La criminalización de la ayuda humanitaria: el delito de la solidaridad

En lo que llevamos de 2017, más de 2.300 personas se ahogaron en el Mar Mediterráneo intentando llegar a nuestras costas europeas. En 2016, se reportaron más de 5.000 muertes. Son cifras que van en aumento desde hace años estando ante la mayor crisis migratoria desde la IIGM.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar regula el deber de prestar auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar (Artículo 98). En ese precepto también se establece que los Estados parte (todos miembros de la UE, por cierto) deberán “fomentar la creación, el funcionamiento y el mantenimiento de un servicio de búsqueda y salvamento adecuado y eficaz para garantizar la seguridad marítima y aérea y, cuando las circunstancias lo exijan”. adecuadoeficaz

Cuando en pleno s. XXI, el Ministro del Interior Zoido dijo hace unos días en Bruselas que hay que “concienciar a las ONG que se está para ayudar y no se está para favorecer o potenciar inmigración irregular” parece que olvida que ni los países con frontera Schengen, ni FRONTEX (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), ni la OTAN se han preocupado en hacer frente a esta crisis de manera adecuada y eficaz. No se han preocupado por que se respete la protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Estas declaraciones del ministro parece que van en la misma línea que el informe interno de FRONTEX, de diciembre de 2016, al que el Financial Times tuvo acceso y en el que se daba a entender que las ONG actuaban en coordinación con los traficantes de personas.

Señor Ministro, esto es inaceptable. No se puede discutir que la crisis humanitaria a la que se enfrenta Europa ha sido gestionada por voluntarios, ONGs, asociaciones y ciudadanos anónimos que, de manera solidaria y ante la parálisis inconcebible de las instituciones, están poniendo en peligro sus vidas para que el resto podamos comprender y acercarnos al concepto de humanidad que debemos alcanzar y luchar por ello.

Estas organizaciones de la sociedad civil están integradas por personas que invierten sus días de vacaciones en viajar a puntos calientes con la única intención de no permitir que más seres humanos desesperados mueran en la búsqueda de un futuro, al menos, aceptable.

No podemos aceptar que, ante los micrófonos, un representante de nuestro país no sea capaz de diferenciar entre las organizaciones que luchan día a día por hacer este mundo un poco mejor de aquellas organizaciones criminales internacionales que se dedican al tráfico de seres humanos, ganando millones de euros mediante el tráfico de personas.

No podemos aceptar que se insinúe que estamos ante el mismo tipo de organizaciones y personas cuando, como lamentablemente seguimos viendo, estas organizaciones criminales suben a más de 60 personas en botes de goma para 10 teniendo más posibilidades de reventarse que de flotar, no les importa que los bebés se mueran de hipotermia a -3 grados en las gélidas aguas del Egeo o les venden chalecos “matavidas”, hechos de un material que absorbe el agua, ocasionando que el cuerpo humano pese más, hundiéndose más rápido para no dejar rastro… No es lo mismo señor ministro.

Existen organizaciones como la asociación sin ánimo de lucro PROEM-AID (Professional Emergency Aid), integrada por bomberos sevillanos (como usted), buzos, rescatadores profesionales y personal sanitario que han salvado la vida de decenas de miles de personas en grave riesgo de naufragio en la costa de la isla griega de Lesbos.

En enero de 2016, tres compañeros bomberos (funcionarios españoles ayudando solidariamente a funcionarios griegos desbordados) fueron acusados de tráfico de personas cuando volvían de buscar (sin éxito) un dingui (“bote de la muerte” naufragado lleno de niños); el juicio se celebrará en primavera de 2018 y ¡pueden pasar más de 10 años en la cárcel! Y, señor ministro, no son los únicos ya que docenas de personas por toda Europea están siendo acusadas penalmente por ayudar a inmigrantes sin papeles.

Es una irresponsabilidad confundir a traficantes y a cooperantes, metiéndoles en el mismo saco. No lo podemos aceptar y lo que debería hacer Señor Ministro, como lo hago yo a diario de forma orgullosa, es denunciar y luchar contra la criminalización de la ayuda humanitaria que, al fin y al cabo, es el acto de mayor solidaridad entre ser humanos que las naciones y sus representantes parecen olvidar.

Paula Schmid Porras, en abogada probono de la ONG PROEM-AID

En lo que llevamos de 2017, más de 2.300 personas se ahogaron en el Mar Mediterráneo intentando llegar a nuestras costas europeas. En 2016, se reportaron más de 5.000 muertes. Son cifras que van en aumento desde hace años estando ante la mayor crisis migratoria desde la IIGM.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar regula el deber de prestar auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar (Artículo 98). En ese precepto también se establece que los Estados parte (todos miembros de la UE, por cierto) deberán “fomentar la creación, el funcionamiento y el mantenimiento de un servicio de búsqueda y salvamento adecuado y eficaz para garantizar la seguridad marítima y aérea y, cuando las circunstancias lo exijan”. adecuadoeficaz