El alcalde de Marinaleda y diputado andaluz, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y su compañero del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, junto a otros 49 imputados por la ocupación de la finca militar de Las Turquillas, se han negado a entrar en el juicio por esta causa declarándose “insumisos judiciales”, aunque al pedirles la Fiscalía y el Abogado del Estado penas de dos años o menores, no estaban legalmente obligados a declarar.
Aun así, pese a que los 54 acusados han acudido hasta la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) –que celebra el juicio por ser Gordillo aforado–, sólo tres han entrado a la vista en la Sala de lo Civil y lo Penal. El resto ha permanecido fuera, participando en una concentración con alrededor de medio millar de personas, procedentes de diferentes partes de España, con la que el SAT pretendía apoyar a los acusados y denunciar lo que entienden como una “persecución” del Gobierno del Partido Popular contra ellos.
Cañamero y Gordillo han atendido a la nutrida representación de los medios de comunicación para opinar ambos que se trataba de “un juicio político” y defender que su actuación, al ocupar la finca de la Yeguada militar de Las Turquillas, cerca de Osuna, en verano de 2012, fue “pacífica y respetuosa”, ya que “al tratarse de una tierra pública, es de todos”. Además, Cañamero hizo un llamamiento a los jueces para que “apliquen el margen que tienen con las leyes”, aclarando que “las protestas no son contra ellos”.
Mientras la concentración se convertía en un mitin de más de dos horas, con tarima y altavoces, cuyos gritos se filtraban al interior de la sede del Alto Tribunal, en la Sala los tres imputados negaban cualquier tipo de daños –una de ellos negándose a responder a las preguntas del fiscal y el Abogado del Estado– y afirmaban que su labor en Las Turquillas entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2012 fue la “de arreglar una finca abandonada por los recortes” en la que “el cortafuegos obligatorio por ley se hizo porque nosotros avisamos”.
De hecho, uno de los tres imputados aseguró que la intención de la ocupación no era “quedarse allí permanentemente, sino poder labrar la finca”, recordando que 300 de las 1.600 hectáreas de Las Turquillas ya están cedidas al Ayuntamiento de Osuna, el cual explota agrariamente 80 “dando más trabajo que el resto de Las Turquillas entera”. Añadió que la ocupación sólo pretendía durar “hasta que se produjese una negociación con el Ministerio de Defensa para poner más hectáreas en uso” y que si no se obedeció inmediatamente la orden de desalojo del 8 de agosto fue “porque había que votarlo en asamblea, pero todo fue pacíficamente”.
La segunda sesión del juicio se celebrará este martes con la comparecencia de los testigos y los informes finales de las partes. La Fiscalía Superior de Andalucía y la Abogacía del Estado acusan de desobediencia grave, usurpación y daños, pidiendo la primera siete meses de cárcel y la segunda dos años para Cañamero, Gordillo y otros dos cabecillas más como responsables últimos, y multas de diferentes cuantías para el resto de acusados.