Andalucía, el 4 de diciembre y la reforma de la Constitución

El fin del bipartidismo va a abrir las puertas a la reforma de la Constitución española. En la traumática historia constitucional de España nunca ha sido posible ejercer con normalidad la renovación del vínculo entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio mediante la modificación de la carta magna aunque, como ha escrito Javier Pérez Royo “el estado constitucional es democrático porque reforma la constitución y reforma la constitución porque es democrático”, es decir, reformar la constitución es, en estas circunstancias, la única forma de defender la democracia y la propia constitución.

Esta reforma no puede circunscribirse a la modificación del título VIII (De la organización territorial del estado) porque hay objetivos reclamados por la mayoría de la ciudadanía como el reforzamiento de los derechos sociales y laborales; la congruencia de todas las instituciones del estado con el principio de igualdad; la introducción de los nuevos derechos ambientales; la garantía de la igualdad de voto entre circunscripciones electorales; la supresión de la reforma del artículo 135; las garantías contra la corrupción o la eliminación de ese tapón contra el estado federal que es la provincia, aunque la reforma de la organización territorial del estado necesita cambios de una amplitud y profundidad solo comparables a los que tuvieron lugar durante la transición a la democracia.

La posible reforma de la constitución no está exenta de riesgos y dificultades pero también de esperanza para abrir una nueva etapa que solucione las disfunciones del Estado de las Autonomías y sea un paso decisivo para solucionar el conflicto catalán exclusivamente, sino porque va a implicar, sobre todo, una nueva distribución territorial del poder en España. La dialéctica se va a establecer entre inmovilismo, asimetría (nacionalismos soberanistas) o federalismo plurinacional, en el contexto de la crisis del estado nación. Y solo si Andalucía logra intervenir en el debate como un sujeto político que tiene derecho a su propia realización, será posible aunar la plena autonomía y la máxima cooperación para el conjunto de los pueblos que conforman el estado y no sólo para nuestra tierra.

Aunque en la próxima legislatura Andalucía no va a tener expresión política, nuestra existencia como sujeto político va a ser decisiva, ya sea porque los nuevos representantes defiendan nuestros intereses, ya sea porque lo defenderemos en la calle. En todo caso tendrá que darse un proceso para que Andalucía tenga representatividad propia al igual que la van a tener en esta nueva legislatura Cataluña, Valencia o Galicia.

En el debate televisivo de Atresmedia, Andalucía estuvo muy presente, en buena medida, por la mención de Pablo Iglesias a la naturaleza política del 4 de diciembre. La sorpresa por la referencia a las manifestaciones de 1977 fue mayúscula porque hemos vivido una fractura en la memoria democrática de Andalucía. A pesar de la imprecisión jurídica, desde la perspectiva política, es verdad que Andalucía fue el único territorio del Estado que ganó su autonomía plena en un referéndum en el que se preguntaba cómo se quería estar en España y cuyo triunfo se inició con esas manifestaciones del 4D que sorprendieron a sus convocantes y a todas las instituciones del estado, tanto por la masiva participación como por su carácter democrático y popular.

Aunque teníamos en contra al gobierno de la UCD y había que superar un referéndum en el que se exigía no sólo ganar sino alcanzar el 50% del censo en cada provincia, conquistamos el derecho a ser reconocidos como nacionalidad histórica: a no ser como “los demás”, sino a ser como “los que más”.

La sola mención del 4D de Andalucía en “el debate decisivo”, en el marco de la cuestión catalana, ha provocado un terremoto electoral y ha obligado a multitud de medios de comunicación a desempolvar de la memoria el hecho de que fue Andalucía la que forzó una Constitución más equilibrada territorialmente y más justa.

Ahora, por una vez en la historia, los andaluces y las andaluzas partimos de una sólida posición constitucional. No tenemos que construir una mitología porque somos una nacionalidad histórica en el sentido constitucional y democrático de la palabra y además defendemos un proyecto nítido que entronca con los valores de la izquierda y la tradición del andalucismo histórico, al mismo tiempo que da respuesta a los retos del siglo XXI. Un nuevo andalucismo ecologista y social se abre paso en torno a la construcción de un modelo de Estado desde la justicia, la equidad y el pluralismo que en ningún caso permita la aparición de desigualdades y privilegios.

La modernidad de la idea de soberanía compartida y del federalismo plurinacional va mas allá de la forma de organizar el estado: es el principio estratégico para defender la democracia y lo público en esta crisis de la globalización, tanto en España así como en la UE y a nivel internacional.

Queremos contribuir a impulsar una reforma constitucional que garantice un modelo federal, cooperativo y plurinacional, en el que todos los poderes estén distribuidos, limitados y sometidos a la Constitución y los Estatutos, bajo el principio de distribución competencial y no en el de jerarquía. Defendemos la separación de los conceptos de estado y nación y la soberanía compartida entre los distintos entes con capacidad legislativa propia (Unión Europea, Estado central y Comunidades Autónomas). Reivindicamos el autogobierno real para las Comunidades en un plano de igualdad y el establecimiento de mecanismos efectivos de cooperación con el Estado y la Unión Europea.

Andalucía tiene un patrimonio constitucional ganado en la calle, el 4D, y en las urnas, el 28F. Andalucía es un sujeto político por derecho propio que jugará sin duda un papel decisivo en el debate que se abrirá tras el 20D. Andalucía reclamará, una vez más, escuelas gratis, medicina y hospital, pan y trabajo, vivienda y dignidad y lo hará por sí, por los pueblos  y por la humanidad.

El fin del bipartidismo va a abrir las puertas a la reforma de la Constitución española. En la traumática historia constitucional de España nunca ha sido posible ejercer con normalidad la renovación del vínculo entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio mediante la modificación de la carta magna aunque, como ha escrito Javier Pérez Royo “el estado constitucional es democrático porque reforma la constitución y reforma la constitución porque es democrático”, es decir, reformar la constitución es, en estas circunstancias, la única forma de defender la democracia y la propia constitución.

Esta reforma no puede circunscribirse a la modificación del título VIII (De la organización territorial del estado) porque hay objetivos reclamados por la mayoría de la ciudadanía como el reforzamiento de los derechos sociales y laborales; la congruencia de todas las instituciones del estado con el principio de igualdad; la introducción de los nuevos derechos ambientales; la garantía de la igualdad de voto entre circunscripciones electorales; la supresión de la reforma del artículo 135; las garantías contra la corrupción o la eliminación de ese tapón contra el estado federal que es la provincia, aunque la reforma de la organización territorial del estado necesita cambios de una amplitud y profundidad solo comparables a los que tuvieron lugar durante la transición a la democracia.