El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) juzgará este lunes y martes al parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y al secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, para quienes la Fiscalía solicita siete meses de cárcel por la ocupación en el verano de 2012 de la finca 'Las Turquillas' en Osuna, donde se ubica la Yeguada Militar del ejército.
En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz, con sede en Granada, enjuiciará durante esos dos días tanto a Sánchez Gordillo y Cañamero como a otros 52 acusados, todos ellos militantes y simpatizantes del SAT.
El juicio por estos hechos se celebrará en el TSJA debido a la condición de parlamentario andaluz del alcalde de Marinaleda.
En declaraciones a Europa Press, la responsable de Acción Sindical del SAT, Mari García, ha señalado que prevén el apoyo de sindicalistas de fuera de Andalucía y de gente de la cultura y ha apuntado que se están organizando autobuses de diversos pueblos para ir a Granada a la concentración convocada para las 10,00 horas ante el TSJA. Además, por la tarde habrá una manifestación “contra la persecución hacia el sindicato”.
Cabe recordar que, en su escrito de acusación, la Fiscalía Superior de Andalucía solicitó para Juan Manuel Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y otro dos acusados en este procedimiento, ambos militantes del SAT, un total de siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave.
Asimismo, el Ministerio Público pide para Sánchez Gordillo, Cañamero y el conjunto de los acusados --un total de 52 entre militantes y simpatizantes del SAT-- el pago de una multa de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble, y 100 euros de multa por una falta de daños.
Igualmente, la Fiscalía solicita que todos los imputados paguen una indemnización de 1.075,64 euros a favor del Ministerio de Defensa y de 337 euros al Ayuntamiento de Osuna por los daños ocasionados, “sin una intención directa, a consecuencia de la ocupación”, que tuvo lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2012.
La petición del fiscal se conoció después de que el Alto Tribunal andaluz emitiera un auto el pasado mes de mayo en el que procesaba por tres presuntos delitos de usurpación, daños y desobediencia y una falta de hurto a los acusados, cifrando los daños causados en 794,14 euros y en 281,50 euros el valor de los objetos sustraídos.
LOS HECHOS
El magistrado instructor relataba en ese auto que fue el 23 de julio de 2012 cuando se recibió la información de que el SAT había decidido ocupar Las Turquillas. Así, sobre las 10,00 horas del 24 de julio de 2012 se concentraron en las inmediaciones de la finca unas 500 personas encabezadas por una pancarta con el lema 'Andaluces levantaos. Pedid tierra y libertad. ¡Movilízate!. Las Turquillas para los trabajadores', con banderas de Andalucía con el anagrama del SAT.
Según indica el magistrado instructor, los manifestantes se dirigieron desde allí hasta la portada lateral de la finca, “rompiendo con un hierro el candado y la cadena” que cerraba las dos hojas metálicas, de malla, de la puerta de entrada al camino, “fracturando igualmente” el bastidor de la misma y accediendo seguidamente a la finca todos los concentrados, “a cuyo frente” figuraban Sánchez Gordillo, Cañamero y otros dos militantes del SAT.
De este modo, y “preguntados” por el jefe del dispositivo montado en el lugar por la Guardia Civil, contestaron que “pretendían ocupar la finca para trabajar en ella y se dirigían a entrevistarse con los responsables de la yeguada militar para comunicárselo”, siendo advertidos por el responsable de la Benemérita de que “podían cometer un delito de usurpación”.
Una vez en el recinto militar, recorrieron unos tres kilómetros, “de los que la parte final del camino es de uso exclusivo del personal de la yeguada militar”, y “destruyeron” un azulejo rústico colocado junto a la puerta de entrada al recinto con la leyenda 'Yeguada Militar', que sustituyeron por otro con el lema 'Igualdad y Tierra'.
'TRABAJAR' LA TIERRA OCUPADA
Sánchez Gordillo y Cañamero fueron recibidos por un capitán de la Guardia Civil, “que les advirtió que podían cometer un delito”, pero ellos “insistieron en que iban a ocupar la finca”, mientras que el oficial al mando del dispositivo, “que grabó videográficamente todo lo que estaba sucediendo e identificó a 53 de los ocupantes de la finca”, ordenó a los agentes a sus órdenes “no intervenir para evitar una alteración del orden público”.
Junto al camino, los “ocupantes” instalaron “una especie de campamento” formado por una choza de cañas y varias tiendas de campaña, “en el que se fueron relevando para pasar los días y las noches y 'trabajar' la tierra ocupada”, asevera el magistrado, que indica también que los imputados “fracturaron” los sistemas de guarda y anclaje de un pozo cercano “e instalaron una especie de motobomba para extraer el agua”.
De igual modo, “labraron un corto trozo de tierra y conectaron una goma de polietileno a una ventosa de la conducción de agua, de suministro de los bebederos del ganado, para usarla como ducha, y se apoderaron de utensilios de labranza y de materiales que se llevaron” cuando desalojaron la finca.
RIESGO DE INCENDIO AL PRENDER FUEGO A 18 ALPACAS DE PAJA
Además, el 26 de julio prendieron fuego a 18 alpacas de paja, “con riesgo de incendio del rastrojo existente en la zona”, un riesgo que “se incrementó durante los días de la ocupación, al circular constantemente sus vehículos por tierras de labor”, habiendo desaparecido además la cadena que delimitaba el terreno cedido al Ayuntamiento de Osuna y que impedía el acceso a coches hacia el acuartelamiento.
Al día siguiente, unas 35 personas rompieron un candado de la cancela del vallado e iniciaron el corte de ramajes de olivos y almendros, a lo que se suma que otras tres personas subieron a un depósito de agua y pintaron una bandera de Andalucía.
Fue el 7 de agosto de 2012 cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Osuna ordenó el “inmediato” desalojo de Las Turquillas, lo que fue notificado personalmente a los imputados por el capitán de la Guardia Civil al día siguiente, pero los mismos se negaron y le dijeron que “no abandonarían el recinto si no era a través del empleo de la fuerza”. Finalmente, el desalojo se produjo sin incidentes el 9 de agosto.