El PP se queda solo en Andalucía en la defensa de que la educación segregada o diferenciada por sexo sea financiada con fondos públicos. El resto de grupos políticos que conforman el nuevo arco parlamentario autonómico se muestran contrarios a que se concierte con colegios que basen su modelo pedagógico en educar por un lado a los niños y por otro lado las niñas.
“Cuanta más variedad educativa haya y más libertad para los padres donde elegir, mejor”, dijo este viernes en rueda de prensa la vicesecretaria de Política de Igualdad y Asuntos Sociales del PP-A, Ana Vanesa García, que insistía en que “no se nos puede obligar o restringir a que solo haya un modelo”. El Tribunal Supremo, justo hace un año, respaldaba ese argumento del PP en el sentido de que la existencia de la educación diferenciada es “tan legítima como el modelo de coeducación”. Pero hacía un inciso importante: lo que se cuestiona es “que ese tipo de enseñanza acceda a la financiación pública propia de un concierto educativo”.
Lo decía el Supremo en julio de 2014 cuando volvía a dar la razón a la Junta de Andalucía en la exclusión de conciertos a colegios por segregación de sexos. Por eso acudirán de nuevo al alto tribunal después de conocer la sentencia del TSJA que acepta los recursos de varios centros escolares andaluces de educación diferenciada contra las órdenes que denegaban el concierto educativo. El fallo jurídico “rompe el principio de igualdad que debe prevalecer en la enseñanza sostenida con fondos públicos”, sostiene la Junta, que defiende un modelo basado en la enseñanza mixta.
La Junta, desde 2009, no renueva los conciertos educativos a este tipo de centros y puso la condición de no segregación para años sucesivos años escolares y que han ido recurriendo una veintena de centros de educación diferenciada por sexo. El Supremo, en 2012, dictaminó que estos centros no pueden acogerse a subvenciones públicas.
Educación en igualdad
En esa línea se han mostrado los otros cuatro grupos políticos que conforman el Parlamento andaluz. El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, se mostraba este viernes contrario a que se financie con recursos públicos una educación “que segregue a los niños de las niñas”, argumentando que la Junta está “en su derecho y en su obligación de defender una educación en igualdad”. “La educación no puede segregar” y “los recursos públicos deben estar al servicio de los valores de igualdad”, dijo Jiménez este viernes en Rota (Cádiz).
Ciudadanos, por su parte, además de respetar la sentencia del TSJA conocida estos días, apuestan por “un sistema educativo donde la escuela pública, bajo los principios de igualdad, equidad, gratuidad y universalidad, garantice el derecho a una educación obligatoria de calidad independientemente de la situación económica de los estudiantes”.
Además de defender “la escuela concertada como garante de la libertad de enseñanza y la pluralidad del sistema educativo”, en Ciudadanos “no somos partidarios de la separación de alumnos y alumnas en las aulas” porque “no existen razones pedagógicas ni de ningún otro tipo que la justiï¬quen, más bien al contrario, fomentar los valores de la convivencia y la igualdad exigen una educación no diferenciada por sexos”, explican a eldiario.es/andalucia. Tanto PSOE-A como Ciudadanos hacían referencias explícitas en sus programas electorales, anunciando los socialistas que evitarían el sostenimiento con fondos públicos de los centros que discriminen al alumnado por razón de sexo mientras que Ciudadanos no se mostraba partidario de la separación por sexos.
“Ni un euro”, dice IU
Aunque ni Podemos ni IU hacen mención expresa a la educación segregada en los programas con los que concurrieron a las elecciones andaluzas, ambos apuesta por derogar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y se muestran igualmente contrarios a la concertación, en general, y a la educación segregada, en particular. Antonio Maíllo, portavoz de IU Andalucía, comenta a eldiario.es/andalucia que “ni un euros de los andaluces” debe ir a parar a este tipo de segregación “vinculada a las escuelas franquistas”.
Maíllo considera que los padres que quieran educar a sus hijos bajo ese modelo “que se lo paguen” pero “en ningún caso con fondos públicos”. Maestro de profesión, señala que ya en Europa no se entiende bien el modelo concertado en educación, “un fenómeno muy español”, señalando que debería tener “un papel subsidiario” respecto a la educación pública“.
Por parte de Podemos Andalucía, su responsable de educación, Libertad Benítez, apunta a eldiario.es/andalucia que quizá el PP tenga “nostalgia de tiempos pasados” al defender ese modelo educativo y su concertación, indicando que la postura de la formación morada es “radicalmente contraria” ya que esa forma pedagógica “refuerza una sociedad patriarcal y capitalista”.
En ese sentido señala que “el enriquecimiento está en la diversidad” y que “los padres que quieran condenar a sus hijos a esa educación, que la paguen”, mostrándose en contra de que cuente con algún tipo de fondos públicos. Al respecto, apoya que la Junta de Andalucía recurra que ese modelo educativo forme parte en centros escolares concertados.
La Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada celebraba este jueves la posición del TSJA en los recursos interpuestos por los centros de educación diferenciada Ribamar en Sevilla y Torrealba, una Escuela Familiar Agraria (EFA) de Almodóvar del Río (Córdoba) y recordaba que la Consejería de Educación dictó las órdenes quitando los concierto. La Junta tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional la Lomce por vulnerar el principio de igualdad recogido en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía.