Almería, la corrupción y la estrategia del recurso ante las municipales
“En nuestras listas no irán imputados”. la frase se ha repetido insistentemente antes y durante la campaña. En nuestras listas no irán imputados... o sí. Hacemos un somero repaso a los candidatos imputados que sí están en las listas.
Hablando de presunta corrupción, en la provincia de Almería destaca el caso del presidente provincial del Partido Popular, presidente de la Diputación Provincial y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, quien se presenta a la reelección tras llevar en el cargo desde 1995. Antes de los comicios había mostrado su intención de abandonar la política, pero tras su imputación decidió presentarse “para demostrar mi honestidad”.
Recientemente se ha mostrado muy satisfecho porque un juzgado de Roquetas ha archivado provisionalmente el caso ‘La Fabriquilla’, en el que estaban imputados tanto él como varios miembros de su equipo de gobierno, tras otorgar licencia de construcción a varios chalets de lujo, que según la oposición municipal se habían levantado en lo que fue inicialmente una zona verde cambiando el Plan General de Ordenación Urbana PGOU para permitir su realización. La defensa del Partido Popular se basaba en que todos los informes de los técnicos eran favorables y la junta local de gobierno se limitó a ratificar estos informes.
Este tema provocó en el último Pleno de la Diputación Provincial un grave enfrentamiento entre Amat y el único diputado de Izquierda Unida, Yakubiuk, cuando este concejal roquetero fue instado a que le pidiese disculpas tras quedar archivada la causa. El edil de IU no solo no se disculpó, sino que volvió a asegurar que “todo fue verdad” y aludió a que el archivo provisional se debía a la reciente visita electoral a Roquetas de Mar del ministro de Justicia, Catalá. Yakubiuk casi acaba expulsado al dar a entender que Amat podía volver a ser encausado.
Aún pesa sobre Amat una investigación de la fiscalía en la que se le acusa de liderar una trama de varias sociedades que habrían favorecido a amigos, familiares y empresas cercanas a sus intereses, entre ellas la constructora Hispano Almería, que levantó el Teatro Auditorio Roquetas de Mar, presuntamente inflando el presupuesto de construcción. Un sinfín de recibos b, en negro, han salido a la palestra en los medios de comunicación locales por este caso en los últimos meses. Pero Gabriel Amat ha sido contundente, al afirmar a eldiario.es que “ellos tendrán que demostrar que es cierto lo que dicen, porque es mentira que tenga un centenar de sociedades. Es mentira. Estoy muy tranquilo”. Y tan tranquilo está que en lo referente a las elecciones municipales considera que la mayoría absoluta del Partido Popular en la Diputación Provincial “no está en juego”.
En Albox el alcalde socialista, Rogelio Mena, está citado a declarar en los primeros días del próximo mes de junio al abrirse vista oral contra él tras la denuncia del Partido Popular por negarle información municipal a la oposición y falta de transparencia en gastos de viajes realizados a cuenta de las arcas públicas. Mena asegura que saldrá absuelto de todos los cargos “porque no he cometido ninguna irregularidad. Los viajes se realizaron para hacer gestiones municipales.”
El regidor de Taberno, Antonio Martos (PP), anunció que se presenta a pesar de la reciente condena de seis meses de prisión y siete años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación urbanística que ha recurrido. La falta de firmeza de la sentencia le permite ser candidato, a pesar de la denuncia socialista.
Según recoge el PSOE en un comunicado, la sentencia considera como hechos probados que en el año 2004 Antonio Martos, que por entonces era concejal y propietario de la inmobiliaria Taberno States, asesoró a una ciudadana belga que quería comprar un terreno y hacerse una casa. Para ello, le vendió una parcela del Paraje de 'El Cocón', en la que existía un pequeño cortijo de 57 metros cuadrados, semiderruido y asentado sobre suelo no urbanizable, pese a que Martos conocía que la única actividad legal posible en esta parcela era realizar un proyecto de actuación sobre la vivienda o rehabilitarla sin modificaciones estructurales sustanciales.
La propietaria, asesorada por Martos, decidió demoler la vivienda existente y, sin respetar la ubicación original, levantó una nueva de más de 189 metros cuadrados. Para realizar estas obras, la propietaria solicitó en 2008 al Ayuntamiento de Taberno una licencia de rehabilitación, que fue aprobada con el voto a favor del propio Martos, quien conocía la ilegalidad de la licencia que se estaba concediendo, según indica la sentencia.
En Fines un caso similar ya que la Junta Electoral ha declarado que el candidato del Partido Popular, Rodrigo Sánchez, puede presentarse a las elecciones, a pesar de haber sido condenado por un delito contra la ordenación del territorio y desobediencia, pero la sentencia no es firme al haberse admitido a trámite un recurso.
En Carboneras, el alcalde independiente del Gicar, Salvador Hernández, candidato a la reelección, ha sido citado a juicio a través de un juzgado de Vera por haber impedido presuntamente la labor de oposición del portavoz municipal del PSOE, José Luis Amérigo, si bien ha interpuesto recurso de reforma y apelación. La fiscalía pide tres años de inhabilitación para empleo o cargo público y la acusación particular socialista cuatro años y delito de prevaricación con otros diez años más de inhabilitación para empleo o cargo público. Le acusan de haber impedido a la oposición realizar su labor de fiscalización del gobierno municipal no dando acceso a información sobre expedientes de contratación o adjudicación de servicios municipales. En Carboneras, un ex concejal del PP, Agustín Cánovas, se presenta como candidato por Ciudadanos.
El alcalde socialista de Paterna del Río, José Asensio, ha sido denunciado por una persona a la que tuvo trabajando sin contrato y a la que pagó en 'negro' según consta en el escrito presentado en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería. De momento, la denuncia está tan sólo en la Seguridad Social.
Sustituciones de familia
Uno de los casos más berlangianos ha sido el de Cantoria, donde el Partido Popular denunciaba al candidato del PSOE Antonio Cerrillo por llevar una papelina de cocaína, siendo detenido por la Guardia Civil a la puerta de un prostíbulo. Ante esta situación, su mujer, Purificación Sánchez, le relevaba al frente de la lista, presentándose ella a la alcaldía.
En esta misma población hay El PSOE había denunciado que Llamas (PP) había sido condenado por anterioridad de un delito urbanístico, pero la Junta Electoral de Zona dictó que Llamas había cumplido sus penas y tenía derecho a presentarse a los comicios. Pedro Llamas fue inhabilitado por dar agua a la vivienda ilegal de su suegro, pero el PP ha encontrado en su hermano, José María Llamas, a su mejor aval para seguir gobernando en Cantoria.
En Vícar se ha dado el caso de la inhabilitación durante ocho años como cargo público del alcalde del Partido Popular Antonio Jesús Rodríguez, quien se presenta ahora de nuevo tras cumplir su sanción. Para evitar una moción de censura contra él del PSOE, Izquierda Unida y un grupo independiente, Rodríguez expulsó de un Pleno a dos ediles. Rodríguez se defiende afirmando que “fue un error administrativo, no robé nada”. Su reaparición ha provocado la dimisión de varios concejales del PP en el pueblo. En los pasados comicios andaluces el PSOE ganó in extremis por menos de un centenar de votos.
En Adra el hasta ahora alcalde del Partido Popular, Enrique Hernando, ha manifestado que “ni he sido, ni soy ni seré marioneta de Carmen Crespo”, de quien fue concejal en el equipo de gobierno municipal antes de ser Delegada del Gobierno en Andalucía. Ahora el candidato abderitano del PP es Manuel Cortés, ex compañero de corporación de ambos, quien había abandonado la política. Hernando llegó a emitir un comunicado para que el alcalde entrante no tuviera las injerencias ni obstáculos que él había sufrido desde que sustituyó en la alcaldía a Carmen Crespo, tres veces elegida en las urnas. En esta milenaria ciudad, el PSOE sufrió una grave crisis, con el ex vicepresidente socialista de la Diputación Provincial Luis Pérez, acusado en el caso 'Facturas', en el que el Partido Popular llevaba a la Fiscalía recibos presuntamente ficticios por viajes no realizados durante el gobierno del PSOE. Se llegó a denunciar la falta de ética del PP por pedir el voto por carta antes del inicio de la campaña electoral.
En Oria un juzgado ha propuesto que sea un jurado popular quien dicte veredicto en la causa contra el candidato del PSOE a la alcaldía, José Pérez, al entender que hay indicios racionales de que pudo incurrir en delito de malversación de caudales públicos cuando era alcalde entre 2007 y 2011. Se le atribuye haber recibido presuntamente 9.500 euros en concepto de fianza por el ex concesionario del bar de la piscina municipal, que no constarían como registrados en la contabilidad municipal. La defensa pide la absolución porque no se fía de la validez del recibo presentado y afirma que había enemistad personal contra él porque le había parado unas obras de una promoción urbanística ilegal. Por otra parte Pérez se enfrenta a otro proceso penal por contratar presuntamente a 46 personas sin proceso selectivo alguno y realizar contrataciones directas y verbalmente que generaron deuda municipal.
En la capital, Miguel Cazorla, candidato a la alcaldía por Ciudadanos, abandonó la candidatura temporalmente durante un proceso judicial del que salió absuelto, volviendo a presentarse al quedar libre. Pero Cazorla tiene otra cita con los tribunales, ya que tiene una nueva imputación por presunto delito societario, falsedad documental y apropiación indebida entre los años 2003 y 2010 siendo presidente de la SAT Agricultores Ecológicos de Almería. Según recoge El Ideal “una mercantil de Cazorla, Explotaciones Rambla Santos S.L., fue desahuciada por impago de alquileres, petición que se formalizó por Gonzalo Sánchez Moreno de Pechina ante el Juzgado de 1ª Instancia (Nº 3) de Almería el 26 de abril de 2013. Posteriormente fue presentada ante el Juzgado de Instrucción una denuncia por supuesto alzamiento de bienes, insolvencia punible y un delito de daños contra Cazorla por el estado en que quedó la finca arrendada y por no haber hecho frente a sus deudas por insolvencia”.
En La Mojonera el alcalde del Partido Popular, José Cara, candidato a la reelección, declaró como imputado el pasado abril en las diligencias previas a raíz de la querella del PSOE que denunciaba presunta malversación de fondos públicos en la relación del ayuntamiento con filiales de la empresa Hispano Almería.
José Cara reafirmó que tanto él como Alcalde, como los concejales de su equipo de gobierno obraron con el respaldo de los informes preceptivos, bajo el amparo de la ley y con el único objetivo del interés general de los vecinos de La Mojonera. “Estamos muy orgullosos del trabajo realizado y lo volveríamos a hacer del mismo modo. Los expedientes contra los que se dirige el PSOE son responsables en gran medida del enorme cambio que ha experimentado el municipio al incorporar infraestructuras que han mejorado e incorporado nuevos servicios públicos. Al PSOE nunca le han gustado estas actuaciones aunque éstas tengan el respaldo mayoritario de los ciudadanos o tal vez sea por eso mismo por lo que no les gustan”, se defendió, deseando que la justicia actúe y restablezca de una vez por todas su honorabilidad y la de su equipo.
