No a los Centros de Internamiento de Extranjeros

En un estado de derecho la sanción más grave que se puede imponer legítimamente es la privación de libertad. Encerrar a alguien durante un tiempo prolongado se considera una vulneración tan grave de sus derechos, que los ordenamientos jurídicos restringen este castigo a las conductas más peligrosas para la convivencia: los delitos graves. Este axioma jurídico se mantiene de forma unánime en la mayor parte de los estados democráticos de derecho, porque aquellos que prevén e imponen la pena de muerte no pueden considerarse de tal forma.

La regla tiene una importante y dolorosa excepción: la posibilidad de privar de libertad a personas sin que hayan cometido delito alguno, por la única razón de su nacionalidad. Tanto la normativa de la UE como la del estado español contemplan la posibilidad de privar de libertad a las personas extranjeras que se encuentren en situación irregular, a pesar de no haber cometido ningún delito.

Esta aberración, que se disfraza con el nombre de internamiento, se desarrolla en nuestro país en los denominados Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Desde el año 2004, cuando se abrió el CIE de La Piñera, en Algeciras, Andalucía mantiene en su territorio centros de este tipo. De hecho, en estos días, se anuncia la finalización de la construcción del nuevo CIE de Algeciras, que, según las informaciones, será el más grande. 

Los nombres de Samba Martine, Idrisa Diallo o Mohamed Bouderbala nos recuerdan que los CIE también se han cobrado la vida de muchas personas

Sin embargo, las cifras muestran que cada vez se encierra en CIE a menos personas. Frente a las más de 11.000 personas que fueron privadas de libertad durante 2011, en los últimos tres años el total de personas internadas ronda las 2.000.

La reducción del número de personas que sufren esta realidad no disminuye la magnitud de las situaciones que se generan allí. Las más de 83.000 personas que han sufrido las condiciones de estos Centros de Internamiento en el estado español desde el año 2010 pueden atestiguar la dureza de las condiciones de unos lugares que son espacios sin derechos para las personas migrantes.

Una revisión de la situación de cada uno de los CIE que hay y ha habido en territorio español pone de manifiesto que las condiciones en las que tienen que vivir las personas que son privadas de libertad su cautividad son nefastas. Los CIE suponen una prolongación de la dureza de las fronteras con una perspectiva racista, de la que son víctimas especialmente las personas que proceden de África. Los nombres de Samba Martine, Idrisa Diallo o Mohamed Bouderbala nos recuerdan que los CIE también se han cobrado la vida de muchas personas.

En un año como el pasado, en el que hemos padecido la cifra más alta de la serie histórica de migrantes víctimas de las políticas migratorias en nuestro país, de tal forma que 2.789 perdieron la vida o desaparecieron en su trayecto migratorio hacia España, no podemos olvidar que las vulneraciones de sus derechos no se limitan al camino, sino que se mantienen al llegar al territorio con mecanismos como el del internamiento y lugares como los Centros de Internamiento de Extranjeros.

Cerrar los CIE en España es un paso absolutamente necesario en la transformación de las narrativas migratorias

La fuerza simbólica de los CIE como instrumentos de criminalización y estigmatización de las migraciones llevan a los poderes públicos a su mantenimiento y reforzamiento, a pesar de que se constaten tanto las innumerables y continuas vulneraciones de derechos como el despilfarro en la represión y control que los CIE suponen. Todo ello contrasta con la ausencia de mecanismos de entrada legales y la falta de inversión adecuada en los sistemas de asilo o de acogida.

El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que se aprobará en los próximos días, insiste en el desarrollo de medidas que se ubican en la misma línea, en la de la utilización de la privación de libertad como mecanismo de gestión migratoria, sea a través del internamiento o a través de nuevas vías, todo ello a pesar de las graves violaciones de derechos que generan y a pesar de su constatada ineficacia.

La APDHA insiste, como viene haciendo desde hace más de dos décadas, en la necesidad de cerrar los CIE en España. Es un paso absolutamente necesario en la transformación de las narrativas migratorias, en la modificación de las políticas securitarias de exclusión con las que España en particular, y la Unión Europea en general, vienen respondiendo a la realidad migratoria. El cambio de paradigma en los modelos migratorios europeos es absolutamente imprescindible y pasa por eliminar la centralidad de la deportación, por revisar el concepto de irregularidad y por cerrar todos los Centros de Internamiento.

En un estado de derecho la sanción más grave que se puede imponer legítimamente es la privación de libertad. Encerrar a alguien durante un tiempo prolongado se considera una vulneración tan grave de sus derechos, que los ordenamientos jurídicos restringen este castigo a las conductas más peligrosas para la convivencia: los delitos graves. Este axioma jurídico se mantiene de forma unánime en la mayor parte de los estados democráticos de derecho, porque aquellos que prevén e imponen la pena de muerte no pueden considerarse de tal forma.

La regla tiene una importante y dolorosa excepción: la posibilidad de privar de libertad a personas sin que hayan cometido delito alguno, por la única razón de su nacionalidad. Tanto la normativa de la UE como la del estado español contemplan la posibilidad de privar de libertad a las personas extranjeras que se encuentren en situación irregular, a pesar de no haber cometido ningún delito.