La reforma fiscal que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha anunciado por sorpresa esta semana en Madrid es a la vez una foto fija y una imagen en movimiento del sistema tributario andaluz: la primera retrata a los andaluces ya censados que se beneficiarán de la supresión del impuesto sobre el Patrimonio y de la deflactación del IRPF; la segunda es una proyección a futuro, esto es, el universo hipotético de contribuyentes de otras partes de España y del extranjero, que Moreno espera captar tras convertir a Andalucía en “la segunda comunidad con menor carga fiscal” del país, después de Madrid.
El planteamiento del Gobierno andaluz es que los ingresos que se pierden al suprimir Patrimonio –95 millones de euros– se recuperarán cuando 7.200 nuevos contribuyentes instalen su domicilio fiscal en Andalucía, por la vía de su IRPF. Es el cálculo mínimo que hace el Gobierno andaluz, aunque aspiran a captar a muchos más.
Para soportar esta tesis, la Junta se aferra al dato de nuevos contribuyentes que se censaron en Andalucía en 2019 y 2020, justo después de que se suprimiese el impuesto de Sucesiones y Donaciones, que también gravaba principalmente a las grandes fortunas.
Lo que dice la Junta, lo que dicen los datos
La eliminación del tributo a las herencias provocó un agujero en la recaudación de la comunidad de 105 millones, pero en los dos ejercicios siguientes los ingresos aumentaron por IRPF en 800 millones de euros, como resultado de unos 280.000 contribuyentes nuevos, un 8% más de los que había en 2018, último año del Gobierno socialista. ¿Hay una relación causa–efecto entre una cosa y la otra? El Ejecutivo de Moreno está convencido de que la hay, por eso ha calcado la estrategia con el impuesto de Patrimonio.
Ahora bien, no hay muchos datos objetivos que expliquen esa correlación. El aumento de contribuyentes en 2019 y 2020 va parejo al crecimiento vegetativo de la economía andaluza, es decir, que una parte notable de esos nuevos declarantes provienen de las listas del paro, no de fuera de Andalucía. Se creó más empleo y, en consecuencia, aumentó el número de contribuyentes. La Agencia Tributaria no da a las comunidades una relación nominal de los declarantes, es imposible conocer su origen y sus nombres. Tampoco se le pregunta a los contribuyentes por qué razón trasladan su domicilio fiscal –ni tienen obligación de contarlo–, aunque la causa más común es por movilidad laboral.
Diez de los 20 primeros contribuyentes que pagaron este gravamen en 2019 “huyeron de Andalucía en 2020”, avisa convencido Moreno. “Se lo cobramos una vez, ya no más”. Esos declarantes desaparecieron del sistema y con ellos se esfumaron 18 millones de euros en ingresos. Pero, ¿cómo sabe la Junta que cambiaron su domicilio fiscal a otra comunidad para esquivar esa tasa? ¿Y si cambiaron de trabajo? ¿Y si fallecieron? “Yo no lo sé, pero seguramente un porcentaje importante de ellos se fue para no pagar”, respondió la consejera de Hacienda, Carolina España, el martes pasado, en la presentación del decreto ley.
Hay un dato que sí puede servir de pista a la Junta de Andalucía para refrendar su tesis de que bajar impuestos a los ricos atrae capital de fuera: de los 280.000 contribuyentes nuevos, el 14% pertenece al umbral de renta entre 60.000 y 120.000 euros (13.790 declarantes), y un 13% está en la franja por encima de rentas superiores a los 120.000 euros (1.117 personas). En total rondan los 15.000 nuevos contribuyentes ricos para Andalucía.
Sin embargo, la Consejería de Hacienda reconoce otro dato esclarecedor: el 99% de los 800 millones de recaudación por IRPF que obtuvo la Junta de esos nuevos contribuyentes salió de rentas próximas a los 30.000 euros. Es decir, que los ingresos extra no vinieron de la mano de los ricos atraídos por la eliminación del impuesto sobre herencias, sino de las clases medias acomodadas, que en Andalucía se ubican más en el sector público que en la empresa privada [sólo la Junta tiene 270.000 funcionarios, la mayor empresa de la comunidad].
Compaginar equilibrio y equidad
Moreno anunció la supresión del impuesto sobre el Patrimonio junto a la deflactación del IRPF: con el primero lanzaba el anzuelo fiscal a los más ricos y abría una guerra fiscal con Madrid y Catalunya; con el segundo buscaba taponar la crítica de que “el PP gobierna para unos pocos privilegiados”.
La eliminación del impuesto sobre Patrimonio beneficiará a 20.661personas con un caudal neto de 700.000 euros, más una vivienda exenta de 300.000 euros [el patrimonio medio de este colectivo ronda los 2,7 millones de euros de patrimonio, según datos del Ministerio de Hacienda]. La pérdida de recaudación por esta vía tendrá un impacto en las arcas públicas de 120 millones de euros, según datos del Ministerio de Hacienda del ejercicio 2021. El ahorro medio para estos contribuyentes será de 5.800 euros al año.
La deflactación del IRPF llega hasta las rentas de 35.200 euros, aunque el aumento de los mínimos personales y familiares exentos de tributación provoca un efecto arrastre que termina beneficiando también a las rentas más altas. El impacto global se calcula en 124,2 millones de euros menos de recaudación.
Datos de ahorro
El Registro de Asesores Fiscales de España (REAF) ha hecho una simulación con los datos de la Junta para comparar la Andalucía sin deflactar con la Andalucía deflactada. El ahorro en el IRPF para rentas inferiores a 12.000 euros –más de la mitad de los contribuyentes andaluces [51,4%]– será inexistente. A partir de los 16.000 euros, la medida supone un ahorro de 22,8 euros al año. Una renta anual de 20.000 euros, ahorrará 36,55 euros al año; y a partir del tramo de 30.000 euros en adelante –incluido rentas superiores a los 300.000– la bajada impositiva se vuelve lineal, de 63,55 euros para todos.
El Gobierno central ha acusado a Moreno de promocionar el dumping fiscal entre comunidades. El PSOE andaluz ha dirigido sus críticas contra la supresión del impuesto de Patrimonio, una medida que beneficia al 0,2% de la población andaluza –“la paguita para los Cayetanos”–, ha dicho su vicesecretaria general, Ángeles Férriz.
En cambio, han pasado de puntillas sobre la idea de deflactar el IRPF y aumentar los mínimos personales y familiares exentos de tributación para quienes tienen una renta de subsistencia. En público han ninguneado su impacto real para las rentas medias. Pero de puertas adentro, los socialistas admiten su empatía con esta medida: “deflactar es buscar la equidad”. La deflactación intenta evitar que el incremento salarial pactado entre empresas y trabajadores para minimizar el impacto de una inflación desbocada implique una mayor tributación para el contribuyente.
La realidad salarial de Andalucía
Pero los datos que la Junta ha usado para ilustrar esta medida no responden a la realidad socieconómica andaluza. La Junta deflacta el IRPF al 4,3% –dos décimas más que Madrid– usando como referente el incremento interanual de los costes salariales según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del Instituto Nacional de Estadística (segundo trimestre de 2022) (ETCL).
Los sindicatos CCOO y UGT desconocen de dónde ha salido ese porcentaje “tan alto”. El incremento salarial medio pactado en Andalucía –en convenios de sector y de empresas– es muy inferior: 2,7%, según datos de la Consejería de Empleo. Un informe del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales recoge esta foto fija, del pasado febrero: 475 convenios vigentes que afectan a 139.646 empresas inscritas en la comunidad y con 612.226 trabajadores.
426 son convenios de empresa y sólo 46 de sector, aunque estos segundos afectan al 93% de los empleados. Un informe de CCOO recoge que casi el 92% de las empresas andaluzas sí ha contemplado subidas salariales este año por aplicación de algún tipo de convenio o pacto de empresa, pero sitúa el incremento salarial medio en el 2,33% [datos de agosto], por debajo del 4,3% que marca el INE y muy inferior al dato de inflación de ese mes, en torno al 10%. “Si los datos de Empleo y los sindicatos son correctos, la diferencia entre el porcentaje deflactado y el incremento salarial medio es un regalo fiscal a los contribuyentes”, advierte Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Asesores Fiscales (REAF).
La deflactación andaluza, en ningún caso, compensará la pérdida adquisitiva de una subida de precios que ha rebasado el 10% y encarecido mucho el coste de la vida. La Junta sostiene que esta medida supondrá un ahorro generalizado para todos los contribuyentes y acompañó su presentación de tres ejemplos concretos: un matrimonio con sueldos de 31.000 euros cada uno que obtendría un ahorro anual de 493 euros; un hombre soltero de 70 años con 26.000 euros se ahorraría 697 euros; y una madre soltera con un salario de 23.000 euros dejará de pagar 375 euros al año en IRPF.
Estos tres ejemplos elegidos por Hacienda son “trajes a medida” que suman a la deflactación otras variables (hipoteca, edad, hijos, etc...) haciendo que el cálculo resultante sea muy beneficioso y llamativo. Pero las mismas estadísticas de la Consejería sitúan al 67% de la población andaluza fuera de esos supuestos, porque sus ingresos están muy por debajo de los salarios elegidos para el ejemplo. La renta mediana en Andalucía –la que más se repite– es de 18.671 euros.
El 51,4% de las liquidaciones que se hicieron en 2020 provenían de hogares exentos de tributación [1,9 millones de andaluces asalariados], porque sus ingresos están por debajo de los 13.000 euros [primer umbral del IRPF]. Tampoco el tramo siguiente encaja en el retrato de la Junta: rentas entre 13.000 y 21.100 euros, que percibe el 16,6% de los contribuyentes [630.110 hogares]. Los ejemplos que ilustran el impacto más optimista de la deflactación se concentran en el tercer umbral del IRPF, rentas de 21.100 a 35.200 euros, consideradas “clase media” por el Ejecutivo andaluz, y que representan el 19,7% de los contribuyentes andaluces: 749.662 hogares.
Patronal y sindicatos
La patronal andaluza ha aplaudido la reforma fiscal, con la vista puesta en la supresión de Patrimonio, y suscribe la tesis del presidente: Andalucía se convierte en una tierra “business friendly” para las grandes fortunas y eso engordará la bolsa común de la recaudación del IRPF para todos. Los sindicatos apuntan, en cambio, que la rebaja sobre el impuesto que más andaluces pagan está inspirada en una imagen distorsionada que nada tiene que ver con la realidad socioeconómica andaluza.
La deflactación del IRPF detraerá de las arcas públicas 124,2 millones de ingresos. Según el desglose de la Consejería de Hacienda, 90 millones se detraen de los tres primeros tramos y otros 34 millones de ahorro se lo reparten también las rentas más altas. Es difícil hacer una media distributiva de esos 90 millones, porque el reparto es desigual por tramos. Pero para las escalas superiores la distribución sí es lineal y la media se aproxima a los 70 euros de ahorro por contribuyente al año.
Las rentas entre 60.000 y 120.000 euros fueron, en realidad, las primeras en beneficiarse de la primera rebaja del IRPF que aprobó Moreno nada más llegar al Gobierno, a principios de 2019, junto con la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones, que también repercute más en los grandes patrimonios. La teoría entonces era la misma: “el dinero llama al dinero”. Meter más capital en el bolsillo de aquellos con más poder adquisitivo dinamiza el consumo y la economía, explican desde el Gobierno andaluz.
El barón de barones del PP, cuatro meses después de lograr una mayoría absoluta histórica en Andalucía, ha apostado sin complejos por convertir su Gobierno en un “banco de pruebas” del neoliberalismo ortodoxo por el que aboga el PP. Su reforma fiscal, coinciden media docena de economistas y asesores fiscales consultados por este periódico, está “a medio camino entre la realidad y el deseo”, entre la Andalucía real y la que Moreno aspira a crear.
Es una mezcla de números reales y estimados, un punto intermedio entre la servilleta de Laffer y las estadísticas de la Agencia Tributaria. Arthur Laffer, economista de cabecera en el gobierno de Ronald Reagan, dibujó la famosa curva que liga la bajada de impuestos con el aumento del consumo y la activación económica, paradigma del neoliberalismo que inspira la revolución fiscal de Moreno.
Los puntos ciegos de su teoría política son visibles, porque se encuentran en los grandes números de Andalucía: la comunidad está muy por debajo de Madrid y Catalunya en todos los parámetros económicos y laborales: arrastra un 18% de paro, siete puntos por encima de la media nacional–, tiene la segunda media salarial más baja de España y el mayor número de empleados con una nómina inferior al salario mínimo interprofesional: 1.798.000 andaluces, según datos de la Agencia Tributaria publicados en 2020.
El Ejecutivo andaluz ha encajado bien la crítica por la supresión y rebaja de impuestos a las rentas más altas, porque el objetivo de la reforma es indisimulado: está diseñada como un “incentivo fiscal”, un reclamo para que grandes fortunas se instalen en Andalucía y tributen aquí su IRPF. Por esta vía no se busca el traslado del domicilio fiscal de empresas, que arrastren consigo puestos de trabajo y generación de riqueza, sino la mudanza de sus “altos ejecutivos, sus CEO”, que ya cuentan con viviendas en la costa andaluza, pasan grandes temporadas aquí y no tienen el perfil de usuario de la sanidad y la educación públicas.
La pandemia y el teletrabajo consolidaron aún más el periodo de estancia de esos altos ejecutivos en esta comunidad. “El dinero llama al dinero”, advierten en San Telmo, aferrados a esa analogía entre impuestos bajos y captación de riqueza. “Aquí se vive muy bien, aquí tienen su tierra”, sentencia, satisfecho el presidente andaluz, invocando a los empresarios catalanes y madrileños.