¿Menores peligrosos o menores en peligro?

Durante estos días, una representación de diputados y diputadas del Parlamento Andaluz y del Congreso están visitando los centros donde se encuentran internados nuestros niños y niñas de Andalucía que han cometido una infracción conforme a la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor. En la actualidad, la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía cuenta con 16 Centros de Internamiento para la ejecución de las medidas privativas de libertad, en régimen cerrado, semiabierto, abierto, permanencia de fines de semana, así como medidas terapéuticas de salud mental y/o drogodependencias. Estos Centros de Internamiento de Menores Infractores (algunos los llaman cárceles de menores) pueden ser gestionadas directamente por la Administración o por entidades privadas en su mayoría.

La delincuencia juvenil es un fenómeno muy complejo en el que parece que la sociedad se divide entre los que quieren aumentar las sanciones penales ante comportamientos delictivos o los que consideran que para afrontar estos comportamientos es necesario más educación y reinserción, amén de más justicia social. Nelson Mandela desde su cautiverio decía “No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que se trata a sus niños”. En efecto, el grado de civilización de un pueblo, o de una especie, se mide en función de cómo la sociedad cuida a sus niños y niñas. Y Andalucía no es ajena a este problema. Aunque se ha avanzado mucho en el sistema de protección de menores en nuestra tierra, sin embargo, tal y como han alertado asociaciones de juristas, de derechos humanos e incluso el propio Defensor del Menor, nuestro sistema de justicia juvenil en Andalucía es manifiestamente mejorable.

En Andalucía, la Administración autonómica puede y debe hacer mucho más, y desde nuestra visión constructiva y democrática queremos aportar al debate de cómo mejorar en definitiva el bienestar de nuestra sociedad.

Deberes

La Junta de Andalucía debe apostar por una gestión directa y pública de los centros de menores, con participación de entidades sin ánimo de lucro. La libertad es un derecho básico y esencial y el internamiento no debería estar en manos privadas, y menos la de nuestros niños y niñas. Las asociaciones y entidades sociales deben intervenir y ayudar, pero en ningún caso la Junta de Andalucía debería delegar al 100% la ejecución de la medida de privación de libertad de nuestros niños y niñas. ¿Se imaginan las cárceles de adultos gestionadas por empresas privadas?

La Junta de Andalucía debe promover la dignificación de la condiciones laborales del personal profesional que trabaja con nuestros niños y niñas. En tanto en cuanto se siga con la fórmula actual, es decir, la adjudicación mediante contratación pública de este servicio, en los futuros pliegos deberían puntuar como mérito el carácter indefinido en las contrataciones, así como la reducción de la temporalidad en los contratos. Asimismo deben siempre abonarse de manera puntual y sin retraso los pagos a dichas entidades.

La Junta de Andalucía debe garantizar el derecho de defensa de nuestros niños y niñas. Para ello debe promover que existan mecanismos de videoconferencia (existentes ya en algunos de los centros). Asímismo, es indispensable que se dignifiquen las condiciones económicas de los letrados y letradas del turno de oficio especializados en menores para que puedan mantener una eficaz defensa del mismo durante el período de ejecución de la medida. Actualmente no se cubren gastos como los desplazamientos, lo que dificulta la interacción.

La Junta de Andalucía debe garantizar el derecho de los menores y sus familias a cumplir la medida de privación de libertad en su entorno más cercano, siempre que sea mejor para su educación. En efecto, muchos menores se ven abocados por falta de plazas a cumplir la medida en otras provincias alejadas de su localidad.

Escribimos estas líneas con la intención de aportar a la mejora de esta problemática de múltiples aristas, de aportar elementos para seguir mejorando la calidad del sistema juvenil de justicia andaluz. En definitiva, propuestas para mejorar la calidad de vida de nuestros menores y de nuestra sociedad, ya que como se puede observar son medidas que parten del sentido común y son recomendaciones solicitadas por instituciones, asociaciones y personas que trabajan con nuestros menores.

Están siendo unas visitas altamente constructivas aunque no son las que nos hubiese gustado hacer. Me he encontrado excelentes personas y profesionales desarrollando su trabajo, pero me hubiese encantado haber podido hablar largo y tendido con muchos niños y niñas de los que allí se encontraban y preguntarles cómo se sentían, si estaban felices o tristes o si consideraban que esa medida de internamiento (o prisión en terminología adulta) les estaba sirviendo de algo.

El encarcelamiento de un niño o una niña siempre es un fracaso social, económico y cultural para la sociedad. Máxime cuando en muchas ocasiones éstos provienen de barrios humildes y deprimidos, verdadero reflejo del fracaso e incapacidad de nuestros gobernantes. Todo esto sin perder de vista que Andalucía es el cuarto territorio europeo en tener más abandono escolar. Como decía Victor Hugo “El que abre la puerta de una escuela, cierra una prisión”.

 

 

Durante estos días, una representación de diputados y diputadas del Parlamento Andaluz y del Congreso están visitando los centros donde se encuentran internados nuestros niños y niñas de Andalucía que han cometido una infracción conforme a la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor. En la actualidad, la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía cuenta con 16 Centros de Internamiento para la ejecución de las medidas privativas de libertad, en régimen cerrado, semiabierto, abierto, permanencia de fines de semana, así como medidas terapéuticas de salud mental y/o drogodependencias. Estos Centros de Internamiento de Menores Infractores (algunos los llaman cárceles de menores) pueden ser gestionadas directamente por la Administración o por entidades privadas en su mayoría.

La delincuencia juvenil es un fenómeno muy complejo en el que parece que la sociedad se divide entre los que quieren aumentar las sanciones penales ante comportamientos delictivos o los que consideran que para afrontar estos comportamientos es necesario más educación y reinserción, amén de más justicia social. Nelson Mandela desde su cautiverio decía “No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que se trata a sus niños”. En efecto, el grado de civilización de un pueblo, o de una especie, se mide en función de cómo la sociedad cuida a sus niños y niñas. Y Andalucía no es ajena a este problema. Aunque se ha avanzado mucho en el sistema de protección de menores en nuestra tierra, sin embargo, tal y como han alertado asociaciones de juristas, de derechos humanos e incluso el propio Defensor del Menor, nuestro sistema de justicia juvenil en Andalucía es manifiestamente mejorable.