no ha podido constatar cuándo se dio este supuesto aviso, a pesar de haber pedido la aclaración.
“Ahora estamos sufriendo las consecuencias no sólo en Andalucía, sino en la gran mayoría de las comunidades autónomas”, añaden desde la Consejería. Solo Madrid sigue sin abonar las ayudas. Es cierto que Cantabria, Aragón, Castilla y León, Galicia o Castilla-La Mancha empezaron a resolver más tarde, a comienzos de año o en primavera. Pero otras, como Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura o La Rioja, no tuvieron problema con la puesta en práctica y empezaron a abonarlo en 2022, según recogió Newtral. Navarra y País Vasco ni siquiera lo aplican porque disponen desde hace años de sus propios programas autonómicos de ayuda a los jóvenes que quieren alquilar.
El bono de alquiler joven es una ayuda de 250 euros mensuales para las personas de hasta treinta y cinco años incluidos, que tiene como fin declarado “facilitar su emancipación”. Para poder acceder a él, quienes vivan juntos no podrán tener ingresos superiores a 25.200 euros (tres veces el IPREM). La ayuda se concede por dos años, de modo que la cuantía total asciende a 6.000 euros repartida en 24 mensualidades.
La ayuda se nutre íntegramente de fondos estatales, y fue aprobada por el Gobierno central en enero de 2022. En Andalucía cuenta con 68,4 euros transferidos por el Estado para distribuir entre quienes hayan visto reconocido su derecho a ayuda. Una vez agotado ese presupuesto, el solicitante no tiene derecho a ayuda, aunque cumpla los requisitos.
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