Andalucía y la limitación del derecho a la protesta

El libre ejercicio a manifestarse, expresarse, informarse y asociarse está reconocido ampliamente en las diversas leyes y cartas magnas de nuestras sociedades democráticas, así como por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Sin embargo, estamos comprobando una preocupante y progresiva deriva de los mismos, no solo con respecto a nuevas limitaciones jurídicas, sino también en la práctica cotidiana de toda persona.

Estos derechos, a pesar de verse reconocidos sufren una merma importante en su cumplimiento, como si las leyes que los registran quedaran en papel mojado. Además del porqué sucede, es igualmente importante preguntarse si afecta a todas las personas por igual o depende de otros factores.

La clase socioeconómica y el territorio parecen ser factores contextuales determinantes, ya que las formas de exclusión y de represión varían según las condiciones de existencia en la que nos encontremos. El contexto se utiliza así como arma arrojadiza: el derecho a la protesta puede ser más intensamente diezmado por parte de las diversas fuerzas políticas y económicas con el objetivo de perpetuar la reproducción social existente en un territorio. 

Los datos más recientes del anuario del Ministerio del Interior confirman que Andalucía, cuya tasa de pobreza y calidad de vida es la peor del Estado español, fue durante el 2021 el territorio donde se registraron, con diferencias notables, un mayor número de manifestaciones, hasta 8.450 comunicadas (99,4 por cada cien mil habitantes), doblando prácticamente las desarrolladas en toda la Comunidad de Madrid con 4.457 manifestaciones (58,8 por cada cien mil habitantes) y casi triplicando las de la Comunitat Valenciana, 2.970 manifestaciones (66 por cada cien mil habitantes).

Durante el año pasado se sucedieron numerosas movilizaciones sociales, como las de Linares, Jaén, cuando tras las agresiones realizadas por policías fuera de servicio a un hombre junto a su hija en una cafetería de dicha localidad, se produjeron unas protestas sociales sin precedentes en la localidad. Frente a ellas, se realizaron numerosas cargas policiales utilizando fuego real y se detuvieron hasta 13 manifestantes.

Por su parte, en Puerto Real, Cádiz, la Coordinadora de Trabajadores del Metal sufrió una respuesta policial desproporcionada en la que se llegaron a utilizar 900 balas de goma en dos días, 800 disparos de salva en una mañana, 50 y 60 botes de gas lacrimógeno por día e incluso el empleo de tanquetas paramilitares. Se realizaron 9 detenciones ilegales durante los hechos y posteriormente, otras seis.

Por último, también cabe destacar las ocurridas en Granada: jóvenes pertenecientes a los movimientos sociales Fridays For Future y Extinction Rebellion se manifestaron por la ciudad pintando con tiza el acerado para pedir justicia climática. La respuesta policial, en unión con el Ayuntamiento de dicha ciudad, volvió a ser desmedida: multa aplicada con calificación de máxima gravedad a tres jóvenes, de 900€ para cada una, sumando un total de 2.700€.

En este sentido, junto a las cargas policiales y detenciones, el mecanismo de la sanción o multa es otro procedimiento de restricción del derecho a la protesta que se ejecuta recurrentemente por parte del Estado. En nuestra región se aplicaron un total de 15.961 sanciones, de las 64.711 registradas en todo el Estado, sumando un total de 7.045.621 millones de euros de los 27.567.389 millones de euros recolectados en todo el territorio nacional. 

En datos proporcionales, Andalucía representa un 24,7% del total de sanciones impuestas en todo el Estado (su peso demográfico respecto al Estado es del 17,9%) esto supone 187,7 sanciones por cada cien mil habitantes en Andalucía, frente a la media española de 136,5 sanciones por cada cien mil habitantes. Por otra parte, en lo referente a la cuantía de las multas, las de Andalucía suman un 25,6% de los millones de euros recolectados con respecto al total. Esto resulta en una cifra media de 441,42€ por cada multa, mientras que la media a nivel estatal desciende a 426€. 

Viendo los datos en perspectiva desde que se aplican este tipo de sanciones y comparando los territorios en función de su peso demográfico, Andalucía está por encima de la media española en toda la serie histórica. En dicha serie histórica del periodo 2015 a 2021, en Andalucía han supuesto 9 euros de sanción por habitante, muy por encima del conjunto de España que se sitúa en apenas 6 euros por habitante.

La represión directa y la que se realiza de forma latente, que es la que supone el miedo a ser enjuiciado o sancionado por parte del Estado, juegan un rol fundamental. Asimismo, los factores contextuales andaluces a los que hacíamos mención al inicio son influyentes, pues donde el riesgo de pobreza y exclusión social son más altos (38,7% según el INE) el derecho a la protesta se ve más claramente limitado. Andalucía queda así señalada como uno de los territorios donde, mecanismos de control social como la represión de la protesta, contribuyen a que no se den transformaciones sociales de calado. Es decir, que continúe el estado actual (desigual) de las cosas, el llamado estatus quo. Afortunadamente quedan vías para la esperanza, pues bajo la misma lúgubre luz de estos datos, también se comprueba el centelleo de un pueblo andaluz que continúa masivamente manifestándose para demostrar que el derecho a la protesta no puede quedar en papel mojado. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del informe “El Derecho a la protesta en el Estado español” de la Red Malla, de la que la APDHA forma parte.