Hace poco conocíamos que el New York Times, un periódico de referencia en medio mundo, había decidido retirar sus tiras satíricas internacionales tras las presiones del lobby sionista, por haber publicado una caricatura de Benjamin Netanyahu con Donald Trump. Estrechando los marcos de la libertad de expresión, el NYT claudica lamentablemente ante el Estado de Israel, y nos sitúa descarnadamente ante los límites de un periodismo cada vez más sometido a los verdaderos poderes fácticos.
El largo brazo de Israel y sus intereses ya lo pudimos percibir aquí, cuando en febrero de 2014 se votó en el Congreso (por la vía rápida y conjuntamente por el PSOE y el PP) la limitación de la capacidad de los jueces españoles de investigar y procesar delitos bajo el paraguas de la ley de jurisdicción universal. Justo cuando una de las querellas presentadas trataba sobre los bombardeos cometidos por Israel la medianoche del 22 de Julio de 2002 y que costaron la vida a un miembro de Hamás, a su guardaespaldas y a 14 civiles palestinos (entre los que se contaban ocho niños).
Uno no es de naturaleza conspiranoica, pero la capacidad del Estado de Israel para limitar la acción de los Gobiernos de todo el mundo en la condena de sus tropelías contra el pueblo palestino es cada vez más evidente. La Unión Europea es un ejemplo viviente: siempre entre el quiero y “no puedo”, siempre sin salirse de la mera condena moral a las terribles acciones del Estado de Israel, pero nunca cuestionando los acuerdos de asociación preferenciales ni, mucho menos, tomando medidas concretas de sanción por la flagrante violación de los derechos humanos. Le queda, eso sí, el papel de “pagafantas” de los destrozos israelíes en Palestina.
Pero quizás sea menos conocido que el Estado de Israel mantiene una red de organizaciones y entidades generosamente apoyadas para rastrear cualquier actuación o posicionamiento que consideren perjudiciales para sus intereses o simplemente que puedan visibilizar la realidad que hay tras su propaganda, incluyendo acciones básicas de solidaridad con el pueblo palestino. Y ello, tanto en el ámbito de las administraciones, las empresas o la sociedad civil.
Estas entidades intentan esconder su cara sionista tras las nobles banderas de la lucha contra la discriminación, el combate antirracista, la denuncia del antisemistismo o la cooperación para la paz. Es el caso, en España, del llamado “Comité legal para la lucha contra la Discriminación (CLLD)” o la asociación “Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM)”, que curiosamente declaran en su página que “Nos inspiran valores universales: la defensa de los DD.HH., las sociedades democráticas, las libertades civiles y el Estado de derecho”.
Derechos humanos que, dadas sus actuaciones, no consideran que deben alcanzar al pueblo palestino. En realidad, tanto ACOM como CLLD son instrumentos del Estado de Israel, una de cuyas misiones es presentar recursos y querellas judiciales (dedicando cuantiosos fondos para ello) contra las instituciones públicas que asumen la solidaridad con el pueblo palestino, contra activistas del ámbito de la solidaridad, también contra organizaciones sociales, como últimamente la APDHA; amén de insultar y amenazar en redes sociales a las personas y organizaciones que sustentan este movimiento solidario.
Pero no nos dejemos engañar. Por más que tergiversen y mientan, esto no va de antisemitismo, ni va contra el pueblo judío, ni contra las personas nacionales de Israel. Las actuaciones del movimiento solidario con Palestina denuncian al Estado de Israel por incumplir una a una todas las resoluciones emitidas por la ONU, por bloquear a Gaza y convertir a sus pobladores en rehenes condenados a una situación extrema de supervivencia, por vulnerar diaria y sistemáticamente los derechos de las personas palestinas, por construir y ampliar asentamientos y muros ilegales… En suma, por llevar a cabo un proyecto de apartheid y genocidio progresivo sobre el pueblo palestino. Eso es lo que denunciamos, al igual que, cuando cualquier colectivo o persona de religión judía sufre el odio antisemita, cuenta también con nuestra solidaridad.
En Cádiz, ambas entidades sionistas, perfectamente coordinadas, han iniciado procedimientos contencioso-administrativos contra la APDHA y numerosos ayuntamientos de la provincia, que se solidarizaron con Palestina a través de la campaña ELAI. Otros 24 ayuntamientos en el resto del país también han sido demandados.
Es obvio que se trata de una estrategia perfectamente orquestada que atenta directamente a la soberanía municipal, para acogotar la labor de asociaciones como la APDHA que mantienen desde sus inicios un compromiso específico con los DD.HH. del pueblo palestino, a la par que criminalizan a activistas individuales por participar en acciones de boicot a través de redes sociales.
Es curioso el uso torticero en estas denuncias de tipos penales como el artículo 510, pensados para la protección frente a la discriminación y el delito de odio, dirigido a colectivos vulnerables y que aquí es utilizado para intentar asfixiar y penalizar a quienes precisamente denuncian las vulneraciones de los derechos humanos, en este caso el genocidio progresivo y el apartheid del pueblo palestino, que eso sí podría considerarse delito de lesa humanidad impulsado por el supremacismo sionista.
Por tanto, no resulta tan sorprendente la admisión a trámite por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Cádiz de esta querella contra la APDHA y el Ayuntamiento. El ámbito jurídico no debería ser un canal para la represión de acciones basadas en valores de solidaridad y apoyo para la defensa colectiva frente a la violencia y violación de derechos. Y no es sorprendente, por cuanto una parte del poder judicial (sobre todo su cúpula) se ha independizado de las leyes y la Constitución y está consiguiendo, con sus juicios y sentencias, poner en peligro principios básicos -que creíamos sólidos- de la propia democracia y el Estado de derecho.
Así que resulta difícil aventurar el resultado de estos procesos que, según la lógica jurídica, debían ser archivados. Pero, independientemente de estos alucinantes procedimientos penales o administrativos, la APDHA, al igual que innumerables colectivos de todo el territorio español, reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos de quienes padecen sus violaciones, entre ellos el pueblo palestino, algo que ninguna causa penal logrará debilitar.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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