Llevan años evitándose, pero el encuentro es ahora inevitable. Y del cara a cara deben salir unas normas de convivencia definitivas. De una parte, el Espacio Natural de Doñana, que incluye el mayor humedal de Europa, un espacio protegido. De otra, la agricultura y el desarrollo económico: más de 80.000 puestos de trabajos directos en la provincia de Huelva y a ocho millones de jornales, más del 80 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de los municipios afectados. Y en medio, el agua. Toca hablar a la agricultura. El pasado 28 de agosto, 12.000 personas, según datos de los convocantes, recorrieron las calles de la capital onubense a partir de la llamada de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado. La multitudinaria protesta marca un antes y un después en este asunto.
En los meses anteriores, se escuchó la voz de los conservacionistas. No en vano, el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco advirtió el pasado junio de la posibilidad de que Doñana fuese incluida en la lista de ‘patrimonio mundial en peligro’ por culpa de la extracción de pozos ilegales, alegales para los agricultores. La organización ecologista WWF sostiene que el Acuífero 27, una balsa subterránea que abastece a gran parte del Parque Nacional de Doñana, ha perdido más del 50 por ciento de su capacidad en las tres últimas décadas.
La solución la tienen las administraciones regional y estatal, la de la regularización, pero el conflicto político por estar en manos de partidos opuestos y la ausencia de un mapa exacto de pozos demoran el fin del problema. “Hay que regularizar la situación de las parcelas del Condado con el fin de definir qué zonas son regables y cuáles no y facilitar la labor de los agricultores”, ha comentado a www.eldiario.es/andalucia Ángel Gorostidi, presidente de la Comunidad de Regantes El Fresno y portavoz de la Plataforma.
Los agricultores están a punto de iniciar la campaña con la incertidumbre de desconocer si podrán o no terminarla porque no tienen garantizada el agua superficial. Las reivindicaciones del sector llegan a pares tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía. A Madrid ha llegado la petición de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir permita el uso del agua de los pozos hasta que llegue el agua superficial con autorizaciones provisionales que rechazan los ecologistas. Ya se conocen más de 200 sanciones. Y con vistas a una situación definitiva, la Plataforma solicita al Gobierno celeridad en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que permita hacer realidad las obras de transferencia de agua superficial para 1.000 hectáreas de regadíos.
El Estado, sin embargo, mantiene que precisa de unos informes preceptivos de la Consejería de Medio Ambiente para firmar la Declaración. El Gobierno autonómico tiene sobre la mesa la ordenación de las zonas de regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana y la obra del trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos de agua de la Cuenca Atlántica al Condado, del sistema Chanza-Piedras al Guadalquivir, para la que se requiere la DIA. Para el primero de los compromisos, la Junta entregó el pasado 6 de septiembre un Plan Especial en el Consejo de Participación de Doñana, para que lo estudie y emita un informe. Han sido seis largos años de trabajo, de demora según el sector y la oposición en Andalucía. Se han tenido en cuenta 3.824 alegaciones admitidas durante el periodo de información pública, la mayoría referida a la insuficiencia en la dotación de recursos hídricos y a la delimitación de los suelos regables.
WWF ya ha se ha pronunciado: “Esta propuesta no sólo cuestiona el estado de derecho, sino que conlleva graves consecuencias ambientales, sociales y económicas”. La organización ecologista sostiene que “amnistiará el uso ilegal de agua en Doñana” porque, según han indicado en un comunicado “pretende descatalogar 2.000 hectáreas de Monte Público transformadas sin permiso en regadíos y pedir a la Administración del Estado que ”ignore que 4.000 hectáreas continúan regando de pozos ilegales“.
En cuanto al trasvase, la actuación está al 17 por ciento de ejecución tras haberse empezado en mayo y el plazo de ejecución es de 20 meses. La inversión es de casi 16 millones de euros. “Estamos en la recta final y hablaremos con quien tengamos que hablar para culminarlo”. Es el compromiso de la Junta expresado por su delegado en Huelva, José Fiscal.
La Subdelegación del Gobierno en Andalucía ha alertado a través de un comunicado que “los agricultores perderán el 70 por ciento de los 17 millones de euros que han sido concedidos por los fondos europeos para su ejecución, si las obras no están ejecutadas al 50 por ciento antes de que finalice diciembre de 2013”.
Cinco municipios afectados
Cinco municipios afectadosEl portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almonte, el popular José Joaquín de la Torre, apunta: “Tenemos que recordar que el mérito de mantener el Espacio Natural es de los habitantes del territorio, que han sido, son y serán los máximos cuidadores de un entorno privilegiado”. La localidad almonteña, Moguer, Bonares, Lucena del Puerto y Rociana del Condado son los municipios afectados. La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado ha recogido ya 35.000 firmas y se han dado de plazo hasta el 5 de octubre para llegar a 50.000 y presentarse con ellas ante el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, y la Defensora del Pueblo Español, Soledad Becerril, sin regularizarse.
Es la acción más simbólica, puesto que los regantes piensan llegar a Bruselas para trasladar el problema a los europarlamentarios con representación española. “Nosotros queremos agua para hacer nuestro trabajo, venga de donde venga”, apunta Gorostidi, quien sobre la visita al Parlamento Europeo argumenta: “Llevamos una década de subvenciones a fincas y ahora se reconocen como masa forestal. Es una contradicción que sólo se explica por la dejadez de las administraciones”.
También habrá reuniones con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel Romero, y con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. A la Plataforma no le basta con la aprobación del Plan Especial de la Corina Norte, puesto que “2.000 hectáreas se van a quedar en el limbo, sin regularizarse, y esto hay que aclararlo”, según el portavoz de la asociación.
“Las administraciones han de darse cuenta que no podemos seguir viviendo con el miedo a las sanciones y con la incertidumbre de los regadíos, que no se puede dar orden de cierre de unos pozos sin que propongan una alternativa, que no podemos iniciar una campaña agrícola con la amenaza del corte del agua y que queremos crear empleo y vivir con tranquilidad y por supuesto crear riqueza que es lo que venimos haciendo desde hace 50 años”, indica el manifiesto con el que se echó a la calle la Plataforma y con la que piensa llegar a todas las administraciones.