Retomar la perspectiva: la reforma de la Constitución como proyecto de regeneración democrática

Aunque la intensidad de la actualidad política nos atrapa, es necesario poner las luces largas para no perder el sentido de la perspectiva. Vivimos un complicado proceso de cambio como resultado de la crisis específica del modelo del Estado español que tuvo como detonante la crisis global. Esta crisis específica, que tiene una naturaleza multifuncional (del modelo económico ineficaz e insostenible, del raquítico Estado del Bienestar, de la democracia de baja calidad que ha encarnado el bipartidismo y de la organización territorial de Estado que ha sido incapaz de evolucionar hacia un sistema federal plurinacional y cooperativo), ha tenido una respuesta política decisiva que demuestra la madurez democrática de la ciudadanía española en su conjunto. En estos momentos vivimos las tensiones para la formación de un Gobierno más allá de los estrechos márgenes que marcaba el bipartidismo. Pero por muy importante que sea este acontecimiento es sólo un paso más en el proceso de cambio que está impulsando la mayoría de la población.

Este proceso de cambio debe tener como un hito determinante la reforma de la Constitución española. En la traumática historia constitucional de España nunca ha sido posible ejercer con normalidad la renovación del vínculo entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio mediante la modificación de la Carta Magna. Únicamente a través de la reforma constitucional se puede proyectar esa legitimidad de origen en legitimidad de ejercicio indefinida en el tiempo porque precisamente, “el Estado constitucional es democrático porque puede reformar la Constitución y puede reformar la Constitución porque es democrático” en palabras de Javier Pérez Royo, es decir, reformar la Constitución es, en este proceso, la única forma de defender la democracia y a la propia Constitución como salida imprescindible a la crisis actual.

Sin embargo, la reforma territorial constituye el núcleo central de la reforma del Estado y esta reforma no puede circunscribirse a la modificación del título VIII, ya que hay objetivos reclamados por la mayoría de la ciudadanía como la necesidad de solventar el déficit democrático de nuestro sistema político, garantizar los derechos y servicios públicos, incorporar los nuevos derechos ambientales y poner las bases constitucionales que impidan modelos económicos especulativos e ineficaces.

Como piedra angular frente a la crisis institucional que recorre el Estado español proponemos impulsar un amplio debate social y político para la reforma de la Constitución mediante un proceso con amplia participación de la ciudadanía, que sea capaz de consensuar una nueva arquitectura institucional, económica y social. En particular proponemos abordar:

La crisis se ha manifestado específicamente en la organización territorial a través de dos grandes efectos: la crisis fiscal de las organizaciones territoriales y el aumento exponencial de la desigualdad. A su vez, ha habido dos respuestas en direcciones contrarias: la acentuación del neocentralismo, que la dinámica del capitalismo financiero y las políticas del bipartidismo ya habían consolidado (y legitimado el Tribunal Constitucional) y el conflicto entre Cataluña y el Estado que ha introducido en la agenda política el derecho a decidir, como una nueva reelaboración del derecho a la autodeterminación en las democracias occidentales. La lucha por la democratización del Estado pasa por el reconocimiento de la plurinacionalidad de España.

Nuestra propuesta para reformar el Título VIIII se basa en:

La reforma de la Constitución no está exenta de riesgos y dificultades pero también de esperanza para abrir una nueva etapa que solucione las disfunciones del Estado de las Autonomías y sea un paso decisivo para solucionar el conflicto catalán. La dialéctica de una nueva distribución territorial del poder en España se va a establecer entre inmovilismo, asimetría (nacionalismos soberanistas) o federalismo plurinacional, en el contexto de la crisis del Estado nación. Sólo si Andalucía logra intervenir en el debate como un sujeto político que tiene derecho a su propia realización será posible aunar la plena autonomía y la máxima cooperación para nuestra tierra y para el conjunto de los pueblos que conforman el Estado.

Andalucía tiene que realizar una ofensiva sin complejos para defender un modelo federal avanzado que dé respuesta a la realidad plurinacional en España, a partir del establecimiento de mecanismos cooperativos, del derecho a decidir y de la naturaleza constitucional de los Estatutos. Por ello defendemos una reforma constitucional del título VIII de la CE que sustituya el actual sistema de autonomía por un estado federal cooperativo ya que la vía evolutiva a través de los Estatutos ha sido clausurada por el propio Tribunal Constitucional.

Aunque la intensidad de la actualidad política nos atrapa, es necesario poner las luces largas para no perder el sentido de la perspectiva. Vivimos un complicado proceso de cambio como resultado de la crisis específica del modelo del Estado español que tuvo como detonante la crisis global. Esta crisis específica, que tiene una naturaleza multifuncional (del modelo económico ineficaz e insostenible, del raquítico Estado del Bienestar, de la democracia de baja calidad que ha encarnado el bipartidismo y de la organización territorial de Estado que ha sido incapaz de evolucionar hacia un sistema federal plurinacional y cooperativo), ha tenido una respuesta política decisiva que demuestra la madurez democrática de la ciudadanía española en su conjunto. En estos momentos vivimos las tensiones para la formación de un Gobierno más allá de los estrechos márgenes que marcaba el bipartidismo. Pero por muy importante que sea este acontecimiento es sólo un paso más en el proceso de cambio que está impulsando la mayoría de la población.

Este proceso de cambio debe tener como un hito determinante la reforma de la Constitución española. En la traumática historia constitucional de España nunca ha sido posible ejercer con normalidad la renovación del vínculo entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio mediante la modificación de la Carta Magna. Únicamente a través de la reforma constitucional se puede proyectar esa legitimidad de origen en legitimidad de ejercicio indefinida en el tiempo porque precisamente, “el Estado constitucional es democrático porque puede reformar la Constitución y puede reformar la Constitución porque es democrático” en palabras de Javier Pérez Royo, es decir, reformar la Constitución es, en este proceso, la única forma de defender la democracia y a la propia Constitución como salida imprescindible a la crisis actual.