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Marea Blanca de Andalucía: dos objeciones frecuentes que hay que rebatir

EFE/Marta Pérez/Archivo

José Antonio Brieva Romero, Bernardo Santos Ramos, Antonio Vergara de Campos (Coordinadora andaluza de Mareas Blancas)

11 de octubre de 2021 20:05 h

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Durante la presente campaña de protesta ciudadana andaluza, que trata de denunciar la crisis sanitaria provocada por el actual gobierno andaluz y plantear exigencias que palien los problemas, una campaña que es apoyada y promovida por las Mareas Blancas y cuyo lema es “Recuperar la sanidad pública andaluza”, están apareciendo dos falacias a las que hay que responder:

1.“No se contratan médicos (por ejemplo, médicos para atención primaria) porque no hay”

El gráfico adjunto representa la cifra de presentaciones de solicitudes de idoneidad (un documento requerido para solicitar plazas de médicos fuera de España) emitidas por los Colegios de Médicos de España en los últimos años. Su crecimiento es obvio desde el inicio de los recortes. Aunque este dato no mide con exactitud los médicos que se van realmente, es un indicativo de las intenciones de los profesionales (más de 30,000 peticiones en los 10 últimos años) que se van, o lo intentan, seguramente, ante la inexistencia o precariedad de las plazas ofertadas. Resultado: España y Andalucía forman profesionales sanitarios, Europa los aprovecha.

Los profesionales se van o no ocupan las plazas porque los contratos ofertados por el gobierno andaluz, con frecuencia, son por días o pocos meses, a veces a 40/80 Km de los grandes centros urbanos, sin garantía de continuidad, económicamente precarios, etc.  Para saber si hay médicos para la Atención Primaria andaluza habría que ofertar plazas estables, duraderas, decentes. Mientras no se haga esto último la Consejería no puede decir que no hay médicos.

Por último, la posible falta de médicos (por ejemplo, para Atención Primaria) en Andalucía, es un problema estructural, que se ha visto venir desde hace tiempo y que no se arregla porque no se quiere. Por ejemplo, en 2020 se sacaron algo más de 400 plazas de MIR especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria (cifras algo menores se sacaron los años anteriores), pero en cada uno de estos años eran previsibles alrededor de 500 jubilaciones anuales de médicos de Atención Primaria. Así vamos año tras año. Con estos datos habría que saber si la Consejería está absorbiendo cada año a todos los MIR que terminan su formación en Medicina Familiar y Comunitaria en la región durante este último periodo. Si no absorbe a todos (o a la inmensa mayoría), que es lo que está pasando, es que están dejando marchar a los profesionales sin ofrecerles unos contratos razonables.

Igualmente puede razonarse para el personal facultativo de otras especialidades, el personal de enfermería y el auxiliar.

2.- “No hay dinero para financiar nuestras peticiones”

Hay que recordar que pedimos contrataciones de personal nuevo estable por valor de 340 Millones de €/año: 4.000 para reforzar la deteriorada Atención Primaria y poder volver a atender a la Medicina Comunitaria, y 4.000 para abrir Centros de Especialidades y 20 hospitales andaluces en turno de tarde, y así atajar las desbordadas listas de espera.

El Gobierno andaluz ha presumido en 2020 públicamente de tener superávit presupuestario (de 200-500 M€ según las declaraciones). Si tienen superávit pueden gastarlo en las necesidades de la Sanidad Pública.

El gasto anual actual en conciertos del SSPA con centros de medicina privada es desconocido en buena parte. Reconocen como gastos en conciertos unos 475 M€/año, pero el gasto real, tras la COVID es mucho mayor. Si en vez de emplear todos esos fondos en conciertos externos emplearan (incluso solo una parte) en atender nuestras peticiones, verían que podrían prescindir de dichos conciertos, o al menos de gran parte de ellos. Ahí tienen el dinero que necesita la Sanidad Pública.

El Gobierno andaluz ha dejado de ingresar alrededor de 100 Millones de €/año por la eliminación de ciertos impuestos a las clases altas y el descenso del IRPF. También ha dejado de ahorrar unos 200 M€/año por la eliminación de la subasta de medicamentos. Y además gasta 30 M€/año más en pagar un complemento específico especial a los médicos del SSPA (Servicio Sanitario Público Andaluz) que trabajan también en la medicina privada (eliminando de facto el concepto de exclusividad). Ahí está el dinero que necesita la Sanidad Pública.

Además, es claro que se puede obtener el dinero que exigimos para la Sanidad Pública mediante actuaciones correctoras del inmenso y descontrolado gasto farmacéutico del gobierno andaluz. Por poner solo algunos ejemplos:

  • El Decreto 512/2015 permite ya la compra de fármacos para los centros sociosanitarios, por ejemplo las residencias de ancianos, a través de las farmacias de los centros hospitalarios públicos y no, como hasta ahora, a través de las oficinas de farmacia privadas. Esta medida, que se aplica desde hace años en muchas Comunidades Autónomas, supone un ahorro sustancial en los precios de los fármacos. Actualmente en Andalucía esto se aplica solo a una exigua parte de las residencias andaluzas. El suministro de fármacos a estos centros desde la farmacia hospitalaria produciría ahorro, como se ha demostrado en otras comunidades autónomas donde decretos similares están implantados desde hace años, especialmente en los grupos de medicamentos para la demencia, nutrición artificial, medicamentos para la osteoporosis y otros. La extensión de estas medidas a todo el sistema sociosanitario andaluz se estima que puede producir un ahorro superior a los 100 M€/año.
  • El uso de Biosimilares (más baratos) en vez de Fármacos Biológicos, medicamentos ampliamente usados en oncología, enfermedades autoinmunes y otras, supondría asimismo un claro ahorro en la factura de las corporaciones farmacéuticas a la Sanidad Pública, dado el alto coste de estos fármacos.

Las únicas perjudicadas con estas medidas serían las oficinas de farmacia privadas, las distribuidoras de fármacos (por ejemplo Bidafarma), y la patronal de las corporaciones farmacéuticas internacionales.

Ahí está también el dinero que exigimos para la Sanidad Pública.

En definitiva, el problema con las exigencias de Marea Blanca no es de dinero, y no está claro que se deba a falta de personal para contratar. El problema es que el Gobierno andaluz actual PP-Cs + Vox tiene un sesgo ideológico y político que lo lleva a ahondar el deterioro de la Sanidad Pública y a derivar el máximo posible de fondos públicos al sector privado. Dicho de otra forma: al Gobierno actual - y a los intereses privados que representa y defiende - no les conviene reforzar la Sanidad Pública andaluza, sino debilitarla cuanto más mejor para, de esa forma, poder aumentar el negocio privado de la salud. ¿O es que si la Sanidad Pública estuviera funcionando bien, como puede y debe, y de verdad a tope, los andaluces que pueden permitírselo contratarían seguros privados como están haciendo en los últimos años?

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