El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha elegido el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla como ejemplo a exportar a nivel nacional si algún día se convierte en inquilino de la Moncloa. Esta semana, Moreno invitó a Casado a un restaurante de Triana, en Sevilla, para conmemorar el segundo aniversario de las elecciones del 2 de diciembre de 2018, que permitieron al PP llegar al poder tras casi 37 años haciendo oposición a gobiernos del PSOE. El presidente andaluz hizo un balance triunfal de sus dos primeros años de legislatura, deteniéndose en su modelo fiscal, del que más orgulloso se siente: “Menos impuestos, más consumo, mayor reactivación de la economía”. Una lectura simplificada de la llamada curva de Laffer, que hace una relación directa entre ingresos fiscales y recaudación.
Lo que más aplaudieron los presentes fueron unos datos que el presidente andaluz utilizó por primera vez el pasado octubre, durante el Debate del Estado de la Comunidad, que sostienen que en Andalucía, desde que gobiernan PP y Ciudadanos, hay más contribuyentes, más declarantes que han trasladado su domicilio fiscal a esta comunidad porque la Junta ha bajado los impuestos autonómicos. “En 2019, 126.000 contribuyentes censados en otras comunidades decidieron trasladar su domicilio fiscal y censarse en Andalucía. Esto supuso una recaudación por renta de 650 millones de euros más que antes de suprimir el impuesto de Sucesiones y Donaciones”, subrayó.
Estos datos y la relación entre ellos -que muchos economistas discuten- forman parte del frontispicio ideológico del PP. Es el esquema simplificado de su modelo económico, en contraposición al del Gobierno socialista, y desde hace dos meses se repite una y otra vez en boca del presidente andaluz y todos sus correligionarios. “A mí me gusta cómo se gobierna aquí, el Gobierno andaluz es el ejemplo de lo que tenemos que hacer a nivel nacional”, le correspondió Casado el pasado miércoles.
Lagunas en los números
Sin embargo, en el silogismo de Moreno Bonilla hay lagunas: el aumento de contribuyentes en Andalucía en 2019 es similar al de ejercicios anteriores. En 2018, último año del Gobierno socialista de Susana Díaz, se registraron 138.000 declarantes nuevos, según datos definitivos de la Agencia Tributaria. En ambos casos, el incremento coincide en porcentaje con el crecimiento vegetativo de la economía andaluza, es decir, hay más trabajadores en activo.
La Junta asegura que todos ellos vienen de fuera, que han mudado su domicilio fiscal, pero la coincidencia con los datos de creación de empleo hace pensar que los nuevos contribuyentes son personas que ya vivían aquí y han salido de las listas del paro. Según Moreno, los 126.000 contribuyentes nuevos aportaron 311 millones de euros más de renta a las arcas andaluzas en 2019: el 50% correspondiente al tramo autonómico del IRPF de esos 650 millones de recaudación total. El presidente lo atribuye a su modelo fiscal, aunque en 2018, los 138.000 contribuyentes nuevos también aportaron 405,8 millones de euros más por IRPF respecto al ejercicio anterior, y entonces el Gobierno era socialista y su modelo fiscal era otro.
La Agencia Tributaria (AEAT) no puede corroborar con datos oficiales la tesis principal de Moreno, a saber, que miles de personas han trasladado su domicilio fiscal o su censo a Andalucía llamados por la bajada de impuestos del nuevo Gobierno autonómico. Ni el Ministerio de Hacienda ni la AEAT pregunta a un contribuyente por qué cambia su domicilio fiscal de un año para otro, ni éste tiene obligación de contarlo. La razón más común es que estos traslados sean por razones laborales -alguien de Toledo que consigue un trabajo en Málaga- o por razones familiares.
Saldo negativo para Andalucía en movilidad
Sin embargo, la Agencia Tributaria sí publica anualmente una estadística de movilidad de asalariados entre comunidades autónomas, un dato que nos sirve para aproximarnos a la tesis del presidente andaluz, si damos por hecho que la gran mayoría de los nuevos contribuyentes de Andalucía son “asalariados”. En este caso, en 2019 hubo 17.276 trabajadores asalariados que mudaron su domicilio fiscal de otras comunidades a Andalucía, según datos de la AEAT, una cifra muy alejada de los 126.000 contribuyentes nuevos que Moreno relaciona con una “mudanza fiscal”.
La diferencia entre ambas cifras es notoria: 108.724 declarantes, un número que debería incluir los 45.700 empleos construidos ese año, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Son muchos menos los declarantes que vienen de otras comunidades, pero además, la misma estadística refleja que mientras esos 17.276 asalariados se mudaban a Andalucía en 2019, otros 25.013 asalariados que tributaban en esta comunidad trasladaron su domicilio fiscal fuera. Todo este flujo de movilidad laboral, entre los que vienen y los que se van, se saldaba con 7.767 contribuyentes asalariados menos a finales de 2019.
La Consejería de Hacienda sostiene que el dato de los 126.000 contribuyentes nuevos en 2019 de los que habla Moreno sale de la Agencia Tributaria (AEAT), que se lo pasa a Andalucía “en un Excel cada año con una cifra pura y dura, sin más detalle”. La Agencia Tributaria ha explicado a este periódico que la última estadística pública que tienen sobre declarantes corresponde a 2018, pero advierte de que la cifra que maneja la Junta puede haber salido del número de contribuyentes (estimado) en el cierre de campaña de la renta de 2019, publicado en julio de ese año.
Dónde están los censados
Otra de las lagunas del discurso de Moreno Bonilla está en el concepto de “contribuyentes censados”. El presidente andaluz ha defendido en el Parlamento, en San Telmo, en actos del PP y en varios medios de comunicación que los 126.000 contribuyentes nuevos “vivían en otra comunidad y han venido a censarse a Andalucía”. Este periódico ha preguntado a la Consejería de Hacienda si, por “contribuyentes censados”, Moreno se refiere a personas que se han “empadronado” en Andalucía en el último año; o simplemente han trasladado su domicilio fiscal aquí (pero siguen empadronados fuera), o ambas cosas a la vez (una persona puede figurar en el padrón municipal de Madrid y tributar en Andalucía, si es allí donde vive y trabaja, como mínimo, desde hace 180 días). El departamento que dirige Juan Bravo no lo aclara, porque “la Agencia Tributaria sólo nos ha aportado el número de nuevos contribuyentes, sin más explicaciones”.
Pero no es un dato menor. “El cambio de domicilio fiscal va más allá del empadronamiento en una comunidad u otra, puesto que requiere un traslado efectivo y real de la residencia habitual”, explican desde la Agencia Tributaria. La normativa prevé un procedimiento específico para que la Inspección de la AEAT compruebe el domicilio fiscal. Ese proceso, que puede ser iniciado a instancia de una comunidad autónoma, y está siendo utilizado para perseguir los cambios ficticios, incluye la visita al domicilio del contribuyente, o la revisión de los consumos de agua, electricidad y gas. “Es un procedimiento muy complejo, lo habitual es que quien cambia su domicilio fiscal, cambia su residencia habitual y, por tanto, se censa o empadrona en su nueva vivienda”, explican fuentes jurídicas a este periódico.
“En 2019, 126.000 contribuyentes censados en otras comunidades decidieron trasladar su domicilio fiscal y censarse en Andalucía”, repitió Moreno, el miércoles, ante Pablo Casado. El presidente de la Junta da a entender que miles de personas se mudaron a Andalucía el año pasado, primer ejercicio presupuestario completo del nuevo Gobierno PP-Cs, para aprovechar su bajada fiscal: la famosa eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, la rebaja en el impuesto de transmisión patrimonial y actos jurídicos documentados, o el recorte de tres puntos en el IRPF para rentas superiores a 120.000 euros anuales y de medio punto para las rentas más bajas. Pero en 2019 no consta un aumento de 126.000 personas en el censo de población de Andalucía.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía, la población empadronada en esta comunidad a finales de 2018 ascendía a 8.384.408 personas, y al cierre de 2019, la cifra creció hasta los 8.414.240 personas. El censo aumentó en 29.832 personas. Ese número, lejos de los 126.000 de Moreno, incluye nacimientos, traslados por motivos laborales, familiares, flujo migratorio... “El INE no mide movimiento de contribuyentes, sino de personas. No hay nada en la estructura del impuesto de Sucesiones y Donaciones que nos permita decir que se han trasladado contribuyentes de una comunidad a otra por este motivo”, advierten fuentes del Ministerio de Hacienda.
Mudanzas fiscales
Lo que sí mide el INE es el “flujo de migración interautonómica por año”, es decir, las personas que vinieron de otras comunidades a vivir a Andalucía, y las que se marcharon de aquí a otras regiones (por motivos laborales, de estudios, por jubilación...). Pero en esta estadística del INE tampoco aparecen “126.000 nuevos censados provenientes de otras comunidades”, como asegura Moreno. Los datos oficiales son éstos: en 2019, hubo 47.254 personas que se trasladaron a vivir a Andalucía, cierto, pero otras 49.526 hicieron el camino inverso, y se mudaron de Andalucía a otras regiones de España. Al final, el saldo poblacional fue negativo: 2.272 personas menos en el padrón. En 2018, último año del Gobierno socialista, ocurrió el mismo fenómeno: 43.824 personas se trasladaron a Andalucía y 49.722 se marcharon fuera. Saldo final: 5.898 menos.
En materia tributaria es difícil extraer conclusiones de este flujo poblacional, explican desde la Agencia Tributaria, porque no todos los que se marchan y los que vienen tienen por qué ser contribuyentes. Sin embargo, en 2016 el PP andaluz usó esta estadística del INE como parte de su campaña de recogida de firmas contra el impuesto de Sucesiones y Donaciones, para denunciar que “40.000 andaluces se empadronan al año en Madrid para heredar sin tributar” [el presidente Moreno acabaría suprimiendo esa tasa en Andalucía, siguiendo el modelo madrileño].
Esa denuncia tuvo un éxito notable en la opinión pública, incluido entre un segmento poblacional que, por su escaso nivel de renta, nunca hubiese tenido que pagar el impuesto de herencia. Algunos medios de comunicación publicaron ese dato del éxodo fiscal que denunciaba el PP y poco a poco fue calando en la sociedad la idea de que Andalucía era, como ya entonces denunciaba Moreno, “un infierno fiscal”. Lo que no explicó el PP es que “el flujo de migración interautonómica”, en el caso andaluz, suele compensarse entre quienes se marchan fuera y quienes vienen a vivir aquí. En 2016, por ejemplo, 50.005 andaluces se trasladaron a vivir a otras comunidades, pero 39.954 ciudadanos de fuera vinieron a vivir a Andalucía.
La curva de Laffer y el mantra del PP
El modelo económico y fiscal del PP está ahora en el epicentro del debate político en respuesta a la reforma del sistema tributario que explora el Gobierno de Pedro Sánchez -pactado con ERC- y que pasa por una mayor armonización fiscal para evitar agravios entre comunidades. “Armonización fiscal, sí, pero a la baja”, dice Casado. La mirada está puesta en Madrid, una comunidad con una presión fiscal inferior al resto -que puede permitirse prescindir de ciertos ingresos tributarios, porque los compensa holgadamente gracias al efecto de la capitalidad (es la sede fiscal de las grandes empresas que operan en toda España y de las grandes instituciones del Estado).
Andalucía tiene una renta media muy inferior a la madrileña y un tejido industrial y empresarial exiguo. La ministra de Hacienda y ex consejera del ramo en la Junta, María Jesús Montero, sostiene que sería la gran beneficiada de un sistema tributario “más nivelado”. Pero los populares, con Moreno a la cabeza, creen que es una excusa para obligarles a subir esos impuestos que ellos bajaron cuando relevaron al PSOE andaluz en el poder.
“La pregunta que pueden hacerme los andaluces es por qué seguimos, a pesar de esta grave recesión económica, con una política de bajada de la presión fiscal, de bajada de impuestos. Muy sencillo, porque bajando impuestos aumenta la actividad económica, y por tanto, aumenta la recaudación, como ha quedado demostrado en 2019”, explicó el presidente Moreno en el Parlamento el pasado octubre, durante el debate del Estado de la Comunidad Andaluza. Ésta fue su explicación: “Los datos son claros. Tras la suspensión del impuesto de Sucesiones y Donaciones [la primera medida que adoptó el primer Consejo de Gobierno], hay 126.000 contribuyentes más en Andalucía, de los que más de 9.000 tienen rentas de más de 60.000 euros. La recaudación de la renta ha aumentado en Andalucía después de suprimir este impuesto, en 650 millones de euros para los andaluces. Por cada euro que hemos dejado de recaudar, hemos recaudado cuatro de IRPF”.
Esta regla de tres que asocia la eliminación del impuesto de sucesiones a mitad de 2019 con la recaudación “provisional” del IRPF en 2020 es una máxima que el Gobierno andaluz, el PP y Ciudadanos repiten machaconamente todos los días. Los analistas del Observatorio Económico de Andalucía no sólo no comparten esta tesis, sino que advierten de que “es metafísicamente imposible entenderla”, que es una deducción “tramposa” y que “genera confusión en la opinión pública”. “No hay relación alguna entre una cosa y la otra. Cuando la Junta decide subir o bajar el impuesto de Sucesiones y Donaciones, percibe el efecto de inmediato en la recaudación, porque Andalucía tiene la gestión directa de estas tasas. En el caso del IRPF, es el Gobierno central quien lo gestiona, lo recauda y lo reparte entre las comunidades”, explican los analistas.
La recaudación de los impuestos estatales le llega a las comunidades por adelantado -dos años antes del cierre definitivo del presupuesto de cada año- a través de las llamadas “entregas a cuenta”. El Ministerio de Hacienda hace una estimación de lo que se recaudará por IRPF en Andalucía, basándose en los ingresos tributarios del ejercicio anterior, y se lo adelanta a las comunidades mes a mes. Esa estimación se corrige dos años después, cuando el Ministerio culmina la liquidación definitiva del año presupuestario con esos dos años de retraso [la recaudación final por IRPF de 2019 se conocerá en 2021]. Si Andalucía recibió menos por adelantado de lo que finalmente recaudó, el Estado le entregará más dinero; si, por el contrario, la estimación fue excesiva, Andalucía tendrá que devolver una parte.
El departamento de Bravo sostiene que los 650 millones de euros de recaudación de los que habla Moreno “no tienen que ver con las entregas a cuenta, como está tratando de hacer ver algún economista en estos días para cuestionar nuestros datos”. Esta cifra, explican desde la Consejería de Hacienda, surge de la comparativa del ejercicio 2018 (datos definitivos) y 2019 (datos provisionales), en cuanto al número de declaraciones y al importe para dos partidas importantes del IRPF, la “Base Imponible General” y la “Cuota Íntegra autonómica”. Ahí se observa un incremento neto de 311 millones de euros en la tarifa autonómica en 2019 (un incremento de casi el 6%). “Es decir, no sólo no ha disminuido la recaudación autonómica por el impuesto, sino que se ha incrementado en más de 300 millones”, concluyen.
La Junta insiste en hacer una relación directa entre este aumento de la recaudación y su política fiscal a la baja, pero elude sistemáticamente un dato fundamental: la economía andaluza creció al 2,4% en 2018 y al 2,1% en 2019, y ambos ejercicios se cerraron con más empleos construidos, es decir, más contribuyentes. “La mayor recaudación tiene que ver con la coyuntura económica global, más que con una determinada política fiscal. Ésta última puede condicionar, pero no a esa escala que plantea el Gobierno andaluz”, explican los expertos consultados. La pandemia ha desbaratado la gran promesa electoral de Moreno Bonilla: la creación de 600.000 nuevos empleos en cuatro años y la “bajada masiva de impuestos”. En estos dos años de legislatura, la bajada de los impuestos cedidos han supuesto 89 millones de euros, del total de 2.100 millones en materia tributaria que gestiona la Junta, según datos de los dos últimos ejercicios presupuestarios.
Desde el Observatorio Económico de Andalucía advierten de que los 650 millones en recaudación del IRPF es un “cálculo dopado”, porque el Ministerio ha usado como referencia la recaudación del año pasado -cuando la economía española crecía al 1,6% del PIB-, sin tener en cuenta el desplome de dos puntos que está sufriendo ahora como consecuencia de la pandemia. “Esta estimación de ingresos habrá que corregirla a la baja dentro de dos años, y entonces Andalucía tendrá que devolver una parte importante, que no le corresponde”, advierten.