La deconstrucción de las políticas de memoria

Básicamente cuando hablamos de políticas públicas de memoria en España lo hacemos de un conjunto de iniciativas que lleva a cabo el Estado a través de distintas administraciones en base a unas normas fundamentadas en nuestro marco constitucional.

Se trata de políticas reparativas y/o restaurativas, muy similares a otras que han llevado a cabo en países con pasados trágicos e incómodos como el nuestro, dirigidas a víctimas y familiares sobre las que se ha ejercido una violencia injustificada e injustificable no juzgada ni condenada bajo las pautas de un estado de derecho. Nos referimos a personas que durante la guerra civil española y el franquismo han sufrido vejaciones en su honor e intimidad, asesinatos por motivos ideológicos, encarcelamientos sin garantías procesales y fundamentadas en leyes injustas y arbitrarias, requisamiento de sus bienes o se han visto obligadas al exilio por razones políticas, entre otras muchas cosas. 

Entendimos que esas situaciones no habían sido reparadas lo suficientemente durante parte de nuestra democracia y que era necesario desarrollar una normativa que afrontara esa injusticia y que atendiera a las víctimas. Así, tanto desde el Estado como desde la CCAA, se fueron aprobando normas en este sentido en forma de decretos, órdenes y leyes. En el caso andaluz, se debatió en profundidad y se aprobó en el Parlamento en el año 2017 una Ley que abordaba de manera integral las demandas sempiternas de muchas de esas víctimas. Esta Ley fue aprobada sin ningún voto en contra.

La Federación Andaluza de Asociaciones de Memoria Histórica y Democrática viene denunciando públicamente todos los ámbitos en los que no se está abordando los objetivos establecidos por la Ley: educación, simbología, archivos, conmemoraciones, lugares de memoria, etc.

Somos conscientes los demócratas de que es imposible compensar todo el daño personal, pero quizás pueda repararse, en parte, el daño social. Ya que sacar del olvido la biografía de una víctima, dignificar un espacio de oprobio como es una fosa común, conmemorar una tragedia o retirar de un espacio público un elemento que ofenda y agreda a las víctimas, ayudan a que seamos más respetuosos y empáticos con el dolor del que ha sufrido y ese dolor se convierta en algo compartido por una mayoría. Si además ese daño social es reconocido y abordado por las instituciones que nos representan podemos concluir, en mi opinión, que esas políticas pueden ser efectivas.

Pues bien, siento que en lo párrafos anteriores solo haya escrito obviedades, que para la mayoría de ustedes son valoraciones que no necesitan que nadie les recuerde, pero no es así para el gobierno andaluz. Hace tiempo que este gobierno del Partido Popular ha decidido que hay que seguir el modelo Rajoy con las políticas de memoria, esto es, no desarrollar la Ley y, de manera velada, dejar de aplicarla reduciendo personal, presupuesto e iniciativas. Ejemplos hay los que quieran, la Federación Andaluza de Asociaciones de Memoria Histórica y Democrática viene denunciando públicamente todos los ámbitos en los que no se está abordando los objetivos establecidos por la Ley: educación, simbología, archivos, conmemoraciones, lugares de memoria, etc.

Quiero pensar que dentro del Partido Popular hay personas capaces de empatizar con las víctimas de la represión franquista y con conocimiento y competencia para abordar estas cuestiones sin insultar a quienes deben representar

La última es la creación con cuatro años de retraso (repito, cuatro) de una comisión técnica sobre simbología franquista y colocar al frente de la misma a alguien posicionado en contra de las políticas de memoria, una persona que ha llegado a afirmar no estar dispuesto a aceptar “una memoria democrática impuesta por filoetarras”. Quizás, haya que recordarle a este señor que las leyes en las que se basan estas políticas públicas salen de los parlamentos democráticos y constitucionales que nos representan, y si no se está de acuerdo con ellas pues lo mejor es no aceptar responsabilidades sobre cuestiones en las que no se cree o contra las que se está.

Somos muchos los que creemos en la fuerza de la democracia española, en los principios constitucionales y en el respeto a las leyes que emanan de los parlamentos, y son muchas las voces que desde el asociacionismo, la cultura, la política y la sociedad en general esperan que sus responsables políticos cumplan con las normas de las que nos hemos dotado. Quiero pensar que dentro del Partido Popular hay personas capaces de empatizar con las víctimas de la represión franquista y con conocimiento y competencia para abordar estas cuestiones sin insultar a quienes deben representar. 

Hoy 14 de junio, Día de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, no es mal momento para recordar que estamos en un proceso de deconstrucción de unas políticas de memoria que se presenta de varias formas; derogando las leyes de reparación, en otros casos dejándolas de aplicar o bien nombrando en puestos de responsabilidad a personas que no creen en lo que deben defender. Todas conducen al mismo destino: el olvido y el silencio de la víctima.

Básicamente cuando hablamos de políticas públicas de memoria en España lo hacemos de un conjunto de iniciativas que lleva a cabo el Estado a través de distintas administraciones en base a unas normas fundamentadas en nuestro marco constitucional.

Se trata de políticas reparativas y/o restaurativas, muy similares a otras que han llevado a cabo en países con pasados trágicos e incómodos como el nuestro, dirigidas a víctimas y familiares sobre las que se ha ejercido una violencia injustificada e injustificable no juzgada ni condenada bajo las pautas de un estado de derecho. Nos referimos a personas que durante la guerra civil española y el franquismo han sufrido vejaciones en su honor e intimidad, asesinatos por motivos ideológicos, encarcelamientos sin garantías procesales y fundamentadas en leyes injustas y arbitrarias, requisamiento de sus bienes o se han visto obligadas al exilio por razones políticas, entre otras muchas cosas.