Como cada año, el 10 de diciembre, la APDHA ha conmemorado el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y lo hemos hecho, también como siempre, saliendo a la calle en varias ciudades andaluzas para reclamar la vigencia de los Derechos Humanos en un momento especialmente preocupante.
Este Día de los Derechos Humanos lo solemos aprovechar para analizar la situación de los Derechos Humanos en nuestro entorno más cercano y, ciertamente, el panorama que proyecta ese análisis es absolutamente devastador.
Porque 2022 ha sido un año malo para Andalucía. Tras los duros efectos de la pandemia, la recuperación económica que se preveía vinculada a los fondos europeos se ha visto lastrada por las consecuencias de la guerra en Ucrania. El incremento de los precios de los suministros básicos, como los combustibles y la electricidad, ha venido acompañado de un alza del conjunto de la cesta de la compra, que ha supuesto que muchas familias en Andalucía lo estén pasando muy mal.
Hay que recordar que Andalucía se encuentra en los últimos puestos en cuanto a desarrollo económico, pobreza y exclusión. 18 de los 20 municipios del estado español con mayor porcentaje de personas paradas son andaluces. También están en Andalucía 12 de los 15 municipios con menor renta y 11 de los 15 barrios más pobres.
La situación es especialmente dolorosa cuando ponemos el foco en los menores: el 37,4% de los niños y niñas en Andalucía están en situación de pobreza
Esto supone que Andalucía encabece las tasas de pobreza en España con un 38,7% de personas en riesgo de pobreza o exclusión y un 15,9% en situación de pobreza severa. La situación es especialmente dolorosa cuando ponemos el foco en los menores: el 37,4% de los niños y niñas en Andalucía están en situación de pobreza.
El diferencial con el resto del país se incrementa año tras año. Pero la desigualdad no es solo una cuestión territorial sino también puramente interna. La distribución de los incrementos generados por la inflación es absolutamente desigual puesto que los beneficios empresariales han crecido siete veces más que los salarios. Tener un trabajo hace mucho que dejó de ser un sinónimo de salir de la pobreza.
En nuestro territorio, la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla ha apostado decididamente por políticas fiscales que benefician a los que más tienen. La supresión del impuesto de patrimonio (que pagaba solo el 0,2% de los habitantes de Andalucía, aquellos con las rentas más altas) viene acompañado por la infrafinanciación de la sanidad y la educación andaluzas, hay que recordar, que según un reciente informe dela revista científica Nature, la esperanza de vida es siete veces mayor en las zonas ricas que en las zonas pobres. Pese a ello, Andalucía es la tercera Comunidad Autónoma por la cola en cuanto a inversión sanitaria, solo por delante de Madrid y Catalunya.
El principal instrumento para combatir la desigualdad, la educación pública, también ha sido debilitado por el gobierno andaluz del Partido Popular. Desde 2019, mientras se mantenían las unidades de la educación concertada, se suprimían 1.475 aulas de la educación pública. En estos días se debate en el Parlamento de Andalucía la ILP por la bajada de la ratio que podría revertir esta situación y mejorar la calidad de la enseñanza pública.
La desigualdad tiene género, porque se extrema cuando la padecen las mujeres que, al panorama antes descrito, suman la brecha salarial, que les supone unos ingresos de 5.000 euros al año menos de media y la discriminación vinculada al patriarcado
También son insuficientes las políticas sociales. Ni la Renta Básica andaluza ni el Ingreso Mínimo Vital alcanzan para revertir una situación que, ante la subida del precio de la vivienda (que hace imposible la compra y prohibitivo el alquiler), desemboca en una media de casi 18 desahucios diarios en Andalucía. Los desahucios son un eslabón más de la cadena de la pobreza: el desempleo o la precariedad del empleo provocan la pérdida de la vivienda, lo que genera problemas de salud que dificultan el mantenimiento o el acceso al empleo y que, por ende, conducen a una peor situación de las familias, especialmente de los menores, para, finalmente, en demasiados casos, llegar hasta el último extremo, el de las personas sin hogar: Una de cada 5 personas sin hogar reside en Andalucía.
Además, la desigualdad tiene género, porque se extrema cuando la padecen las mujeres que, al panorama antes descrito, suman la brecha salarial, que les supone unos ingresos de 5.000 euros al año menos de media y la discriminación vinculada al patriarcado, que se proyecta en un entorno social más complejo y que tiene como máximo exponente los feminicidios. Andalucía acapara el 25% de los feminicidios en el estado español durante 2022.
La desigualdad también se proyecta fundamentalmente sobre los colectivos más vulnerables, como el de las personas migrantes, quienes padecen mayores tasas de desempleo y reciben salarios inferiores, cuando no se descarga sobre ellas la dureza del sistema legislativo de extranjería, que las irregulariza y las hace invisibles, impidiéndoles salir de la espiral de la pobreza a la que antes se aludía. Al mismo tiempo reciben, de forma cada vez más continuada y evidente, el odio por parte de ciertos políticos que pretenden dinamitar la convivencia entre la población autóctona andaluza y quienes han migrado a esta tierra buscando construir un futuro mejor a pesar de las dificultades.
Este Día de los Derechos Humanos ha habido muy poco que celebrar y mucho que reivindicar desde Andalucía y también con proyección a otros territorios como Sáhara, Palestina, Ucrania o Irán.
La desigualdad echa raíces en Andalucía y la desigualdad es enemiga de los Derechos Humanos de todos y todas, por tanto, es necesario un compromiso real de la ciudadanía por la protección de los mismos para que ese compromiso se transmita hacia la clase política. Incumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos no puede salir gratis. Exigir su cumplimiento es nuestro deber y para ello combatir la desigualdad es un paso esencial.
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