EDUCACIÓN

¿A qué viene tanta prisa para resolver la propuesta de la bajada de ratio?

Como comprenderán, el titular de este artículo es una pregunta retórica, por eso trataré de explicarla con los criterios que manejan el PP andaluz y su presidente en lo referente a la bajada de ratios que, en palabras de la propia Consejera de Educación (me resisto a lo del Desarrollo Educativo) y Formación Profesional, es el asunto del año. Y lo dijo sin que se le moviera un solo pelo.

Primer criterio: Moreno Bonilla dijo al principio de esta legislatura (ya van doce veces) que no iba a aplicar el rodillo de la mayoría absoluta. Es más, dijo, en ese discurso, que iba a gobernar escuchando “más que nunca” a la sociedad andaluza. Ya sabemos, por lo que hemos visto en la tramitación de la ILP de Bajada de Ratios, que eso significa hacer todo lo posible para no escuchar a la sociedad. Es aquello de “dime de qué presumes y te diré de qué careces”.

A las pruebas me remito. En pleno periodo vacacional, la mesa del Parlamento andaluz negó una prórroga habitual en este tipo de procedimiento y hubo que recoger en 15 días las más de 40.000 firmas exigidas. Aquello, como es sabido, se consiguió. Y la siguiente prueba se ha conocido hace unos días. En un tiempo récord, impropio de la forma de proceder de la administración, una vez conocido, el 15 de noviembre, se había conseguido superar las firmas exigidas. La mesa del Parlamento, una vez más, inicia el trámite de manera inmediata y la Consejería emite su informe obligatorio. Este llega a la mesa del Parlamento que, en un periodo de debate de presupuesto que lo tapa todo, cambia el orden del día del pleno del 14 de diciembre; de manera que el próximo miércoles se debatirá la toma en consideración de la ILP. Esta es la forma en que el PP cumple con lo prometido por Moreno Bonilla: va a escuchar a la sociedad andaluza, que está detrás de esta petición, en la última semana del trimestre escolar a las tres de la tarde.

¿No permitimos el retroceso del autogobierno y, al mismo tiempo, nos escudamos en una competencia que no tiene elEestado, para permitir que el sistema educativo andaluz siga en la cola de todos los sistemas educativos del estado?

Segundo criterio: la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en su dictamen engaña con los argumentos para negarse a esta propuesta y además se contradice a sí misma. Cuando, por un lado, Moreno Bonilla saca pecho andalucista, al día siguiente lo esconde cuando dice “que es una competencia exclusiva del Estado el fijar por ley las ratios”. Decía el 4 de diciembre en el acto de la bandera de Andalucía: “que se proteja al autogobierno y no se permitan retrocesos en el mismo”. ¿En qué quedamos? ¿No permitimos el retroceso del autogobierno y, al mismo tiempo, nos escudamos en una competencia que no tiene el Estado, para permitir que el sistema educativo andaluz siga en la cola de todos los sistemas educativos del estado? Otras comunidades, como Cantabria, País Vasco, Cataluña y Valencia, ya han tomado esa decisión aprovechando la experiencia de la pandemia y haciendo uso de la competencia exclusiva que tienen de organizar el sistema educativo. En el caso de Andalucía, véase artículo 52.1 del Estatuto de autonomía de Andalucía.

Y, por último, tercer criterio: en el mismo informe que nombro más arriba, niega la bajada de ratio porque es más costoso para el gobierno; en concreto, dice que la aprobación de este cambio supone “un incremento anual en los presupuestos de la Comunidad de Andalucía de 1.362 millones para atender solo el aumento de personal docente y no docente…”. Eso supone un incremento de más de un 25% de personal y un incremento del gasto por alumno/a de casi 1000€. Aún así, no llegaría a alcanzar al gasto por alumno/a de Extremadura o de Galicia. De todas formas, es un cálculo exagerado de manera intencionada para alarmar a la población y de camino poner en solfa la supuesta libertad de elección de centro.

El objetivo está en dedicar cada vez menos inversiones al sistema educativo público y más dinero a los centros concertados

Asimismo, en el dictamen se afirma sin ningún argumento justificativo que “la medida que plantea (la ILP) implicaría la redefinición de la red de centros docentes, recortando la libertad de las familias para elegir centro educativo”. Si no fuera porque estamos hablando de cuestiones serias, esa afirmación supone una broma de mal gusto. ¿Incrementar el profesorado como consecuencia de la bajada de ratio recortaría la libertad para elegir centros? ¿Cómo puede ser que un incremento de recursos vaya en contra de la elección de centro? En todo caso, sería al revés: a más unidades docentes, mayor posibilidad de elección de centros. Es una sencilla regla de tres.

En definitiva, nos encontramos en este momento con una huida hacia delante de Moreno Bonilla, porque sabe que no hay razones serias para impedir la bajada de ratio. La propuesta que ha hecho la plataforma de la ILP de Bajada de Ratios es impecable y solo hay un posible desacuerdo con ella, que es lo que está en el fondo de las decisiones de Moreno Bonilla. El Gobierno neoliberal de la Junta de Andalucía tiene como prioridad el deterioro de la educación pública para beneficiar a los centros docentes privados subvencionados por ellos mismos. Incrementar de manera absoluta el gasto educativo no es una prioridad para este Gobierno. Todo lo contrario, el objetivo está en dedicar cada vez menos inversiones al sistema educativo público y más dinero a los centros concertados.

Y para ello, no tienen ningún reparo en engañar a la sociedad andaluza con datos falsos y afirmaciones contrarias a la verdad y todo ello con mucha prisa y tapando un debate que ya hemos ganado socialmente, aunque el rodillo de la mayoría absoluta haya invadido esta acción cargada de democracia real y argumentos intachables en beneficio de la gente y sus necesidades.

Los que defendemos esta ILP queremos más y mejor educación pública. Y no crea que el asunto se acaba el 14 de diciembre de 2022. Queda mucho por pelear y por alcanzar y nos tendrá que aguantar durante mucho tiempo.