Interinos
La Junta de Andalucía ha aprobado esta semana la norma con la que esperaba solucionar el espinoso asunto de los cientos de interinos que llevan años, o décadas, encadenando contratos en la administración, y que ahora podrían quedar en el paro. El perfil más habitual es el de una mujer de unos 45 o 50 años y en torno a 15 años de experiencia en la administración. Los sindicatos temen que estos trabajadores públicos, unos 1.400 (entre personal funcionario y laboral), tengan muchas dificultades para encajar ahora en el mercado de trabajo.
Por eso, aunque a priori estaban abocados al cese, las administraciones están abriendo procesos de estabilización para facilitar que obtengan una plaza. También la Junta de Andalucía, que llevaba meses negociando una oferta excepcional de estabilización para la administración general y el SAS. Sin embargo, ha acabado aprobando un Decreto Ley que se desmarca sin avisar de algunos acuerdos alcanzados en mesa sectorial, lo que ha provocado el rechazo unánime de todos los sindicatos.
La nueva regulación era una patata caliente porque requiere de un delicado equilibrio: por imperativo de la normativa europea, debe reducir la tasa de temporalidad a un máximo del 8% (desde cotas que rondaban el 30%), pero a la administración le conviene hacerlo sin dejar en la estacada a los cientos de interinos que durante años han ligado contrato con contrato. En primer lugar, por su experiencia y conocimiento del puesto y sus funciones, pero también porque podrían plantear demandas judiciales por haber sido contratados durante años en fraude de ley.
El resultado de este equilibrio, que este viernes se publicó en el BOJA, es un Decreto Ley que no ha contentado a los principales sindicatos. Ni al más representativo de los funcionarios de carrera (Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF) ni al más representativo entre los interinos (Iniciativa Sindical Andaluza, ISA), ni a UGT, ni a CCOO les gusta. “Estamos indignadísimos”, resume Rosario Martorán, de UGT. “Hay personas con 36 años de antigüedad que ahora se quedan en la calle. Estamos muy preocupados”, añade Rocío Luna, de Iniciativa Sindical Andaluza (ISA).
Los sindicatos consultados coinciden en denunciar la opacidad y la escasa sensibilidad negociadora de la administración, que introdujo modificaciones sustanciales al principio de acuerdo alcanzado en abril sin avisarles previamente, esgrimiendo que un informe del gabinete jurídico lo recomendaba. Los sindicatos se encontraron con el nuevo texto ya en BOJA. “A lo mejor no había otra salida desde el punto de vista legal, pero no ha habido margen para hablarlo”, comenta Juan Antonio Perles, de CCOO.
La nueva regulación establece que las plazas estructurales que hayan sido ocupadas de forma ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 2016 (es decir, más de cinco años) se cubrirán por concurso (en atención a criterios de mérito y sin examen) “con carácter excepcional y por una sola vez”. Las plazas ocupadas ininterrumpidamente desde el 1 de enero de 2019 (más de tres años) se cubrirán por concurso-oposición, con un peso del 60% para el examen de oposición en el caso de la administración general y del 50% en el caso del SAS.
SAF, de entrada, se opone al proceso de estabilización por entender que no se dan las circunstancias de excepcionalidad que exige la ley. Dispone de un informe jurídico que alerta de una posible inconstitucionalidad, pues el Tribunal Constitucional ya ha declarado que estos procesos excepcionales solo pueden realizarse una vez. SAF es un sindicato históricamente beligerante con cualquier mecanismo de acceso que no sea la oposición. “La gente que está intentando a través de su esfuerzo tiene derecho a acceder a la función pública. No entendemos tanto trato de favor hacia los interinos”, explica un portavoz. Pero si se convoca un concurso-oposición, cree en todo caso que el peso de los exámenes debe ser mayor.
El resto de sindicatos se opone a la nueva regulación por razones diametralmente opuestas. Así, denuncian que los procesos de estabilización que se han realizado hasta ahora no están cumpliendo su cometido, porque apenas hay interinos que los superen. “Ese concurso-oposición no es real, porque el examen es muy duro”, lamenta Martorán. Los sindicatos denuncian que personas de 50 años, trabajo y cargas familiares compiten en estos procesos con una mano atada a la espalda frente a recién licenciados.
Por eso, Martorán cree que en Andalucía no se está cumpliendo el espíritu de la ley estatal 20/21: “Más que estabilizar, están cesando de forma masiva. Hay gente que lleva 30 años esperando la estabilización y ahora va a la calle”. Los sindicatos entienden que se han estabilizado las plazas, pero no a los interinos que las ocupaban.
La Junta de Andalucía defiende que en los procesos de 2017 y 2019 se han estabilizado más de 61.000 plazas: 4.200 de la Administración General, más de 42.000 de personal sanitario y más de 16.900 en el sector educativo. A ellas se añadirían otras 17.800 (14.316 del SAS, 2.960 de Educación y 578 de la Administración General de la Junta) tras la entrada en vigor de la ley estatal, 3.700 en los entes instrumentales y 500 de las agencias sanitarias integradas en el SAS.
Las fuentes sindicales achacan a esos procesos deficiencias que han evitado su plena utilidad. “Esas cifras pueden parecer altas, pero la administración tiene unas necesidades gravísimas, que no solucionan las convocatorias ni ordinarias ni extraordinarias”, aclara Prendes, que reparte responsabilidades por estas carencias: del Gobierno central por no eliminar la tasa de reposición y de la administración autonómica por no aprovechar a fondo la posibilidad de retener a estos interinos experimentados mediante procesos de estabilización.
La administración autonómica admite que con estos procesos quedarán fuera de la administración interinos con “gran experiencia profesional”, y por eso la norma recién aprobada tiene una segunda pata: prevé qué hacer con los interinos que no logren plaza después de pasar por este proceso extraordinario de estabilización. Así, si han obtenido una puntuación “suficiente” entrarán en una bolsa de prioritaria, que estará vigente hasta que se convoque una oferta de empleo para el cuerpo correspondiente y, como mucho, hasta el 31 de diciembre de 2024. Tendrán preferencia en las bolsas aquellas personas con más de 15 años de experiencia que hayan cesado con posterioridad al 1 de enero de 2022 y hayan participado en los procesos de estabilización.
Es una especie de premio de consolación, pero su diseño final queda lejos de lo que se dijo en la última mesa sectorial celebrada, antes de las elecciones, con la anterior secretaria general de función pública, Ana María Vielba. Los sindicatos salieron de aquel encuentro convencidos de que habían alcanzado un acuerdo: una bolsa prioritaria para mayores de 50 años que acumulen más de diez años de servicio en la administración autonómica y que no hubiesen superado el proceso de estabilización. Esto es, prioridad absoluta para el colectivo que más difícil tiene reintegrarse en el mercado laboral, con un criterio de edad.
Ahora, al suprimirse sin aviso el requisito de edad y hablarse de “experiencia”, la bolsa podrán integrarla incluso funcionarios de otras administraciones y de cualquier edad, con el riesgo de que queden en la estacada la mayoría de los interinos a estabilizar. “La edad servía para proteger a las personas”, protesta Rocío Luna. “Personas con una media de 50 años y 10 o 15 años trabajados en una plaza, suelen tener una vida, un lugar de residencia, una historia”, explica Martorán: “Así no estabilizas a nadie. El espíritu era dar estabilidad a esa gente, y está siendo lo contrario, los va a echar a la calle teniendo posibilidades de adaptarla”.
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