La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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“Le golpearon con una barra de defensa que tienen los funcionarios, en un cuartillo del Departamento de Aislamiento. Otro día le tiraron y pisaron la cara. Los funcionarios (…) le pegaron puñetazos y el resto tortazos a pesar de que no opuso resistencia”.
“Sin mediar ningún tipo de explicación los dos funcionarios condujeron a la persona presa hasta el cuartillo del equipo técnico, donde no hay cámaras de seguridad en el interior, y comenzaron a propinarle puñetazos en el tórax y a darle fuertes golpes con un palo en su pierna derecha, todo ello con un fuerte ensañamiento y con amenazas de muerte como se le ocurriese denunciar la agresión”.
Sí, ha leído bien. Estamos hablando de funcionarios de prisiones y de personas presas. Estamos hablando de torturas y malos tratos en las cárceles españolas. Exactamente de dos casos de malos tratos sucedidos en el Centro Penitenciario de Sevilla II, el primero en el mes de abril y el segundo el pasado mes de junio. Estos son dos de los muchos casos que desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) hemos denunciado recientemente al Comité Europeo de Prevención de la Tortura (CPT).
La APDHA considera particularmente insostenible la situación en el Centro Penitenciario de Morón de la Frontera (Sevilla II) y lleva años denunciándolo junto a la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. La APDHA ha tenido noticia de varias personas presas que han denunciado situaciones de abuso de superioridad, maltrato e incluso agresiones físicas cometidas por algunos funcionarios del Centro Penitenciario Morón de la Frontera.
En la mayoría de los casos conocidos, el modus operandi utilizado es conducir al interno a un lugar sin cámaras y allí entre tres o cuatro funcionarios propinarle golpes, llegando a utilizar en algunas ocasiones distintos objetos y las defensas de goma. Es habitual que el mismo interno sufra reiterados episodios de maltrato por parte de los mismos funcionarios. En el caso de F.M.T., por ejemplo, tras denunciar ante un abogado un episodio de malos tratos, fue de nuevo golpeado y el siguiente abogado que lo visitó pudo ver cómo tenía el ojo hinchado y señales de golpes en la frente.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía viene denunciando desde hace años que el maltrato y la tortura existen en el interior de las cárceles de España y Andalucía. Otros casos similares puede consultar en el Informe La Tortura en el Estado Español de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) presentado el pasado mes de junio. La CPDT es una plataforma integrada por organizaciones que luchan contra la tortura y en defensa de los Derechos Humanos, agrupadas con el objetivo principal de velar por la aplicación y el seguimiento de los mecanismos internacionales de prevención de la tortura en el Estado español.
Ante este tipo de situaciones, informamos a los internos de la posibilidad que tienen de denunciar los hechos ante el Juzgado de Guardia. Por desgracia, la mayoría no lo hace por evitar situaciones de represalias y traslados a otras prisiones más lejanas a su entorno familiar. De hecho, en tres de los casos que hemos denunciado este año, los presos han sido trasladados a otras cárceles. En uno de los casos, sabemos que se halla ahora en Almería, en los otros ni siquiera sabemos dónde están.
Por suerte, a nuestras denuncias se ha unido ahora la Oficina del Defensor del Pueblo. Instituciones Penitenciarias mira hacia otra parte cuando son organizaciones de la sociedad civil las que denuncian casos como este y no se siente en la obligación de explicar ni de investigar nada. La situación ha cambiado. El pasado 21 de julio se presentó en el Congreso el Informe Anual 2015 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), organismo dependiente del Defensor del Pueblo. A raíz de la investigación realizada para la elaboración de este informe desde la oficina del Defensor del Pueblo Español, se ha solicitado a Instituciones Penitenciarias una investigación en profundidad acerca de los posibles casos de malos tratos que han tenido lugar en el centro penitenciario de Sevilla II. La denuncia de esta situación por parte de la Defensora del Pueblo obliga a Instituciones Penitenciarias a tener que tomar, por fin, medidas que eviten los continuos abusos por parte de los funcionarios de esta prisión. Las autoridades de Instituciones Penitenciarias no pueden seguir mirando hacia otro lado sin investigar qué sucede en la cárcel de Morón.
Consideramos urgente que Instituciones Penitenciarias realice dicha investigación y tome las medidas precisas para que ningún preso más sufra malos tratos en este Centro Penitenciario. Los muros de las prisiones son altos y opacos y mirar por ellos es complicado. Como sociedad civil debemos reivindicar también transparencia tras esos muros y para ello es fundamental que sepamos que en las cárceles españolas se tortura, lo dice la Defensora del Pueblo Español, no lo olvidemos.
“Le golpearon con una barra de defensa que tienen los funcionarios, en un cuartillo del Departamento de Aislamiento. Otro día le tiraron y pisaron la cara. Los funcionarios (…) le pegaron puñetazos y el resto tortazos a pesar de que no opuso resistencia”.
“Sin mediar ningún tipo de explicación los dos funcionarios condujeron a la persona presa hasta el cuartillo del equipo técnico, donde no hay cámaras de seguridad en el interior, y comenzaron a propinarle puñetazos en el tórax y a darle fuertes golpes con un palo en su pierna derecha, todo ello con un fuerte ensañamiento y con amenazas de muerte como se le ocurriese denunciar la agresión”.