Aclarando conceptos

Nuestro Estatuto de Autonomía, aprobado hace diez años, recoge en su artículo 23.2, el derecho a la renta básica que garantice unas condiciones de vida digna. Hablamos pues de un derecho de la ciudadanía y, por tanto, una obligación de los poderes públicos, que garantice, ni más ni menos, que una vida digna.

La pretendida “nueva” renta mínima de inserción, anunciada a bombo y platillo por la presidenta de la Junta, NO es, en absoluto, sinónimo de la renta básica, es el mismo subsidio de Rentas Mínimas de Inserción, vigente desde el año 1999,  conocido como el salario social.

En sus declaraciones, la presidenta de la Junta habla de 415,35 € por familia. Señora presidenta ¿Usted y su familia podrían vivir con 415 € al mes?

Si el Gobierno y el Parlamento tuviera que vivir un solo mes con 415,35 €, otro gallo cantaría. Seguro que el tema estaba ya resuelto y no llevaríamos diez años esperando que se cumpla nuestro Estatuto.

Ya está bien de que se dilapiden miles de millones en gastos superfluos, mientras miles y miles de personas tienen que soportar el hacer cola ante los comedores sociales para algo tan esencial como poder comer.

Ya está bien de que miles y miles de personas malvivan gracias a la pensión del abuelo y/o la abuela, al no disponer de una renta básica que les permita tener una vida digna.

Ya está bien de que mujeres víctimas de violencia de género tengan que seguir soportando al canalla maltratador por no disponer de una renta básica que le permita tener una independencia económica con la que poder liberarse. 

Ya está bien de que personas a las que se les han agotado las prestaciones, o que nunca han tenido un trabajo remunerado, y en sus casas entran cero euros, tengan que vivir de la caridad y los servicios sociales.

Si en nuestra vida personal, cuando tenemos pocos recursos, establecemos prioridades y no invertimos la pirámide de Maslow, ya es hora que desde la administración pública se haga lo mismo.

Cuando se quieren hacer las cosas se buscan soluciones y cuando no, se buscan objeciones. Ya está bien de poner excusas e impedimentos.

Año tras año, Andalucía es la comunidad autónoma europea con mayor índice de paro y de pobreza infantil. Y cuando se habla del pleno empleo, como objetivo, se miente descaradamente, pues la robotización creciente hace ya hoy estructural el paro tecnológico.

Como hemos visto antes, nuestro Estatuto de Autonomía recoge el derecho a la renta básica. Artículo 23.2: “Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley”.

Pues bien, hace ya diez años que se aprobó el mismo sin que se haya desarrollado la ley prevista al respecto. Algo que resulta incomprensible pues el Estatuto fue aprobado con un amplísimo consenso, tanto en el Parlamento de Andalucía, como en el Congreso de los Diputados, con los votos a favor del PSOE, PP e IU (entonces no existían Podemos, ni Ciudadanos).

Por tanto, la reivindicación del cumplimiento del derecho a la renta básica, no es algo dirigido al PSOE, independientemente de que sea el partido que lleva gobernando Andalucía desde hace 37 años; es igualmente para PP e IU, ya que ambos votaron favorablemente el Estatuto.

Renta Básica ¡YA!

Francisco Vega,

 

 

Nuestro Estatuto de Autonomía, aprobado hace diez años, recoge en su artículo 23.2, el derecho a la renta básica que garantice unas condiciones de vida digna. Hablamos pues de un derecho de la ciudadanía y, por tanto, una obligación de los poderes públicos, que garantice, ni más ni menos, que una vida digna.

La pretendida “nueva” renta mínima de inserción, anunciada a bombo y platillo por la presidenta de la Junta, NO es, en absoluto, sinónimo de la renta básica, es el mismo subsidio de Rentas Mínimas de Inserción, vigente desde el año 1999,  conocido como el salario social.