Andalucía con memoria

La ley de Memoria Democrática de Andalucía que por fin, si todo va según lo previsto, iniciará este miércoles su trámite parlamentario, comenzó a gestarse en los inicios de la VIII legislatura, cuando el grupo parlamentario de IU, a instancias de nuestro Partido Comunista de Andalucía, impulsó la creación de un grupo de trabajo interdisciplinar que elaboró un texto ambicioso y un tanto provocador. Se trataba de un texto que ponía en cuestión las políticas de memoria de sesgo equidistante, marcadas en aquel entonces por la mayoría absoluta del PSOE, con su buque insignia de la Ley estatal de Memoria de 2007, y que delegaba la respuesta pública a los derechos de las víctimas en la voluntad subvencionable de las asociaciones de familiares. La ley de 2007 situaba las exhumaciones como un hecho técnico-arqueológico, asumiendo así de facto la reaccionaria jurisprudencia contraria al derecho internacional sostenida por el Tribunal Supremo, según la cual los crímenes del franquismo o bien han prescrito o están amparados por la Ley de Amnistía de 1977.

Este primer proyecto de ley fue rechazado en el año 2010 por la mayoría parlamentaria aplastante de PSOE, y también del PP, pero en él se encontraban ya las líneas maestras de la actual ley:

1. La Memoria Democrática es una construcción conceptual que integra y amplia la idea y la práctica de la conocida como Memoria Histórica. En primer lugar porque, junto a la memoria de la represión y las víctimas, incluye el relato de las luchas por las libertades y por los derechos sociales que se dan ya en el inicio del régimen republicano y se perpetúan tras la muerte del dictador hasta las masivas movilizaciones sociales por las que el pueblo andaluz conquistó el acceso al autogobierno en 1982. Además, porque se ocupa de rememorar la larga resistencia popular contra la dictadura, protagonizada por cierto durante décadas por el Partido Comunista de España.

2. El Deber Público de la Memoria, como respuesta a los derechos de verdad, justicia y reparación, corresponde esencialmente al Estado democrático. Se trata de crímenes cometidos por el Estado fascista español encarnado en la Junta de Burgos o en la posterior dictadura. Por tanto, es su sucesor, el actual estado monárquico-parlamentario, el que debe asumir la responsabilidad de establecer oficialmente el relato veraz de lo ocurrido, de honrar a las víctimas y de juzgar a los culpables. Frente a la privatización de las actuaciones memorialistas que establece la Ley de 2007, la Ley de Memoria Democrática de Andalucía se sustenta en un principio radicalmente opuesto: la Junta, como parte del Estado democrático, asume como propio el deber público de memoria. Esto no supone la suplantación o el debilitamiento del movimiento memorialista. Al contrario, la ley contempla la creación del Consejo Andaluz de Memoria Democrática como organismo de coordinación e impulso del amplísimo campo de actuaciones memorialistas que lleva a cabo la ciudadanía organizada en foros y asociaciones.

Los dos puntos anteriores constituyen los ejes teórico-prácticos sobre los que se desarrolla el conjunto de propuestas planteadas en la ley: el establecimiento de un censo oficial de víctimas, la presencia obligatoria de la DGMD en todos los procesos de localización, exhumación e identificación de víctimas, la exigencia de presentar denuncia judicial en cuanto aparezcan restos de asesinados, la obligatoriedad para los ayuntamientos de retirar la simbología franquista en un plazo establecido ya que en caso contrario será la Junta quien los retire de oficio, el establecimiento de un régimen sancionador con tipificación de delitos y cuantificación de sanciones… sin olvidar la obligatoriedad de introducir en el currículo escolar los contenidos propios de la memoria democrática, la protección territorial de los Lugares de Memoria, o la creación del Instituto Andaluz de MD, que dé cuerpo e impulse todas las tareas de recuperación de testimonios orales, historias de vida y documentos que den luz sobre el genocidio franquista y la resistencia popular.

No un “desarrollo” sino una ruptura

Estas son, a grandes rasgos, las líneas estratégicas y las aplicaciones tácticas que constituyen nuestra forma de entender y de practicar la lucha por la memoria. El proyecto de ley actual, que se elaboró en la anterior legislatura cuando IU formaba parte del Gobierno de la Junta de Andalucía y que llega ahora al Parlamento, los recoge todos, los desarrolla y mejora el lenguaje técnico-jurídico que otorga precisión y fundamentación legal a las ideas y las intenciones expresadas. Sin duda, el amplísimo proceso de participación y debate de la propuesta inicial, en el que han participado decenas de foros, asociaciones y grupos de expertos, más el trabajo propio del equipo de la Consejería que presidió el compañero Diego Valderas antes de que Susana Díaz rompiera el gobierno, ha enriquecido y mejorado el articulado de la ley. También sin duda, la prevista resistencia del partido socialista ha moderado o matizado algunas de nuestras posiciones iniciales, pero sin desnaturalizar o anular en ningún caso lo sustantivo del texto que planteamos, lo que sin duda supone un éxito de la capacidad de elaborar un discurso al mismo tiempo ambicioso, radical y posible, apoyado actualmente por la mayoría del movimiento memorialista.

En conclusión, la LMD no constituye, en absoluto, un “desarrollo” o “profundización” de la ley estatal del 2007. Por el contrario, se trata de una ruptura con los principios políticos y la propia concepción del ejercicio de la memoria de la mencionada ley de 2007, al afirmar la presencia pública y el deber inexcusable del Estado, al reconocer el profundo déficit de olvido que supuso la transición al régimen monárquico, al exigir la presencia judicial ante evidencias de crímenes imprescriptibles, así como la anulación de los consejos de guerra franquistas.

Pero no olvidemos que esta ley, como todas, será solo un elemento más de la superestructura jurídica y que, por sí misma, no va a cambiar ni un rasgo de la realidad presente. Para convertirla en una herramienta revolucionaria a su manera, puesto que busca la transformación radical de lo ahora existente, será preciso seguir luchando con más fuerza si cabe para acumular fuerzas en los dos planos que la dialéctica marxista siempre ha considerado como necesarios y confluyentes. Me refiero, claro está, a la organización y la presencia en la sociedad y en las calles, junto con la ocupación de los espacios de poder político que nos permiten promulgar leyes como esta y otras, que recojan las demandas y los intereses de los trabajadores y trabajadoras, de los que protagonizaron la resistencia contra el franquismo y de los que ahora se enfrentan a las nuevas formas del fascismo.

 

La ley de Memoria Democrática de Andalucía que por fin, si todo va según lo previsto, iniciará este miércoles su trámite parlamentario, comenzó a gestarse en los inicios de la VIII legislatura, cuando el grupo parlamentario de IU, a instancias de nuestro Partido Comunista de Andalucía, impulsó la creación de un grupo de trabajo interdisciplinar que elaboró un texto ambicioso y un tanto provocador. Se trataba de un texto que ponía en cuestión las políticas de memoria de sesgo equidistante, marcadas en aquel entonces por la mayoría absoluta del PSOE, con su buque insignia de la Ley estatal de Memoria de 2007, y que delegaba la respuesta pública a los derechos de las víctimas en la voluntad subvencionable de las asociaciones de familiares. La ley de 2007 situaba las exhumaciones como un hecho técnico-arqueológico, asumiendo así de facto la reaccionaria jurisprudencia contraria al derecho internacional sostenida por el Tribunal Supremo, según la cual los crímenes del franquismo o bien han prescrito o están amparados por la Ley de Amnistía de 1977.

Este primer proyecto de ley fue rechazado en el año 2010 por la mayoría parlamentaria aplastante de PSOE, y también del PP, pero en él se encontraban ya las líneas maestras de la actual ley: