Quince años de familias de primera

Hace 15 años, el Congreso de los Diputados aprobó una pequeña modificación en el código civil, impulsada por el Gobierno del PSOE, que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Apenas una frase, pero de una trascendencia mayúscula en la vida de las personas LGTBI y, en particular, en la de quienes ya habían formado familia propia o querían hacerlo.

Nuestro equipo de investigación sobre Diversidad Familiar de la Universidad de Sevilla había estudiado, unos años antes, la situación de estas familias y de los menores que crecían en ellas. Constatamos la indefensión en que se encontraban las familias antes de la aprobación de la ley, pues no sólo carecían de reconocimiento legal los vínculos afectivos entre los miembros de la pareja, sino también los que unían a uno de los progenitores con sus criaturas. Así, no tenían derecho a acudir a sus tutorías escolares, acompañarlas a su pediatra o inscribirlas en un centro deportivo, por ejemplo. Esta situación privaba a sus criaturas del derecho a ser cuidadas, acompañadas o representadas por quien en su corazón era su otra madre o su otro padre y les impedía disfrutar del derecho a su herencia, si fallecía, o a seguir teniendo contacto y sostén económico si la pareja se separaba. Añadamos la ocultación de bastantes familias en distintos ámbitos (trabajo, familia extensa, vecindario) en un intento de protegerse y evitar sufrimiento a sus hijos e hijas.

Esto llenaba de angustia la vida de numerosas familias homoparentales, que no se sentían reconocidas ni amparadas. Aspiraban a que se legalizara el matrimonio para cambiar esta situación, pero aventuraban que su generación no lo vería. Estábamos en 2002. La aprobación del matrimonio igualitario sólo tres años después fue la plasmación de un sueño que se creía inalcanzable, una magnífica noticia para tantas familias ya configuradas, pero también para quienes aspiraban a constituirlas o ampliarlas.

Años después hicimos un estudio para comprobar el efecto del cambio legislativo en las familias. Entrevistamos a madres lesbianas o padres gays que eran pareja al menos desde 2004 y tenían hijos o hijas menores de edad en común. Los resultados fueron claros. La legalización del matrimonio había dado legitimidad y seguridad a las familias, lo que les había llevado a mostrarse más abiertamente: si antes de la ley sólo la mitad había comentado su situación con todos los miembros de sus familias de origen, después lo hacían prácticamente todas; si antes sólo un 35% hablaba abiertamente de su familia en el trabajo, después esta cifra subió al 71%. Asimismo, aumentó significativamente la aceptación que percibían en estos ámbitos de su vida cotidiana (por ejemplo, la aceptación de la familia extensa subió de un 3.8 a un 4.6, en una escala de 1 a 5), así como la percepción de bienestar familiar en relación con la sociedad (de un 3.2 a un 4.5 en la misma escala), que ahora sentían que les acogía y amparaba, datos similares a los encontrados en otros países tras el mismo proceso de legalización.

Cuando realizamos este estudio, había llegado al Gobierno del Estado el PP, que tenía recurrida la ley ante el Tribunal Constitucional. La posible derogación provocó en las familias una consternación generalizada, por la posibilidad de perder derechos y volver a la ilegitimidad y la clandestinidad. Como reacción, buena parte de ellas apostaban por no rendirse, unir fuerzas y dar batalla legal ante el Tribunal de Derechos Humanos, si era necesario. También había quien decía que se iría del país si tal cosa ocurría, que no iban a consentir que sus familias volvieran a aquellos tiempos oscuros. Se apreció un descenso significativo en el bienestar de las familias, (bajó a un 3.8), de modo similar a lo hallado en otros países en parecidos tiempos de incertidumbre.

En diciembre de aquel año llegó la declaración de constitucionalidad de la ley y con ella el alivio de las familias, la sensación de que ya no tendrían que volver a “examinarse” nunca más, la percepción de haber logrado por fin y para siempre la ciudadanía de primera.

Desde 2005 a aquí se han producido en España más de 54.000 matrimonios entre personas del mismo sexo. Según el INE, estos matrimonios se incrementan cada año, en contraste con los de personas de distinto sexo, que siguen descendiendo. Esto indica que las familias homoparentales han llegado para quedarse y ocupar el lugar que merecen. De hecho, el 91% de nuestra ciudadanía está de acuerdo con que las personas LGTB gocen de los mismos derechos. Aprendamos de nuestra historia y no permitamos que esta sociedad vuelva a causarles sufrimiento. Normas que ponen límites al abordaje de la diversidad sexual y familiar en las escuelas, como las impulsadas este último año en algunas comunidades autónomas, van en contra del bienestar de los niños y niñas que crecen en ellas y de sus familias, pero también de la educación en el aprecio por la diversidad que toda la sociedad necesita.

Hay consenso en que la biodiversidad es indicador de la salud y riqueza de un ecosistema. Análogamente, la diversidad familiar debe ser vivida como indicador de la salud de una sociedad, que permite a cada quien constituir la familia que le hace más feliz, y de su riqueza, porque le conduce a aprender de nuevos modos de vida y relación. Las familias homoparentales han demostrado ser igualitarias y corresponsables en las tareas domésticas y de cuidado, y alentar la educación en la libertad y la tolerancia. Aprendamos de ellas y celebremos estos 15 años de legalidad, aceptación y bienestar.

Hace 15 años, el Congreso de los Diputados aprobó una pequeña modificación en el código civil, impulsada por el Gobierno del PSOE, que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Apenas una frase, pero de una trascendencia mayúscula en la vida de las personas LGTBI y, en particular, en la de quienes ya habían formado familia propia o querían hacerlo.

Nuestro equipo de investigación sobre Diversidad Familiar de la Universidad de Sevilla había estudiado, unos años antes, la situación de estas familias y de los menores que crecían en ellas. Constatamos la indefensión en que se encontraban las familias antes de la aprobación de la ley, pues no sólo carecían de reconocimiento legal los vínculos afectivos entre los miembros de la pareja, sino también los que unían a uno de los progenitores con sus criaturas. Así, no tenían derecho a acudir a sus tutorías escolares, acompañarlas a su pediatra o inscribirlas en un centro deportivo, por ejemplo. Esta situación privaba a sus criaturas del derecho a ser cuidadas, acompañadas o representadas por quien en su corazón era su otra madre o su otro padre y les impedía disfrutar del derecho a su herencia, si fallecía, o a seguir teniendo contacto y sostén económico si la pareja se separaba. Añadamos la ocultación de bastantes familias en distintos ámbitos (trabajo, familia extensa, vecindario) en un intento de protegerse y evitar sufrimiento a sus hijos e hijas.