Las políticas del olvido dejan una oleada de muertes de personas mayores

Aún sentimos el vacío de las calles que el confinamiento nos dejó. Pero el silencio se hace aún más fuerte cuando recordamos lo que la pandemia nos está arrebatando, a nuestras personas mayores. Y es que los datos facilitados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, desprenden que son las personas a partir de ochenta años las que presentan más letalidad por Covid-19. Y nada más lejos, el pasado 2020, fallecieron 41.167 personas de más de ochenta años, y casi la mitad de esas muertes fueron en residencias.

Otro dato revelador es que, en el mismo año, según el Observatorio para la Dependencia, murieron 55.487 personas que estaban en las listas de espera para la dependencia. Esto significaría que cada día durante todo un año 152 personas murieron esperando a ser atendidas.

Datos más crudos recabados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales demuestran que la excesiva burocracia le gana la carrera a la vida, puesto que en enero de 2021 fallecieron un 16,8% más de personas que tenían una solicitud de dependencia sin resolver. De estas personas, 1.748 fallecieron sin haber sido ni siquiera valoradas. Y un 15,5% de las personas fallecidas con derecho a prestación murieron antes de poder recibirla.

Pero… ¿qué hay detrás de todo esto? Un conjunto de instituciones políticas, en coalición con entidades privadas, que nos siguen catapultando al colapso, provocando un compendio de malas decisiones y gestiones que comienzan con los recortes en el ámbito público, y acaban con personas mayores desatendidas.

Por ello, esta crisis pone en evidencia un sistema que no es capaz de hacer frente a los imprevistos. Y un sistema que no ostente como pilares básicos los derechos a unos servicios públicos, de calidad y universales, tanto sanitarios como de cuidados en dependencia, es un sistema que tiende a incrementar exponencialmente la brecha de la desigualdad.

Estamos ante un sistema basado en un modelo neoliberal, que está priorizando la privatización de los servicios, especialmente los vinculados a las residencias para personas dependientes, antes que una atención humanitaria de calidad y asequible para todas las personas. Y es que casi el 85% de las plazas están en manos privadas, a través de concierto o con una cesión de la gestión de lo público. Financiadas, en parte, con dinero público y con un escaso seguimiento y control de las mismas, cuestión que se ha evidenciado en toda su crudeza durante el periodo de crisis de la Covid-19.

Ya antes de la pandemia, según los datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) de 2001, el 36,2% de las personas mayores de 65 años necesitaría de la ayuda de otras personas para realizar algunas tareas básicas, y las necesidades siguen sin cubrirse. Tan solo en Andalucía, desde diciembre del pasado año, hay 56.534 personas dependientes que están en la lista de espera para recibir sus prestaciones según EpData. Además, es necesario resaltar que la media de duración para resolver un expediente vinculado a la dependencia es de 430 días, y en Andalucía la espera se sitúa en 700 días.

En diciembre de 2020, se contabilizaron 1.356.473 personas dependientes en España. De todas ellas, 232.243 se encuentran sin recibir ninguna prestación. Al mismo tiempo, en relación con los gastos públicos sociales, nuestro Estado está por debajo de la mayoría de países desarrollados de la Unión Europea (UE) en lo referente a los gastos destinados a la dependencia. Su incorporación es tardía y se sitúa alrededor de 2006, con graves retrocesos provocados por las crisis.

Y comparado con el resto de los países más desarrollados de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y la UE, los gastos públicos son menores, con mayor déficit de personal y números de camas. De acuerdo a lo publicado por la OCDE, en 2019, España destinaba el 0,7% del PIB para los cuidados sanitarios y sociales de larga duración, mientras que el promedio de la OCDE era del 1,7 %.

Además, se instrumentaliza la ancianidad como arma política para blanquear y ganar votos. Contando con la ola de recortes y privatizaciones en la esfera pública durante el Gobierno del Partido Popular, tras la crisis de 2008, el impacto de estas decisiones son claves para entender la falta de recursos que tenemos actualmente. Aquí tenemos un claro ejemplo gráfico de cómo baja el Gasto Público con el Gobierno de privatizaciones del PP: 

La gran caída de 2012 a 2013 es descomunal, y a día de hoy, se pueden ver las consecuencias. Además, uno de los sectores que más se redujo desde 2012 hasta 2018 fueron servicios públicos generales, en un 0,5%, según EpData, por lo que los recortes en servicios públicos en dependencia, han dejado una huella que no se puede recuperar.

Y es que, la crisis de la Covid-19 ha supuesto de nuevo una disminución en las prestaciones en dependencia. Según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, si se comparan los datos anteriores al Estado de Alarma con los actuales, hay una caída de todas las principales prestaciones.

Por tanto, si desglosamos, todas las prestaciones han disminuido exceptuando la tele-asistencia –que no resuelve eficientemente las demandas ni necesidades- y la ayuda puntual a domicilio, que sigue siendo escasa. Así, la atención en residencias ha caído un 9,4%, los centros de día/noche un 8,9%, y la promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia ha descendido un 1,6%. Además, con este colapso de los servicios sociales en la dependencia, no únicamente han disminuido las prestaciones, sino las personas beneficiarias.

De todo esto se desprende una falla común, y es la poca atención que se tiene en España a la dependencia y al cuidado. La idiosincrasia neoliberal que acaba descartando lo que considera prescindible, ha dañado uno de los tejidos más importantes de nuestra sociedad, y es el cuidado a nuestras personas mayores. Es una falta a la memoria, al cariño, a la colectividad, a nuestra humanidad… Esta pandemia se ha hecho eco de las políticas del olvido, de la crueldad de dejar morir a mayores en soledad en residencias, y no tender la mano en sus últimos alientos. La frialdad no puede seguir llenando los rincones de los hospitales, de las residencias, ni de las instituciones. Hay que revisarse.

Así que debemos nombrar para designar los problemas. Interroguemos al silencio para que los discursos no se tornen en formas de no decir, porque ya sabemos que lo que no se nombra, no existe.

Con todo ello, tenemos que enfrentarnos a varios retos, como reforzar el sistema de pensiones y dependencia, despojar las privatizaciones y externalizaciones de la esfera pública, fortalecer de recursos el sector de cuidados, dotar de mayor inversión al sector público, y estimular el empleo en este amplio sector.

Porque, en medio de toda esta crisis, se ha evidenciado que el sector público es lo que nos puede permitir salir de la pandemia. Por ello, se requiere un sistema que universalice los derechos, aumente la cobertura, y priorice el sistema público de gestión.

Aún sentimos el vacío de las calles que el confinamiento nos dejó. Pero el silencio se hace aún más fuerte cuando recordamos lo que la pandemia nos está arrebatando, a nuestras personas mayores. Y es que los datos facilitados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, desprenden que son las personas a partir de ochenta años las que presentan más letalidad por Covid-19. Y nada más lejos, el pasado 2020, fallecieron 41.167 personas de más de ochenta años, y casi la mitad de esas muertes fueron en residencias.

Otro dato revelador es que, en el mismo año, según el Observatorio para la Dependencia, murieron 55.487 personas que estaban en las listas de espera para la dependencia. Esto significaría que cada día durante todo un año 152 personas murieron esperando a ser atendidas.